–La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reportó este viernes que la Sala de Reconocimiento de Verdad remitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, los expedientes de 862 militares, no máximos responsables de ‘falsos positivos’, así como de 88 exintegrantes de las Farc, considerados «no máximos responsables» por los secuestros ejecutados por la desaparecida agrupación guerrillera firmante del Acuerdo de Paz.

En el caso por ejecuciones extrajudiciales de civiles, se trata de soldados y suboficiales de seis batallones de la IV Brigada que, aunque participaron en uno o más hechos, no tuvieron un papel determinante en el patrón criminal de asesinatos y desapariciones forzadas en el departamento de Antioquia, que dejó al menos 581 víctimas entre 2002 y 2007.

En total, 2.799 comparecientes de la fuerza pública han sido remitidos por el Caso 03 a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que actualmente lleva los procesos de 7.996 comparecientes de la fuerza pública.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas deberá resolver de manera definitiva, y no sancionatoria, la situación jurídica de cada compareciente, garantizando su contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas, mientras facilita la reintegración de los antiguos militares a la vida civil, tal como lo establece el Acuerdo Final de Paz, indicó la JEP.

La decisión se tomó en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate. La magistratura determinó que estos 862 comparecientes no fueron los máximos responsables de la puesta en marcha ni de la consolidación de la política de facto de “conteo de cuerpos”, que dejó al menos 581 víctimas documentadas en ese departamento entre 2002 y 2007.

Tampoco fueron partícipes determinantes en la comisión de estos delitos, calificados por la JEP como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por estos mismos hechos ya fueron imputados 48 militares y dos civiles. De ellos, seis tenientes coroneles, 23 oficiales, ocho suboficiales, tres soldados y dos civiles reconocieron por escrito su responsabilidad y se preparan para hacerlo públicamente ante las víctimas y el país.

Hasta ahora, 2.799 antiguos militares que participaron en estos crímenes, pero que no fueron seleccionados como máximos responsables en los territorios críticos del Caso 03, han sido remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

¿Cómo se seleccionaron los no máximos responsables?

Los 862 comparecientes pertenecieron a seis unidades adscritas a la IV Brigada del Ejército Nacional: el Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez” (BAJES), el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 “Juan del Corral” (GMJCO), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), el Batallón de Infantería No. 32 “General Pedro Justo Berrío” (BIPEB), el Batallón de Infantería No. 10 “Coronel Atanasio Girardot” (BIGIR) y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “General Pedro Nel Ospina” (BIOSP).

A partir del proceso de contrastación judicial, la JEP identificó a 50 máximos responsables que lideraron la política de facto del “conteo de cuerpos” en Antioquia. Esta política se ejecutó mediante tres modalidades macrocriminales, aun cuando se conocían los riesgos comprobados que representaba para la población civil.

Paralelo a las imputaciones, la magistratura concluyó en este subcaso que 862 comparecientes no tuvieron una participación determinante en los hechos: pertenecían a los rangos más bajos de la estructura jerárquica o, aun teniendo mando, no contribuyeron de manera esencial a la configuración, consolidación o encubrimiento del patrón macrocriminal.

En su mayoría, se trata de soldados y suboficiales que no tuvieron un papel determinante en la comisión de los crímenes investigados: no ejercían mando ni control sobre las unidades responsables, no contaban con la confianza de los máximos responsables y, en muchos casos, cumplían únicamente funciones logísticas o administrativas.

En cuanto a los oficiales, no intervinieron de manera decisiva en la planeación, ejecución o encubrimiento de los crímenes. Y, respecto a algunos integrantes del Estado Mayor de la IV Brigada, no ejercieron posiciones de liderazgo con capacidad de control sobre los hechos y, en algunos casos, ni siquiera tenían mando sobre las tropas implicadas. Su papel fue marginal y reemplazable dentro de lo ocurrido.

Los comparecientes de la fuerza pública vinculados al Subcaso Antioquia del Caso 03 que no fueron señalados como máximos responsables, aunque sí relacionados con crímenes de guerra y de lesa humanidad, podrán resolver su situación jurídica de manera definitiva en la JEP, tal como se estableció en el Acuerdo Final de Paz.
Como parte de sus compromisos, deben contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas. Si no cumplen con esta condición, podría remitirlos a la Unidad de Investigación y Acusación.

