–Un desembolso anticipado del 50% del valor del contrato le hizo el Gobierno Nacional a la empresa contratista VERTOL SYSTEMS COMPANY para la adquisición de bienes, mantenimiento y sostenimiento de la vieja flota de helicópteros MI-17, pero el avance físico del mismo llega apenas al 8%, afirma la Contraloría General de la República.

La Contraloría Delegada para el Sector Defensa alerta sobre la alta probabilidad de que se produzca la pérdida de más de 13 millones de dólares del total de USD $16,231 millones entregados como pago anticipado. Adicionalmente, se identifica un riesgo significativo de incumplimiento del contrato, que vence el 15 de noviembre de 2025, por el poco avance del 8%.

Además advierte que la empresa extranjera no tiene bienes en Colombia que permitan aplicar medidas cautelares de embargo o recuperación.

La advertencia, dirigida al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional, se fundamenta, entre otras, por las siguientes circunstancias:

La Contraloría encontró debilidades en las evaluaciones económica, técnica y jurídica, atribuibles tanto al contratista como al Ministerio de Defensa Nacional, entre las que se encuentran el no cumplimiento con la capacidad financiera para ejecutar el contrato en el plazo previsto al15 de noviembre de 2025. Del mismo modo, se pudo evidenciar que el comité técnico evaluador no pudo determinar la acreditación de experiencia del oferente de acuerdo con los parámetros establecidos en el estudio previo.

Para la Contraloría, pese a no acreditar experiencia técnica ni capacidad financiera por parte del contratista, se le otorgó aval jurídico, lo que contraviene el principio de selección objetiva.

El contrato presenta un riesgo significativo de incumplimiento, dado que registra un avance físico del 8%, mientras que ya se ha desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato (USD $32.4 millones) que corresponde a USD$ 16.231 millones. Esta situación evidencia una desproporción critica entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado, lo que pone en riesgo la adecuada culminación del objeto contractual.

La División de aviación Asalto Aéreo del Ejercito Nacional, a través del supervisor del contrato, advirtió en reiteradas ocasiones los incumplimientos del contratista y conminó a este a dar cumplimiento al clausulado contractual. No obstante, pese a los oficios de advertencia de fechas 21 de febrero, 30 de junio y 23 de agosto de 2025, el Ministerio de Defensa solo adoptó la decisión de iniciar el debido proceso del incumplimiento contractual hasta el 3 de septiembre de 2025, lo que refleja una reacción tardía frente a los riesgos contractuales advertidos oportunamente.

Existe una alta probabilidad de pérdida de los recursos entregados como pago anticipado, debido a que la empresa contratista es extranjera, catalogada como una compañía de responsabilidad limitada, circunstancia que dificulta que los socios respondan con su patrimonio personal por las obligaciones e incumplimientos de la empresa, sumado al hecho de que no se cuenta con información financiera suficiente para solicitar el decreto de medidas cautelares efectivas, quedando como única alternativa la afectación de las pólizas contractuales.

Otro aspecto encontrado en el marco del seguimiento permanente, fueron precisamente las tres modificaciones a las garantías de cumplimiento a cargo del contratista, la última de ellas fue prorrogada hasta el 11 de marzo de 2025 y se redujeron los porcentajes de cubrimiento exigidos para los amparos. Adicionalmente, la póliza que respalda la devolución del anticipo vence en noviembre de 2025, sin cubrir el plazo de liquidación del contrato, que puede extenderse hasta dos años más.

Finalmente, la Contraloría indica que la falta de cumplimiento del contrato conduce a que no se ejecute el mantenimiento requerido por la Flota MI17 y no se cuente con los repuestos necesarios para aeronaves que se encuentran disponibles, conllevando a la inmovilización parcial de esta flota de helicópteros, que afecta directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública, al limitar la movilidad aérea, el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta oportuna frente a amenazas a la seguridad nacional.