–Una ponencia negativa a la reforma a la salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, radicaron los senadores de Centro Democrático Honorio Henríquez y Alirio Barrera, miembros de la Comisión Séptima de la misma corporación legislativa.

Los congresistas explicaron que «esta decisión, respaldada por un análisis exhaustivo, busca proteger el derecho a la salud de los colombianos, que se vería gravemente afectado por una reforma que, lejos de mejorar el sistema, 10 pone en riesgo».

Precisan, además, que los argumentos de su partido se centran en la inviabilidad fiscal, la falta de planeación y el grave riesgo que representa para la atención y continuidad de los tratamientos de millones de pacientes.

Al respecto, reseñan que la propuesta del gobierno no tiene un respaldo financiero claro. «El Ministerio de Hacienda ha estimado un costo de $109 billones solo para su primer año (2026), pero no explica de dónde saldrán esos recursos. Este desfinanciamiento es especialmente preocupante, pues el Presupuesto General de la Nación ya tiene un déficit de $26 billones».

Indican igualmente que el Ejecutivo ha presentado cifras inconsistentes sobre los ingresos del sistema de salud en los próximos años. En un período de un año, las estimaciones de ingresos han aumentado en billones de pesos sin justificación técnica.

Añaden que en el informe 1, rendido para septiembre de 2024 se esperaban unos ingresos de $1.260 billones para el periodo 2025-2034. En el informe 2, rendido en marzo de 2025 ascendían a $1.336 billones, un aumento de $76 billones sin respaldo sobre esas fuentes de financiación. En el informe 3, de agosto de 2025, los ingresos ascienden a $1.576 billones, en un periodo de análisis que va de 2026 a 2036.

«Estas proyecciones, que no tienen un soporte real, demuestran la falta de seriedad y planeación en una reforma que afectaría el bienestar de todos los colombianos», puntualizan.

Adicionalmente afirman que la reforma es un retroceso al pasado, porque la propuesta de cambiar el sistema de aseguramiento de salud a un «aseguramiento social» es, en la práctica, revivir el antiguo y obsoleto Seguro Social.

«Esto significaría volver a las largas filas, la escasez de medicamentos y las demoras en la atención, problemas que el actual sistema ha logrado mitigar. La falta de un plan claro para la continuidad de los tratamientos, especialmente de pacientes con enfermedades crónicas, genera una gran incertidumbre y pone en peligro la vida de millones de personas», anotan.

Advierten que la reforma propone que la ADRES, sea la única que maneje y distribuya los recursos de la salud, realizando el 85% de los giros a ciegas y sin auditoría. «Esto no solo crearía una burocracia inmensa y menos transparente, sino que ya ha mostrado serias fallas. Como ejemplo, la Nueva EPS, administrada por el Gobierno, tiene irregularidades por $10.5 billones en anticipos sin legalizar, $8.7 billones en facturas sin procesar y $21.3 billones en cuentas por pagar en solo un año».

Aseguran que el proyecto no garantiza la continuidad en la atención para los pacientes que ya están en tratamiento. El texto dice, en su artículo 69, que las EPS continuarán prestando servicios hasta que se creen las nuevas redes de salud, pero no especifica cómo se asegurará una transición sin interrupciones ni cómo se hará un seguimiento personalizado.

Finalmente exponen su propuesta de «un sistema de salud para todos», así:

– Más recursos sin más impuestos: Buscar nuevas fuentes de financiación sin afectar el bolsillo de los ciudadanos, que permitan fijar una UPC con criterios técnicos y que sea suficiente.

– Mejoras para el personal de salud: Garantizar salarios justos y condiciones laborales dignas para quienes nos cuidan.

– Agilidad y eficiencia: Acelerar la entrega de medicamentos y las autorizaciones para exámenes y consultas con especialistas.

– Atención rural: Fortalecer la atención en las zonas más apartadas del país.

-Control y transparencia: Revivir el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para una mejor regulación y un sistema único de información, tomando como base 10 que ya hay, SISPRO, RUAF, LUPA AL GIRO, mejorarlo y fortalecerlo.

-Responsabilidad y cumplimiento: Exigir a las EPS la Acreditación en Salud y una garantía de pago a sus acreedores.

Concluyen que con estas propuestas, reafirman su compromiso con la salud de los colombianos, «buscando un sistema que funcione para todos, con transparencia, eficiencia y, sobre todo, que proteja la vida de los pacientes».