–En los últimos años se ha encontrado diferencias de hasta un 60 % entre las distintas Entidades Prestadoras de Salud (EPS) sobre los costos de procedimientos como las consultas externas. Expertos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y actores del sector salud identificaron estas inconsistencias en el marco de las mesas técnicas instaladas este año por el Ministerio de Salud y Protección Social con el objetivo de revisar qué ocurre y cómo se gasta el dinero que el Estado les entrega a las EPS para prestar el servicio de salud a los colombianos, es decir la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Durante el conversatorio “De los dineros del sistema de salud: el debate en torno a los montos y usos de la UPC”, la profesora Claudia Naranjo, del Departamento de Salud Pública de la UNAL y representante de la academia ante las mesas de discusión sobre las UPC, señaló que “30 años después de haberse consolidado el sistema de salud colombiano detectamos que en los reportes de cada entidad existen diferencias que no cuadran en su conjunto; por ejemplo, mientras en algunos registros una consulta externa figura con un costo de apenas $10.000, en otros alcanza hasta $1 millón, lo que muestra la falta de coherencia en la información”.

“En los reportes que las EPS le deben entregar al Ministerio existen diferencias de hasta 2 billones de pesos en el gasto del último año, lo cual es un problema que se debe analizar urgentemente, ya que la salud no debería ser un negocio sino un derecho para todos los colombianos”, recalca la profesora Naranjo.

En este espacio, organizado por el Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la UNAL para poner la lupa sobre las UPC y su impacto en el sistema de salud del país, Andrés Olaya, consultor del Viceministerio de Protección Social, explicó que los análisis del Ministerio muestran que el dinero destinado a las EPS sí alcanza para cubrir sus gasto médicos o sus servicios. No obstante, advirtió que en los reportes entregados al Estado por estas entidades existe una inflación, lo que genera diferencias alarmantes y dificulta el seguimiento fiscal de los recursos.

“Para entender este proceso existe un concepto importante: el “incentivo perverso”, el cual evidencia que cuanto más se inflen los datos más dinero se recibirá. En los reportes revisados hay inconsistencias muy preocupantes, como por ejemplo un examen coprológico estimado en $909 millones, o consultas generales de hasta $58 millones”.

“El dinero reportado no ha tenido un buen control fiscal, por lo que se pierde el rastro de los recursos. Las EPS argumentan que lo reportado es a la fecha de facturación y no la de prestación; sin embargo, esto es un error, porque lo que el Ministerio solicita es la fecha de prestación”, afirmó la experta.

En la revisión de los datos se encontró incluso que existen $1,3 billones facturados por atención médica a personas fallecidas, lo que refuerza la urgencia de una mayor transparencia y seguimiento en los reportes. También se identificaron cifras infladas en rubros como los medicamentos que manejan las EPS.

Más preguntas que respuestas
Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico y de estudios de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), otro participante del encuentro, indicó que el sistema de salud es la política social más exitosa que ha tenido Colombia en su historia; sin embargo, es necesario examinar a fondo si el país gasta mucho o poco en salud para entender el comportamiento de las UPC.

Según el experto, representante de las instituciones prestadoras de salud (IPS) en la mesa de trabajo sobre las UPC, “cada año se gastan alrededor de $100 billones en este rubro, una cifra que parece alta pero que, fragmentada por servicio per cápita, equivale apenas a unos $150.000 mensuales. Además, el gasto en salud equivale a casi el 6 % del producto interno bruto (PIB), una cifra que se debería aumentar para acercarse a modelos como los de España o Inglaterra, que destinan entre 10 y 11 % de su PIB a este sector”.

“Estos recursos han contribuido a disminuir indicadores de mortalidad infantil, femenina y de muertes prematuras –excluyendo homicidios y accidentes de tránsito– con cifras cercanas a las registradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al respecto, la profesora Naranjo aseguró que “frete al contexto latinoamericano, Colombia hace un esfuerzo fiscal importante en salud, pero la inversión no se refleja en resultados. Esto es preocupante, pues cada peso es un tesoro y su manejo debería ser eficiente y transparente, pero esta no parece ser la realidad luego de décadas de trabajo”.

Siguiendo la discusión, el profesor Mauricio Torres Tovar, director del Departamento de Salud Pública de la UNAL y moderador del debate, insistió en que, “al desagregar los indicadores y datos sobre la inversión nacional en salud, se evidencian profundas inequidades en el país”.

“El modelo de atención generado desde la Ley 100 se centra en la atención individual de la enfermedad, pero hoy se propone un enfoque de atención primaria en salud, promoción y prevención temprana para un mejor uso del recurso. Los sistemas basados en ese segundo enfoque muestran mejores resultados en el mundo”, enfatizó.

Las cuentas no están claras
La diferencia de opiniones en el debate fue puntual: “no es cierto que a las EPS les alcance el dinero, pues está jurídica y técnicamente comprobado que esto no es así. De hecho, la Contraloría General de la Nación evidencia deudas y déficits que rondan los $32 billones”, anotó el experto Cruz.

Agregó que “hacen falta mecanismos de vigilancia y seguimiento de la información que permitan resolver digitalmente el problema de los datos y sus reportes. Minsalud debería tener estas cuentas claras, lo cual resulta preocupante para la asignación de la UPC”.

Sobre esto, el consultor Olaya indicó que “existe una confusión de términos y una malinterpretación: el dinero que las EPS reportan presenta inconsistencias con lo que les entrega la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)”.

“Más dinero no significa más salud para la gente, y esto se evidencia en el indicador ‘estratificación temprana en salud’, que permite identificar el grupo o riesgo en el que se encuentran los pacientes. En el caso del cáncer, por ejemplo, los resultados muestran deficiencias en la detección temprana: de 100 casos de cáncer de pulmón, las EPS identifican apenas 17, de próstata 46, y de mama 55. Esto demuestra que no hay un manejo eficiente de los recursos para mejorar la prevención y atención de enfermedades graves”, informó.

Por otro lado, para evidenciar que sí existen problemas estructurales de fondo, la profesora Naranjo señaló que “en la mesa de trabajo sobre las UPC encontramos que hay miles de medicamentos con sobrecostos; en aquellos para atender el cáncer había precios por encima de lo que valen los genéricos, así como cerca de 7,4 millones de registros que no coinciden en los reportes”.

La académica concluyó que “las cuentas no están claras, ya sea por la estructura de cómo se piden los datos o por las metodologías de entrega. Esto se debe resolver con una mejor gestión, pues a pesar de los recursos destinados a la parte administrativa del sector salud, este es uno de los sectores más precarios en cuanto a la información”.

Tras meses de trabajo se cerraron las mesas técnicas de análisis sobre la cantidad y el uso de la UPC en salud; sin embargo, como aseguraron en septiembre más de 200 asociaciones de pacientes del país, no cumplieron su objetivo y fueron un fracaso, por lo que aún falta ver qué sigue en el panorama de este tema tan álgido y polémico en el sector de la salud pública.