–La Defensoría del Pueblo presentó este viernes un informe en el cual documenta un preocupante aumento en el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades en Colombia. Establece que entre enero y septiembre de 2025, 91.514 personas fueron afectadas por desplazamiento forzado masivo y 101.062 quedaron confinadas, lo que refleja una crisis humanitaria que sigue vulnerando los derechos de poblaciones enteras.

Solo en septiembre se registraron 12 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 3.302 personas. Esta cifra representa un aumento del 149% frente a las 1.325 personas desplazadas en el mismo mes de 2024. También se documentaron 11 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 30.062 personas, comparado con las 2.278 del año anterior. Además, se identificaron 20 situaciones con riesgo inminente de confinamiento o desplazamiento.

Norte de Santander, el departamento más golpeado

Norte de Santander se mantiene como el territorio más afectado por el desplazamiento, con 73.300 personas que han tenido que abandonar sus hogares en lo que va del año. La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa siendo la principal causa, alimentada por las disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Las consecuencias recaen de forma desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables: mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades indígenas.

Chocó lidera en confinamiento

En cuanto al confinamiento, Chocó reporta el mayor número de personas afectadas con 18.921, seguido por Huila (16.226), Cauca (12.915), Norte de Santander (11.490) y Guaviare (10.413). Estas restricciones impuestas principalmente por actores armados limitan el acceso de las comunidades a sus medios de vida, a la educación y a servicios básicos.

El boletín incluye recomendaciones urgentes dirigidas a las autoridades nacionales y territoriales para que implementen respuestas integrales, activen rutas de protección, coordinen acciones de desminado humanitario y garanticen la continuidad educativa en las zonas de emergencia. Se hace especial énfasis en adoptar enfoques diferenciales y territoriales que protejan a las poblaciones más vulnerables.

Durante este periodo, la Defensoría atendió a 27.041 mujeres en situación de movilidad humana forzada y a 26.601 personas pertenecientes a comunidades étnicas, en cumplimiento de su mandato constitucional de defender los derechos humanos en medio de la crisis humanitaria que afronta el país.

Recomendaciones

• A la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior, en su rol de coordinadora del subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición (PPGNR), y las entidades que lo integran, impulsar y facilitar la implementación de una respuesta integral en las zonas con crisis humanitarias recurrentes, en cumplimiento del Auto 894 de 2022. Asimismo, se les sugiere ampliar el mapa de intervención para incluir aquellas zonas que, tras la emisión del Auto, presentan condiciones humanitarias similares, además de que actualmente enfrentan nuevas afectaciones.

• A los entes territoriales, en particular a la Alcaldía de Uribia, en el departamento de La Guajira, que en casos de evidencia de riesgos, activen con urgencia las rutas de protección ante la gravedad de los riesgos identificados y actualicen los planes de prevención y contingencia del municipio incorporando nuevas amenazas, capacitando a funcionarias(os) y lideresas y líderes sobre el funcionamiento de dichas rutas, y promuevan medidas de protección.

• A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y al Ministerio de Defensa, articular acciones frente a la presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en las zonas afectadas por desplazamiento y confinamiento desde su labor misional como condición previa para el retorno seguro de las comunidades y su sostenibilidad. En el caso del programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se le sugiere actualizar el mapa de zonas disponibles para intervención,
priorizando aquellas con alto impacto social, económico y ambiental. El desminado humanitario es esencial para liberar tierras, garantizar la protección de las comunidades, facilitar su movilidad y promover la implementación de políticas públicas que aseguren condiciones dignas de vida y convivencia en los territorios.

• A las entidades territoriales, establecer mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional en contextos de desplazamiento forzado que involucren dinámicas de expulsión y recepción entre territorios de distintas jurisdicciones, como los eventos recientes ocurridos entre el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar. En estos casos, es fundamental activar de manera inmediata las rutas de articulación interinstitucional, con enfoque territorial y diferencial, convocar comités ampliados de justicia transicional, para posibilitar una respuesta integral y garantizar una atención
oportuna, articulada y con enfoque de derechos, que responda a las necesidades específicas de las comunidades afectadas por la crisis humanitaria