–En Ginebra, Suiza, la Defensoría del Pueblo presentó al Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas el Informe Alternativo al Séptimo Informe del Estado de Colombia, documento que analiza la situación de los derechos contenidos en dicho instrumento internacional durante el periodo comprendido entre 2019 y 2025.

En el documento, la Defensoría expresa gran preocupación por la grave situación que siguen enfrentando las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Al respecto, establece que entre 2016 y 2024, fueron asesinados 1.488, es decir, en promedio, cada 2.2 días murió violentamente una de estas personas.

Igualmente establece que a pesar de que se ha acelerado el ingreso de tierras al Fondo de Tierras, que en la actualidad cuenta con cerca de 577 mil hectáreas, esta cifra aún se encuentra lejos de la meta pactada en 3 millones de hectáreas.

Además advierte que resulta preocupante que muchas entregas de tierras se realizan bajo la figura de provisionalidad; esto es, sin que beneficiarios cuenten con un título definitivo que acredite la propiedad sobre las tierras.

También indica que la población desmovilizada y firmante de paz en Colombia enfrenta una calidad de vida menor a la de la población general y que el acceso a servicios básicos, como salud y educación de la población firmante es limitado en comparación con la población general, especialmente en áreas de conflicto donde las iniciativas de reintegración no se han implementado completamente ni son de fácil acceso en los ETCR.

El informe consta de dos partes y un anexo complementario: la primera, presenta el contexto social y político del país, con énfasis en la movilización social, las transiciones políticas y los cambios en las dinámicas sociodemográficas relevantes para el análisis de los DESC. La segunda parte se estructura según los artículos del Pacto, donde se destacan algunos aspectos de la situación de los derechos contenidos en él y los derechos emergentes.

De igual forma, se presentan recomendaciones en cada sección. Adicionalmente, para ampliar la información, se incluyó un informe anexo con datos adicionales y un análisis cuantitativo y cualitativo de los derechos para el periodo.

Subraya que la persistencia de brechas y barreras en la participación política de las mujeres. Para las elecciones territoriales de 2023, la Instancia Especial de Mujeres dio cuenta de que el interés de las mujeres en escenarios como alcaldías y gobernación fue menor respecto a otros espacios más locales como las Juntas de Acción Local. Respecto a las mujeres electas, no hubo un avance significativo en su participación entre 2019 y 2023.

El documento recoge datos recopilados por el Gobierno Nacional, sistemas de información propios de la Defensoría del Pueblo y aportes de centros académicos y organizaciones independientes y debe leerse desde una perspectiva sistémica y de interdependencia que identifica múltiples factores estructurales y variables contextuales interrelacionadas que afectan o impactan varios derechos, poblaciones y territorios.

Situación general del país durante el periodo de estudio

El periodo de estudio de este informe (2019-2025) estuvo marcado por tres procesos sociopolíticos que tuvieron efectos en las dinámicas socioeconómicas y en la garantía de los derechos sociales: la pandemia del COVID-19; el incremento en la movilización y la conflictividad social y las transiciones políticas.

Temas del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)

En la presentación del informe, la Defensoría del Pueblo estudió con detenimiento una serie de temas que merecieron especial análisis y serias recomendaciones para lograr la promoción, divulgación y garantía desde su contexto misional. Estos son:

Libre determinación de los pueblos

-Máximo de recursos disponibles para la garantía de los derechos del Pacto y obligación de adoptar medidas, incluso legislativas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos.
-Brechas de género en la garantía de los DESC
-Prohibición de regresividad
-Derecho al trabajo
-Derecho a la asociación sindical
-Derecho a la seguridad social
-Protección a la familia y a la mujer trabajadora
-Derecho al agua
-Derecho a la vivienda
-Derecho a la salud
-Derecho a la educación
-Derechos culturales
-Implementación del Acuerdo de Paz
-Situación actual de defensores de derechos humanos

En el documento se hacen las siguientes recomendaciones generales:

A pesar de que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fue aprobado en 2009, Colombia aún no lo ha ratificado. La Defensoría del Pueblo insiste en que esta ratificación es una herramienta esencial para la protección y veeduría internacional de estos derechos.

El Estado colombiano debe tomar medidas para reducir el rezago en la garantía de los DESC en regiones y poblaciones históricamente marginadas. Esto implica la transferencia efectiva de recursos y el fortalecimiento de las capacidades administrativas, fiscales y operativas de los gobiernos locales.

Es fundamental que el Estado establezca mecanismos permanentes para evaluar la política fiscal desde una perspectiva de derechos humanos. Esta evaluación debe incluir la participación pública y un enfoque de equidad distributiva.

Enfoque de género y paz

Colombia debe adoptar un enfoque transversal de género en todas las políticas públicas para cerrar brechas y eliminar las desigualdades estructurales. Este enfoque no solo debe incluir a las mujeres, sino que también debe eliminar los patrones de discriminación de género integrando dimensiones territoriales, étnicas y de cuidado en la reforma laboral, pensional y el Sistema Nacional de Cuidado. La información desagregada por género debe usarse para diseñar e implementar políticas públicas efectivas y transformadoras.

La implementación integral del Acuerdo Final de Paz (AF) es un elemento indispensable para garantizar el disfrute de los DESC. El AF incluye una hoja de ruta para transformar las condiciones estructurales de desigualdad, exclusión y pobreza que han afectado a poblaciones vulnerables. Todos los puntos del Acuerdo inciden en el goce de los DESC, por tanto, avanzar en su implementación significa sentar las bases de una paz duradera y la garantía de los derechos de los habitantes del territorio nacional y los colombianos en el exterior.