Petro: «Suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana»
–«Lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana», afirmó el presidente Gustavo Petro al cuestionar la decisión del Consejo de Estado de frenar la aplicación del decreto 0858 de 2025 mediante el cual el Gobierno busca implementar el nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo en el país.
El jefe del Estado subrayó que «la ley ordena un sistema preventivo para Colombia», tras advertir que «el principal instrumento que tiene una sociedad para defender la vida humana colectiva, es el sistema de salud preventivo. Se sabe casi desde los orígenes de la civilización», puntualizó el mandatario en su cuenta en X.
El presidente Gustavo afirmó que «si en tiempos del COVID hubiera existido en Colombia el sistema preventivo, decenas de miles de personas que murieron, no hubieran muerto» y añadió: «Sin el sistema de salud preventivo que construimos en todos los territorios del Tolima, no hubiéramos sobremontado, con éxito, la fiebre amarilla».
Igualmente enfatizó «que el sistema preventivo no es negocio, por eso, este asunto público de gran dimensión, es atacado por los negociantes porque disminuye el negocio».
Y concluyó: «Lamentable que aún en el mundo jurídico, que debería defender el Estado Social de Derecho, termine suspendido el derecho».
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, también reaccionó, en la misma red social, a la decisión del Consejo de Estado.
«Es inadmisible que se intente frenar el modelo preventivo y predictivo que impulsa el presidente Gustavo Petro para fortalecer la atención primaria en salud», precisó.
Además advirtió que «atentar contra este modelo es ir en contra de la vida misma» y subrayó que el objetivo del Gobierno, plasmado en el decreto, es garantizar el derecho fundamental a la salud, según la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en todo el territorio nacional y sin ningún tipo de discriminación.
«Hoy la discusión es sobre el vehículo normativo, no sobre la legitimidad del modelo. Los dueños del negocio no quieren que se garantice ese derecho. No nos vamos a paralizar. El cambio continúa», firmó.
Respete la decisión del @consejodeestado, Sr. Jaramillo.
Y más bien dele la cara al país por el desastre del “piloto” de su perversa reforma y asuma la responsabilidad de la tragedia por la intervención de Nueva EPS.
Eso sí es “inadmisible” e “ir en contra de la vida misma”. https://t.co/uzFSLNK4CA
— Andrés Forero CD #1??0??1?? (@AForeroM) October 24, 2025
Entre tanto, el exministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, celebró la decisión. «Excelente noticia para el sector salud», precisó, felicitando por el logro al representante Andrés Forero, quien demandó la norma.
«Otro golpe a los planes de destrucción de @carolinacorcho la insensibilidad y carencia de rigor de @GA_Jaramillo
y la tozudez de @petrogustavo . Miles de pacientes tendrán un alivio mientras se toma decisión de fondo.
El también exministro de Salud, Alejandro Gaviria, se pronunció: «Lo digo con todas las letras: tratar de cambiar la ley con un decreto es violentar el Estado de derecho».
Por su parte, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), resaltó
que la decisión del Consejo de Estado «es de la mayor importancia además porque afecta a una serie de resoluciones que se habían expedido en los últimos meses, que afectaban también la operación de las EPS, la correcta atención a los usuarios, la distribución de la población y muchas otras”.
Según el Gobierno, el Decreto 858 propone una arquitectura sanitaria centrada en la prevención, con énfasis en la atención primaria y la territorialización del sistema. Los CAPS, concebidos como nodos de atención comunitaria, buscan acercar los servicios médicos a las poblaciones históricamente excluidas, superando la fragmentación y la intermediación financiera que caracteriza al modelo actual.
Además, el decreto plantea la conformación de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que reorganizan la prestación de servicios en función de las necesidades locales. Esta reconfiguración implica una mayor participación de las entidades territoriales en la planeación y ejecución de políticas sanitarias.
Para el Gobierno, estas medidas no solo son técnicas, sino profundamente éticas. La salud, como derecho fundamental, exige un modelo que priorice la prevención, la equidad y la dignidad. La suspensión del decreto, en ese sentido, representa un obstáculo para avanzar hacia un sistema más justo y eficaz.
