–El Consejo de Estado negó las pretensiones de las demandas presentadas contra la elección de José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional. La Sección Quinta valoró las pruebas allegadas y encontró demostrado que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional adelantó el proceso electoral que culminó con la elección del demandado, de conformidad con las normas legales y estatutarias que lo regulan.

Como fundamento de su decisión, la Sala de lo Electoral concluyó que se respetó el resultado de la consulta previa realizada a la comunidad académica y que el método de votación con el que se eligió a José Ismael Peña Reyes se adoptó con las mayorías requeridas y, además, se aplicó en debida forma.

Finalmente, se precisó que la decisión adoptada no conlleva que José Ismael Peña Reyes regrese a la rectoría de la Universidad Nacional, pues el objeto del juicio adelantado es definir la legalidad de su elección y no el reconocimiento de derecho alguno.

La elección de Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional, en la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario del 21 de marzo de 2024, para el periodo 2024-2027 en reemplazo de Dolly Montoya, provocó una gran controversia que aún no termina.

La decisión fue rechazada por estudiantes y por el Gobierno, al considerar que el procedimiento de elección no se realizó conforme a los estatutos vigentes de la UN y el excandidato a rector Leopoldo Múnera, que actualmente ocupa el cargo, y los abogados Alberto Yepes y Rodrigo Uprimny presentaron una demanda de nulidad al nombramiento.

No obstante, Peña Reyes acudió a una notaría el 2 de mayo y se posesionó como nuevo rector, a pesar de que el documento no contó con la firma de la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, que hacía parte del CSU.

Frente a esta controversia, la Procuraduría General de la Nación en actuación preventiva, después de revisar y analizar los reportes y trazabilidad de los informes estableció que el procedimiento empleado para la designación de Peña Reyes fue ajustado a las normas que rigen el CSU y a la autonomía universitaria.

La acción de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública se dio luego de varias quejas allegadas al ente de control, entre ellas una remitida por la propia ministra de educación Aurora Vergara Figueroa, sobre posibles fallas en la forma de votación que presuntamente iría en contravía del estatuto que rige al Consejo Superior Universitario.

Recalcó el ente de control que, en la sesión extraordinaria del 21 de marzo de 2024, cuando fue elegido el nuevo rector, los 8 miembros del Consejo Universitario, en el que tiene asiento la ministra, estuvieron de acuerdo con el sistema de votación empleado y que llevó a Peña Reyes, con 5 votos a favor y 3 en blanco, a alzarse como director de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027.

Por último, señaló la Procuraduría que al ser confrontada la decisión con las normas vigentes, el Consejo Superior, en el marco de la autonomía universitaria, siguió el procedimiento establecido para la designación de José Ismael Peña Reyes como nuevo rector de la Universidad Nacional.

Pero en mayo 30 de 2024, en fallo de tutela, interpuesta por el mismo Peña Reyes, el juzgado 37 de Bogotá lo ratificó como rector de la Universidad Nacional.

Sin embargo, al mes siguiente, el Ministerio de Educación dejó sin efectos la designación de rector realizada el 21 de marzo del mismo año y le suspendió del cargo.

Frente a este hecho, José Ismael Peña Reyes, hizo el siguiente pronunciamiento:

Como profesor y egresado con más de 40 años en la Universidad Nacional, fui designado rector para el periodo 2024-2027.

En defensa de la autonomía universitaria, convoco a los miembros del Consejo Superior, a la comunidad universitaria y a todos los colombianos a acatar con firmeza las decisiones administrativas y judiciales que se deriven de esta situación. A pesar de las críticas y la crisis actual, reitero mi compromiso inquebrantable con la legalidad y la integridad institucional.

Como profesor, funcionario y egresado de la Universidad Nacional de Colombia, institución a la que pertenezco hace más de 40 años y para la que siempre he trabajado en busca de su crecimiento y consolidación, como la principal casa de estudios de las (os) colombianas (os), me postulé al cargo de rector. Me sometí y acaté todas las normas vigentes en cada una de las etapas del proceso que concluyó con mi designación, el pasado 21 de marzo, por parte del Consejo Superior Universitario, como rector para el periodo 2024-2027.

Como es de público conocimiento, tras esta decisión se desató un proceso de movilización de estudiantes, docentes y administrativos, que se manifestaron en oposición al procedimiento de elección establecido, aun cuando todos teníamos claras las reglas de juego. Desafortunadamente, ese escenario convulso ha sido aprovechado por actores e intereses políticos ajenos a la misión universitaria, configurando una crisis sin precedentes en la institución.

En consideración, y pese a estar de acuerdo con las críticas al modelo y estar dispuesto a transformarlo, emprendí una férrea defensa de la autonomía universitaria principio y derecho constitucional. Hoy, en contravía de los reiterados llamados de la Procuraduría General de la Nación, de las decisiones del Consejo de Estado, ante quienes se ha demandado la nulidad de la elección y, en ningún caso, ha considerado oportuno o urgente la solicitud de suspenderme o dejar sin efectos la decisión del CSU de elegirme rector y pese al amparo de un fallo de tutela que ordenó al Ministerio de Educación respetar el debido proceso y la presunción de legalidad de la actuación del CSU al designarme rector, por invitación del Viceministro de Educación Superior en su calidad de presidente del CSU, las reconfiguradas mayorías
de este cuerpo colegiado han decidido emitir la Resolución No. 067 de 2024 por la cual dejan sin efectos la designación de rector realizada el 21 de marzo y con la cual «habilitan» una nueva designación que realizarán en las próximas horas.

Estas actuaciones constituyen la más grave violación a la autonomía universitaria de la que se tenga noticia en nuestra historia republicana, además de la violación de principios fundamentales del Estado de Derecho y con ello, la presunta configuración de varios delitos y faltas disciplinarias. Razón por la cual, procederé a interponer los recursos
judiciales, penales y disciplinarios a que haya lugar.

Entre tanto, respetuoso de la institucionalidad, como lo he sido durante toda mi vida y desde el primer momento de esta controversia, procedo a acatar la decisión del CSU y hacer entrega del cargo de rector al profesor que resulte designado en esta atípica e irregular designación a quien, en todo caso, deseo éxitos en su gestión y, desde ya, lo convoco a él, a las y los miembros del Consejo Superior, a la comunidad universitaria y a los colombianos a acatar, en igual medida, las decisiones administrativas y judiciales que puedan devenir.