¿Qué halló la JEP en Antioquia?

En Antioquia se implementó una política de facto de “conteo de cuerpos” que consistió en reportar la mayor cantidad posible de supuestas bajas “en combate”. Los muertos se convirtieron en el único indicador real del éxito militar, mientras que las capturas fueron desestimadas, consideradas resultados problemáticos que no aportaban a la victoria.

Para alcanzar ese objetivo se ejercieron presiones y amenazas a las tropas, y se ofrecieron premios e incentivos a quienes reportaran más muertes. Esta situación generó una competencia feroz por inflar las estadísticas oficiales, sin importar la especialidad de la unidad militar, ni que las guerrillas ya hubieran sido derrotadas estratégicamente.

La investigación de la JEP permitió que los comparecientes reconocieran delitos que hasta entonces nunca habían sido investigados y señaló como responsables a altos mandos que no habían sido judicializados.
Como resultado de esta labor, hoy el país sabe que solo este departamento concentró el 25,19 % de todas las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el país. La IV Brigada fue responsable del 73% de esas muertes en Antioquia entre los años 2000 y 2013.

Los 42 máximos responsables del Subcaso Antioquia que reconocieron su responsabilidad por escrito se preparan ahora para la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, un paso clave en la búsqueda de justicia por los crímenes más atroces cometidos durante el conflicto armado.

LOS EXFARC NO MÁXIMOS RESPONMSABLES DE SECUESTROS

En lo que respecta a 88 exintegrantes de las Farc, no máximos responsables por secuestros remitidos, la JEP destacó que la Sala de Definición deberá resolver de forma definitiva la situación jurídica de cada compareciente, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, al tiempo que facilitar la reincorporación a la vida civil de estos firmantes del Acuerdo Final de Paz.

En su investigación, la Sala de Reconocimiento concluyó que estos 88 comparecientes no son máximos responsables de la política de secuestro que ejecutó el llamado bloque occidental, y cuyos hechos son analizados en el marco del Caso 01, que investiga este y otros crímenes perpetrados en el contexto del cautiverio.

“Se trata, en su gran mayoría, de guerrilleros rasos y milicianos. Excepcionalmente, se encuentran personas que tenían mando sobre algunas pocas unidades guerrilleras y no tenían participación en la toma de decisiones que resultaron en la comisión de delitos en los patrones macrocriminales determinados por la Sala de Reconocimiento en el Caso 01”, precisa el auto.

Añade que tampoco fueron partícipes determinantes en la comisión de estos hechos, que fueron calificados por la JEP como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Por estos crímenes ya fueron imputados ocho exmandos medios de esta estructura que operó en Cauca, Valle del Cauca, Nariño y sur de Chocó. Ellos ya reconocieron públicamente su responsabilidad por los secuestros y otros crímenes en el contexto del cautiverio.

¿Cómo se elige a los no máximos responsables?

La JEP explica que las extintas Farc operaban bajo un esquema jerárquico. Contaban con un mando centralizado conocido como el secretariado y por debajo de ellos, operaban unos mandos a nivel regional que lideraban la ejecución de las órdenes en los distintos departamentos de Colombia. Estos mandos medios, a su vez, tenían hombres bajo su cargo. En este contexto, la Sala de Reconocimiento de Verdad identificó a los responsables principales por su liderazgo y participación dentro del Bloque Occidental, una de las siete grandes estructuras de la extinta guerrilla con la que buscaban tomarse el poder por la vía armada.

Al mismo tiempo, la sala concluyó que estos 88 comparecientes hacían parte de los eslabones más bajos de esta estructura jerárquica de las extintas Farc y, por lo tanto, no fueron determinantes en la ejecución de la política de secuestro. Se trataba de guerrilleros rasos, milicianos o colaboradores que “seguían órdenes (ya fuera de los comandantes de bloques, frentes, columnas, compañías, o del Estado Mayor Central y su Secretariado), no cumplían roles esenciales de liderazgo, y estaban supeditados disciplinariamente a su comandante”, se lee en el auto.

