—En desarrollo de la investigación para identificar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, y dimensionar el daño causado a las víctimas, sus comunidades y sus territorios, 25 exintegrantes del antiguo bloque oriental de las extintas Farc rindieron versión los crímenes cometidos en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Guainía, Meta, Vichada y Vaupés.

Entre esas acciones criminales, los comparecientes declararon sobre el pavoroso «burro bomba» que detonaron en el municipio de Chita, departamento de Boyacá, el 10 de septiembre de 2003. La explosión dejó ocho personas muertas, entre ellas un niño de dos años, y el concejal de la localidad Guillermo Puentes Blanco. Otras 30 personas más resultaron heridas y tres casas quedaron destruidas por completo.

Según el informe de la JEP, los exintegrantes de las Farc respondieron también por otras acciones criminales, como las «tomas» y masacres de Mitú, Vaupés, Miraflores, Guaviare, y aportaron información sobre desapariciones forzadas, homicidios, atentados, entre otros hechos cometidos en las zonas donde operó el bloque oriental.

Las audiencias se realizaron en el marco del Caso 10, que investiga los crímenes más graves y representativos cometidos por las Farc que no son amnistiables, esto es, que no pueden recibir perdón judicial.?En las diligencias participaron 83 víctimas de forma virtual.

Durante diez días de audiencia en Bogotá la magistratura examinó en detalle las responsabilidades individuales y colectivas de exintegrantes de los frentes 1.º, 7.º, 10.º, 16, 26, 27, 28, 31, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 56, 62 o del llamado frente combatientes del Yarí, así como del frente Acacio Medina, las milicias Felipe Rincón y la columna móvil Alfonso Castellanos. También se profundizó sobre cómo ejercieron control social y territorial en Arauca, Boyacá, Casanare, Guaviare, Guainía, Meta, Vichada y Vaupés y cómo se expandieron durante la Zona de Distensión en 2000 y 2002.

Entre los comparecientes que rindieron versión estuvieron Rafael Antonio Vargas, alias ‘Gonzalo Porras’, quien integró el frente 45, que operó en Arauca y norte de Boyacá. También estuvo Nelson Quintero, conocido como ‘Arcesio Angarilla’, del frente 38, que operó en el occidente de Boyacá y Casanare. Asimismo, compareció Germán Balanta Casallas, alias ‘Jairo López’, del frente 31, que operó en el occidente del Meta y del frente 7, que delinquió en Guaviare. También estuvieron Ferley Garzón Vargas, alias ‘Arbey’ o ‘Repollo’, quien integró el frente 27, que operó en el occidente del Meta, y Jaime Vásquez Calderón, conocido como ‘Arquímedes’, quien perteneció también al frente 27.

Durante las audiencias también respondieron Álvaro Guaza Carabalí, alias Kunta Kinte, y quien hizo parte del frente combatientes del Yarí; y Rodolfo Restrepo, alias ‘Víctor Tirado’, del mismo frente. Ambos operaron en las sábanas del Yarí, entre el Meta y Caquetá, lugar donde estaba el campamento de Víctor Julio Suárez, más conocido como ‘Jorge Briceño’, cabecilla del bloque oriental.

En representación de las Farc, varios comparecientes reconocieron su responsabilidad por la toma de la Estación de Policía y del batallón del Ejército en Miraflores, Guaviare, en agosto de 1998. Durante esta incursión fueron secuestrados 129 uniformados, asesinados 12 civiles, se produjo desplazamiento forzado de la población y se generaron múltiples afectaciones a la comunidad. Para explicar cómo se desarrolló el ataque, los comparecientes utilizaron un mapa con el que ilustraron aspectos claves del recorrido realizado durante la toma.

En la audiencia, los comparecientes también reconocieron su participación en la toma de Mitú, Vaupés, en agosto de 1998, donde secuestraron a 61 uniformados, asesinaron a 16 policías, 24 militares y 12 civiles. Los firmantes de paz utilizaron una maqueta para ilustrar los hechos. También reconocieron el daño y las afectaciones causadas a las víctimas y a la comunidad. Asimismo, hablaron de las múltiples tomas guerrilleras a Cravo Norte, Arauca, entre 1998 y 2000. En la última quedaron varios heridos, entre ellos, varios menores de edad.

Los comparecientes, que también hablaron de varas desapariciones forzadas y asesinatos selectivos, fueron convocados por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del Caso 10 de la?JEP, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las extintas?Farc, los cuales «son tan graves que no pueden recibir perdón judicial y deben ser investigados, juzgados y sancionados».?

Las versiones se realizan bajo reserva para proteger la intimidad de las 83 víctimas que participan en el proceso.

Algunas de ellas, a través de sus abogados, formularon preguntas de seguimiento, ya que pudieron escuchar en tiempo real, de manera virtual, a los procesados.

Las primeras versiones voluntarias de integrantes del bloque oriental se realizaron en junio pasado, cuando 14 excombatientes rindieron versión ante la JEP por hechos como atentados, masacres y detonaciones de explosivos ocurridos en Bogotá y Cundinamarca.

Las versiones de los comparecientes serán trasladadas a las?víctimas, quienes serán convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad a las audiencias en las que podrán hacer observaciones sobre lo dicho por los comparecientes de las?Farc.?

Después, la sala contrastará las versiones de los comparecientes, las observaciones de las?víctimas, los informes de la sociedad civil, las investigaciones de la Fiscalía, entre otros. De esta manera avanzará la investigación en estas regiones del país para decidir quiénes son los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos y el daño que causaron a las?víctimas, sus comunidades y sus territorios.