–La Procuraduría General de la Nación informó este martes que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales de vigilancia y control disciplinario de la conducta oficial, abrió de oficio cinco indagaciones preliminares destinadas a esclarecer si en las recientes operaciones militares adelantadas contra estructuras criminales armadas se cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Como es sabido, en estas operaciones resultaron muertos al menos quince menores de edad, circunstancia que exige un examen institucional exhaustivo, riguroso y objetivo, precisó.

El propósito de estas indagaciones es verificar si se observaron los principios del Derecho Internacional Humanitario que rigen la conducción de hostilidades, en especial los de precaución, humanidad y proporcionalidad, y así establecer si las autoridades actuaron conforme a los estándares internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza en contextos de conflicto armado.

La Procuraduría reitera que el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales constituye un grave crimen internacional, no susceptible de amnistía, repudiado por el ordenamiento jurídico colombiano y por la comunidad internacional. Las estructuras criminales tienen que admitir que no hay ninguna justificación válida para vincular niños, niñas y adolescentes a actividades de guerra, exponiéndolos consciente y premeditadamente a los riesgos propios de la misma y vulnerando de manera extrema sus derechos fundamentales.

El Ministerio Público también pone de presente que el Derecho Internacional Humanitario reconoce que las Fuerzas Militares pueden adelantar operaciones ofensivas, incluso bombardeos, contra objetivos legítimos integrados por combatientes, aun cuando entre ellos se encuentren menores reclutados ilícitamente, pero que ello exige al Estado la máxima observancia de los principios de precaución y proporcionalidad, así como la adopción de todas las medidas factibles para minimizar el daño a la población especialmente protegida.

Las indagaciones preliminares se adelantarán con rigor, imparcialidad y celeridad, garantizando el respeto pleno del debido proceso, así como la articulación institucional necesaria para obtener toda la información relevante de carácter operacional, pericial y testimonial.

La Procuraduría reafirma, finalmente, su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la observancia estricta del DIH y con el control preferente que la Constitución le asigna para velar por la legalidad, la transparencia y la responsabilidad de las actuaciones de los servidores públicos.

ULTIMO INFORME DE MEDICINA LEGAL

A propósito del tema, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, emitió el pasado lunes un informe en el cual detalla una relación de los muertos recibidos tras las operaciones militares, así:

Desde el inicio de las operaciones militares el 24 de agosto del año 2025, en la vereda Nueva York del municipio El Retorno en el departamento de Guaviare, el instituto recibió el 26 de agosto 8 cuerpos, 7 identificados plenamente y uno sin identificar, de los cuales 7 eran hombres y una mujer, entre los que se encontraron 3 menores de edad, 2 hombres y una mujer.

Posteriormente de la operación militar de Puerto Santander, departamento de Amazonas, realizada el 1 octubre, al instituto llegaron 4 cuerpos el 7 de octubre, de los cuales 3 eran hombres y una mujer, todos menores de edad y plenamente identificados.

Luego de las operaciones del 10 de noviembre en la vereda Itilla, municipio de Calamar, departamento del Guaviare, llegaron 20 cuerpos el día 12 de noviembre 16 plenamente identificados y 4 aún sin identificar, de los cuales 13 eran hombres y 7 mujeres. Entre ellos 4 mujeres y 3 hombres todos menores de edad.

Finalmente, de la operación en la vereda la Esmeralda, municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca realizada el 13 de noviembre, al instituto ingresaron el 16 de noviembre 8 cuerpos, 7 plenamente identificados y uno aún sin identificar, de estos 3 eran hombres y 5 mujeres de los cuales una era menor de edad.

Producto de los análisis forenses realizados a estos cuerpos desde el mes de agosto, el instituto ha podido determinar que 15 de los cuerpos corresponden a menores de edad.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ratifica su compromiso con la independencia técnica y transparencia con la administración de justicia y la ciudadanía.