–La Defensoría del Pueblo afirmó que en Colombia las cifras de desplazamiento y confinamiento continúan en aumento. En total, 84 mil 964 personas han tenido que dejar sus hogares por presencia de actores armados ilegales, amenazas, riesgo de reclutamiento, entre otros factores. Al mismo tiempo, 62 mil 414 personas se han confinado viendo limitada su movilidad y el acceso a servicios básicos.

De acuerdo con el Boletín mensual Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia, en lo que va corrido de este 2025 se han registrado:

– Casi 85.000 personas han sufrido desplazamiento forzado, solo en eventos masivos.

– Poco más de 73.000 se dieron en el Catatumbo, donde la crisis continúa.

– El confinamiento ha afectado a casi 11.500 personas.

– Los departamentos más afectados son Norte de Santander, Valle, Cauca, Chocó, Nariño, Bolivar y Antioquia.

Conozco el informe completo en el siguiente enlace ? https://t.co/xcGAKcZA9M pic.twitter.com/QhvyqqYfHl

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 1, 2025

Estos son los principales hallazgos de la Defensoría del Pueblo:

I) Perfil de las personas migrantes en flujo inverso

• Predominan personas adultas entre los 18 y 40 años de edad.
• Según información proporcionada por la Organización Internacional para las Migraciones Costa Rica, el 95% de las personas migrantes es de nacionalidad venezolana, mientras que el 5% restante corresponde a otras nacionalidades, como la colombiana, ecuatoriana, camerunés, iraní, entre otras.
• En su mayoría son hombres que viajan solos, sin acompañamiento familiar.
• Se observaron grupos familiares con niñas, niños y adolescentes, muchas(os) de los cuales poseen una nacionalidad distinta a la de sus padres, ya que nacieron en países recorridos durante el tránsito migratorio hacia el norte.
• Se evidencian condiciones de malnutrición y afectaciones graves a la salud mental, resultado de las condiciones precarias del viaje, la incertidumbre y las experiencias traumáticas.
• El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó la presencia de menores de edad no acompañados en la ruta inversa, aunque durante la misión no se logró identificar ningún caso de este tipo.

II) Comportamiento del flujo migratorio inverso

• Se evidenció la presencia de personas migrantes que permanecen en espera de reunir los recursos económicos necesarios para continuar su trayecto hacia Colombia, o bien, de que se active un traslado humanitario que les permita avanzar.
• Se constató que el abordaje actual del flujo migratorio inverso en la región responde principalmente a una lógica de facilitación de salida, en lugar de una perspectiva orientada a la protección y garantía de derechos humanos.
• Aunque muchas personas migrantes afirman que su destino final es Venezuela, se ha identificado que su objetivo inmediato es llegar a Colombia, donde algunas ya estuvieron regularizadas y tienen redes de apoyo. Planean establecerse temporalmente en el país para trabajar antes de continuar su ruta, lo cual indica que Colombia es el principal destino del flujo migratorio inverso.
• Se identificó la existencia de redes que facilitan el paso hacia Colombia (especialmente hacia Acandí, Chocó) por un costo aproximado de 280 dólares por persona, lo cual representa un riesgo para la integridad y seguridad de las y los migrantes.
• Se mantiene activada una red de organizaciones de la sociedad civil que presta atención humanitaria a personas migrantes, sin distinción del sentido de su tránsito (norte o sur), lo que ha sido clave para mitigar algunas de las necesidades más urgentes en el camino.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS MIXTOS EN COLOMBIA

Según cifras publicadas por Migración Colombia, se conoció que del 1 de enero al 31 de julio del 2025 se registraron 99.543 personas migrantes irregulares en tránsito en el país².
Las y los migrantes forzados en tránsito por el país provienen en su mayoría de países como Venezuela (95.764), Ecuador (972), Perú (286), India (254), Nepal (250), Irán (221), República Dominicana (207), Camerún (189), Bangladés (175), entre otros³.

Dinámica Fronteriza entre Colombia y Panamá (Flujo migratorio inverso)

La Defensoría del Pueblo ha identificado, por medio de los registros de la autoridad migratoria que, entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2025, ingresaron al país 14.422 personas migrantes en flujo inverso.

De estas, el 56% son hombres, el 25% son mujeres adultas y el 19% son niñas, niños y adolescentes.

En respuesta a la dinámica migratoria y en atención a la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos de esta población, la Defensoría del Pueblo de Colombia, en articulación con la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Defensoría del Pueblo de Panamá y ONU Derechos Humanos, llevó a cabo una misión conjunta de monitoreo, documentación y verificación de la situación de derechos de las personas involucradas en el flujo migratorio.

El propósito de la misión fue recoger información de primera mano sobre las condiciones en las que se realiza el tránsito migratorio a lo largo de Colombia, Panamá y Costa Rica, identificar posibles vulneraciones de derechos y establecer estándares de protección para la población migrante.

Como resultado, se elaborará un informe conjunto que incluirá recomendaciones dirigidas a los Estados, organismos internacionales y otros actores relevantes, con el fin de que sean fortalecidos los mecanismos de atención, protección y garantía de derechos para las personas migrantes en tránsito.

Frente al panorama actual de afectación a la movilidad humana de las comunidades en el territorio colombiano, dada la complejidad de los escenarios de desplazamiento y confinamiento y las graves afectaciones a derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad y la seguridad, se recomienda:

A las autoridades nacionales y territoriales:

Recomendaciones

• Impulsar y operativizar los planes de prevención y contingencia en la medida que deben contemplar acciones urgentes y específicas en los municipios, mediante su actualización en los nuevos contextos de riesgo y emergencia, junto con una asignación oportuna y suficiente de recursos presupuestales.

• Activar las medidas de protección dirigidas a autoridades indígenas y afrocolombianas y lideresas comunitarias y líderes comunitarios. Igualmente, impulsar el desarrollo de redes de protección comunitaria y la activación de rutas de protección colectiva, a fin de garantizar su seguridad frente a posibles amenazas.

• Fortalecer la articulación interinstitucional para garantizar una respuesta integral y oportuna, siendo fundamental que las entidades con competencias en la atención de emergencias humanitarias actúen de manera concurrente y coordinada.

• Activar de manera inmediata los mecanismos de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad, especialmente en aquellos casos en los que la capacidad de los municipios se vea desbordada para atender a la población víctima.

• Verificar las condiciones de seguridad para garantizar el acceso y tránsito humanitario. En ausencia de estas condiciones, se debe articular con organizaciones y agentes humanitarios que puedan brindar sus servicios, facilitando así la respuesta, protección y atención a las comunidades.

• Activar mecanismos institucionales para la respuesta rápida de atención al confinamiento en el marco del Decreto 525 de 2024, partiendo de la activación de la Comisión Intersectorial para el Confinamiento.

• Atender integralmente los eventos que afectan a los pueblos étnicos, garantizando su seguridad y derechos colectivos. Es esencial proteger sus símbolos, bienes culturales e integridad comunitaria y fortalecer la presencia institucional con enfoque étnico y diferencial.