–La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia frente al alto riesgo en que se encuentra la población del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, tanto en la zona urbana como rural por el recrudecimiento de la guerra territorial que libran el Eln y las disidencias de las Farc.

Por esta razón urgió al Gobierno Nacional poner en marcha acciones que contribuyan a la desarticulación de los grupos que delinquen en la zona, implementar planes de protección colectiva para pueblos indígenas y lideresas y líderes sociales, y destinar recursos para el desminado humanitario en lugares priorizados.

La alerta de la Defensoría cubre específicamente los corregimientos Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, también para sus veredas Versalles, 20 de Julio, Oru 7, Campo Seis, Miramontes, El Retiro, El Li?bano, Bertrania, Nazareth, La Angalia, Guachima?n, Can?o Victoria, Campo Tres, Campo Yuca, Socuavo, Can?o Indio, Chiquinquira?, Km 19, Km 25, Km 28, Palo Quemado y Llano Grande.

Según la Defensoría, el escenario de peligro se configura por dos factores, principalmente. El primero obedece a la intensificación de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos grupos disidentes de las extintas Farc, como el ‘Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ‘Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’.

Añade que «la disputa territorial, activa desde el 16 de enero del 2025, se sustenta en la coexistencia de economías legales e ilegales, que incluyen una alta concentración de cultivos de uso ilícito. Esto convierte a Tibú, por su extenso límite fronterizo con Venezuela, en un corredor estratégico de importante valor para los actores armados al margen de la ley. El segundo factor obedece a la consolidación del control territorial y social ejercido por el Eln».

Subraya que los hechos de violencia incluyen homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad. En el casco urbano de Tibú, se ha evidenciado un escenario de doble autoridad armada ilegal, donde barrios están regulados por el Frente 33 o por el ELN. Son impuestos horarios, restricciones de circulación y sanciones extralegales.

Además precisa que en corredores viales han sido reportados retenes ilegales con requisas e inspección de celulares. Además, ha podido ser constatada la presencia y uso de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI), cuya modalidad incluye ataques de drones con explosivos.

Establece que la violencia, que tiene perjudicada a la población civil, afecta de manera diferenciada a grupos en especial condición de riesgo. Las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes son víctimas de reclutamiento, uso y utilización por los grupos armados en confrontación, siendo Tibú el municipio de Norte de Santander con el mayor número de casos registrados (35 con corte a julio de este año, con subregistro).

Advierte que la presencia de artefactos explosivos cerca de escuelas rurales ha obligado a la suspensión de clases presenciales desde enero pasado en zonas como 20 de Julio y Campo Seis. Las violencias basadas en género son usadas como mecanismo de control, con reportes de abuso sexual de niñas menores de 14 años, “pareja forzada” y trata de personas y explotación sexual de mujeres migrantes venezolanas en las zonas urbana y rural.

Igualmente indica que el pueblo indígena Barí (resguardos Catalaura y Motilón Barí) y la comunidad binacional Yukpa enfrentan la imposición de normas externas y la restricción de movilidad a sus sitios tradicionales. Otros grupos afectados son lideresas y líderes sociales, dignatarios de juntas de acción comunal, a quienes se les amenaza y estigmatiza con el término “paraelenos”, y población migrante venezolana, que suma aproximadamente 22.050 personas.

La crisis humanitaria muestra signos de escalamiento y expansión territorial. De no implementarse acciones preventivas oportunas, se prevé la persistencia del conflicto, la posible extensión de la violencia hacia municipios vecinos de la subregión Catatumbo, como El Tarra, San Calixto, Sardinata y Teorama, además de territorios que comparten límites y corredores de movilidad. También podrían reaparecer otros actores armados en la zona.

En consecuencia, la Defensoría insta al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a articular de manera urgente las 20 recomendaciones formuladas en la ATI. Es imperativo que las entidades del orden nacional y territorial implementen medidas integrales efectivas que disuadan, mitiguen y alejen el riesgo, con enfoque diferencial.

También incluye la necesidad urgente de ejecutar acciones que contribuyan a la desarticulación de los grupos armados ilegales que generan riesgos, implementar planes de protección colectiva para pueblos indígenas y lideresas y líderes sociales, como también destinar recursos para el desminado humanitario en zonas priorizadas, particularmente en aquellas que rodean escuelas y caminos veredales.

«El Estado debe garantizar una presencia institucional efectiva, planes de acción con financiación suficiente y una respuesta rápida y coordinada en materia de prevención y protección integral de la población civil en Tibú», concluye la Defensoría del Pueblo.