Los comparecientes de las Farc que no fueron encontrados como máximos responsables, pero que están vinculados a crímenes de guerra y de lesa humanidad, podrán resolver su situación jurídica, tal como se fijó en el Acuerdo Final de Paz. Pero, en todo caso, deben cumplir con sus obligaciones ante la JEP de satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, reparación y la no repetición, así como de participar y proponer medidas de contribución a la restauración.

Si no cumplen con estas obligaciones, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podría remitirlos a la Unidad de Investigación y Acusación.

Para avanzar hacia la paz se requiere verdad y justicia por los crímenes más graves, y al mismo tiempo resolver la situación jurídica de los comparecientes, tanto de los máximos responsables como de quienes no lo son. Solo así se podrán reincorporar a la sociedad, aportar a la reconciliación y contribuir a garantizar la no repetición.

El bloque occidental, también llamado comando conjunto de occidente, orquestó la comisión de múltiples crímenes, como el secuestro. De las 4.251 víctimas acreditadas en el Caso 01 ante la JEP, 227 de ellas (entre víctimas directas e indirectas) señalaron al bloque occidental como el responsable de sus acciones victimizantes.

Esta estructura es responsable de secuestros que tuvieron un impacto nacional, como el de los 12 diputados del Valle el 11 de abril de 2002 y el asesinato de 11 de ellos tras cinco años de cautiverio.

La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó que secuestraron siguiendo tres patrones: para financiar la organización armada, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para ejercer el control territorial.

Por estos hechos, la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó como máximos responsables regionales de los secuestros a los siguientes cabecillas:

-Édgar López Gómez, alias ‘Pacho Chino’;
-Jesucristo Jiménez Cuellar, alias ‘Juvenal Jiménez’;
-Gustavo Arbeláez Cardona, alias ‘Santiago Cepeda’ o ‘Santiago Naya’;
-Héctor Julio Villarraga, alias ‘Gilberto Arroyave’ o ‘el Grillo’;
-Carlos Mario Cardona León, alias ‘William’ o ‘el Paisa’;
-Diego Ardila Merchán, alias ‘Leonel Páez’; y
-Oswaldo Miguel Mendoza, alias ‘Pacho Quinto’.

Juan Carlos Ramírez, conocido como ‘Miguel Pascuas’ o ‘Sargento Pascuas’, también fue imputado por estos crímenes, pero por su diagnóstico corroborado de “deterioro cognitivo asociado al envejecimiento o demencia en enfermedad de Alzheimer” la magistratura decidió trasladar su proceso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que estudia su proceso.

Según el informe de la JEP, la Sala de Reconocimiento de Verdad se encuentra elaborando la resolución de conclusiones sobre estos comparecientes, una decisión que incluye, entre otras, los aportes de verdad que hicieron y la propuesta de una Sanción Propia para que sea evaluada por el Tribunal Especial de Paz.

¿Cómo va el caso de secuestros de las Farc-EP?

Hasta la fecha, la JEP ha imputado como máximos responsables por casos de secuestros a más de 41 integrantes de las extintas Farc-EP, entre ellos, a nivel nacional a siete exmiembros del secretariado, y a nivel regional a 10 exmandos del Comando Conjunto Central, a ocho del Bloque Occidental y a siete del Bloque Noroccidental. Todos ellos ya reconocieron en público su responsabilidad por estos hechos. La JEP también imputó a cinco exmandos del Bloque Caribe y a cuatro del Bloque Magdalena Medio. La Sala de Reconocimiento de Verdad está a la espera de su respuesta para saber si aceptan o no su responsabilidad por los secuestros a nivel regional.

Se vienen otras dos imputaciones regionales a los máximos responsables de los secuestros del Bloque Sur y Bloque Oriental, otras grandes estructuras con las que la antigua guerrilla buscaba tomarse el poder y con la que ejecutaron la política de secuestro.

También se prepara la remisión a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de los casos de los comparecientes que fueron procesados por la justicia ordinaria, unos investigados y otros condenados, pero que no fueron hallados por la Sala de Reconocimiento como máximos responsables de los secuestros.

En los próximos días se espera conocer la sentencia de la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal especial de Paz de la JEP contra los siete antiguos integrantes del último Secretariado de las Farc-EP para que con su trabajo contribuyan a restaurar el daño causado con la política de secuestro en todo el país.