–La Defensoría del Pueblo reportó este miércoles que trabaja en el restablecimiento de derechos de 285 familias que debieron desplazarse forzosamente, luego de que el frente de guerra occidental del Eln atacara la estación de Policía del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó.

Tan pronto tuvo conocimiento, la entidad ofició a los entes competentes con la finalidad de que las y los afectados reciban atención humanitaria en Istmina, municipio al que están llegando para salvaguardar sus derechos a la vida e integridad.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo asiste la toma de declaraciones hecha por funcionarios de las personerías de Sipí e Istmina, proceso mediante el cual las víctimas del conflicto narran lo que les ocurrió, a fin de que sean incluidas en el Registro Único de Víctimas y así puedan recibir atención, asistencia y reparación integral, como lo ordena la normativa colombiana.

Otra consecuencia del ataque armado, que sucedió hace contados días, es el confinamiento de las comunidades de Tanando, Santa Rosa, La Marqueza, Teatino y Loma de Chupey, como también en la cabecera municipal de Sipí y en la zona media del río San Juan. Por esta razón, la Defensoría también solicitó atención humanitaria para quienes están padeciendo esta situación.

Hasta el momento, los entes municipales y las personerías de la zona no han podido establecer el número de familias afectadas por el confinamiento forzado.

Es probable que, por las dinámicas sociales de la subregión del San Juan, algunas comunidades ubicadas a lo largo del río que lleva el mismo nombre, como San Miguel (del municipio de Medio San Juan) y Noanamá (del municipio de Istmina), también sean receptoras de población en situación de desplazamiento forzado.

Lo que está ocurriendo no es una situación aislada, obedece a un contexto de riesgo que afecta la seguridad de chocoanas y chocoanos, situación que fue advertida por la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana (AT) 012 de 2022. Por ende, es necesario que la institucionalidad atienda las recomendaciones formuladas en la AT, como la oportuna coordinación de la respuesta rápida, la disuasión del contexto de amenaza, medidas para la protección de la población en peligro y acciones humanitarias integrales.

La entidad ha estado presente en los espacios de articulación interinstitucional, como consejos de seguridad, sesiones del Comité de Justicia Transicional del Chocó, entre otros, y continúa teniendo un diálogo permanente con las autoridades étnicas, pues es necesario que el Estado trabaje en la garantía efectiva de los derechos de las personas perjudicadas por este nuevo episodio de violencia.

EN EL CAUCA

De otro lado, con el fin de que sean activadas de manera efectiva las rutas de atención contempladas en la Ley 1448 de 2011, la Defensoría del Pueblo brindó asistencia técnica a la alcaldía de La Vega, Cauca, y a la Personería local, luego de que el municipio fuera atacado con explosivos por un grupo armado ilegal.

La entidad, además, participó en un consejo de seguridad y en una sesión del Comité de Justicia Transicional, donde impulsó la articulación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Su finalidad es que todas las personas que fueron afectadas por el atentado, reciban atención integral.

El atentado dejó cinco policías y tres civiles heridos (un menor de edad y dos adultos mayores); dos uniformados y uno de los adultos están en grave estado de salud. También resultaron afectadas 23 casas aledañas a la edificación policial, contra la que fue dirigida la explosión. El responsable del hecho, ocurrido el pasado domingo, habría sido el Frente Andrés Patiño, del Estado Mayor Central, disidencia comandada por alias ‘Iván Mordisco’.

La Vega había sido priorizado por la Defensoría del Pueblo desde marzo del 2025, a fin de que tuviera un mayor acompañamiento de la institucionalidad gubernamental, ante el incremento del riesgo de desplazamientos forzados, originados por los efectos directos e indirectos del conflicto armado.

Este atentado daría cuenta del ingreso de las estructuras de ‘Mordisco’ a varios municipios del Macizo Colombiano, donde ha hecho presencia por años la guerrilla del ELN.

La Vega es vecino de Sucre, Almaguer y Bolívar, municipios del sur del Cauca advertidos en la Alerta Temprana 020 de 2022, que da cuenta de los riesgos para la población a causa de la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales. En la actualidad, están en riesgo Mercaderes, Florencia, Rosas, La Sierra, San Sebastián y Santa Rosa, también en el departamento del Cauca, poblaciones sobre las que llama la atención la Defensoría, con el propósito de que sean protegidas por los cuerpos de seguridad de la nación.

Como es su deber, la Defensoría del Pueblo, con el trabajo en territorio de su equipo territorial, continuará acompañando a las víctimas del atentado en La Vega, población que nunca había sido objeto de ataques de tal naturaleza.