–Los gremios Fasecolda y Asofondos reiteraron este miércoles su petición al Gobierno Nacional de que abra la discusión, a nivel de una mensa técnica, a fin de demostrarle la gravedad de las consecuencias que para los trabajadores colombianos y los futuros pensionados, tendría la expedición del decreto, ya publicado para comentarios, con el cual pretende ajustar el régimen de pensiones.

El nuevo pronunciamiento lo hicieron al replicar las aclaraciones que hizo la víspera en un comunicado el Ministerio de Hacienda sobre los alcances de la medida, advirtiendo que el cambio reglamentario que plantea el Ejecutivo implica menos pensionados, menores mesadas pensionales y desfinanciamiento de la prima del seguro que cubre incapacidad y muerte.

En concreto, sobre el contenido del comunicado de la cartera de las finanzas, Fasecolda y Asofondos hacen las siguientes precisiones:

Impactos sobre invalidez y sobrevivencia

Si bien el Ministerio señala que la propuesta no incrementa el capital requerido para acceder a pensiones de invalidez y sobrevivencia, en la práctica el cambio sí eleva de manera significativa el costo de los siniestros que debe asumir el seguro previsional.

Este aumento en el costo llevaría a que la prima del seguro supere el límite legal del 3%, lo cual hace inviable su aseguramiento contra los riesgos de incapacidad y muerte. Sin un seguro previsional funcional, la protección—que hoy beneficia a cerca de 20 millones de trabajadores— quedaría seriamente comprometida.

Impactos sobre las pensiones de vejez

En cuanto a las pensiones de vejez, es correcto afirmar que existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) para quienes no logran acumular el capital necesario y cumplen con las 1.150 semanas de cotización.

Sin embargo, hoy existe un grupo significativo de afiliados que, bajo las reglas vigentes, puede pensionarse de manera anticipada sin acudir al FGPM ni acreditar esas semanas, gracias a que logran autofinanciar una renta vitalicia.

Con la modificación propuesta, decenas de miles de colombianos tendrían que cotizar y ahorrar mucho más tiempo para tener posibilidad de pensionarse y/o aceptar una mesada inferior a la que recibirían bajo el esquema actual.

¿Quién asume los mayores costos?

De manera sencilla: cuando se ajusta un componente del sistema pensional, los costos no desaparecen; solamente se trasladan.

En este caso, al reducirse la cobertura que hoy respalda el Estado frente al deslizamiento del salario mínimo:

-Una parte del costo recaería sobre el seguro previsional, volviéndolo inviable.
-Otra parte recaería sobre las personas que buscan pensionarse por vejez, quienes deberán ahorrar más o recibir menos.

Asofondos y Fasecolda señalan que valoran la disposición expresada por el Ministerio para revisar posibles ajustes al proyecto de decreto y reiteran» respetuosamente» la solicitud de una reunión técnica que permita:

-Exponer con mayor detalle los efectos identificados sobre invalidez, sobrevivencia y vejez.
-Analizar alternativas que preserven la sostenibilidad del sistema sin afectar los mecanismos de protección existentes.
-Evitar efectos regresivos que puedan perjudicar a los trabajadores y a los futuros pensionados.

ACLARACIONES DEL MINHACIENDA

Las siguientes son las aclaraciones que hizo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el proyecto de decreto sobre el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo, actualmente publicado para comentarios, y que no convencieron a Fasecolda y Asofondos:

Tiene tres objetivos principales dentro del Régimen de Ahorro Individual administrado por los fondos de pensiones:

1. Actualizar el mecanismo de cobertura del riesgo asociado a incrementos del salario mínimo superiores a la inflación en las pensiones que están a cargo de las aseguradoras.

2. Modificar la forma de pago de esa cobertura para proteger la sostenibilidad fiscal.

3. Simplificar los trámites necesarios para reconocer el mecanismo, reduciendo cargas operativas para los actores del sistema.

El Ministerio destaca que el proyecto no implica que los futuros pensionados deban reunir un mayor capital para acceder a su pensión por invalidez o sobrevivencia, como ha sido afirmado por algunos sectores. La obligación de cubrir este riesgo incurre en la aseguradora, que asume ese compromiso a través de la prima establecida en la ley (en promedio del 2,6% de las cotizaciones), la cual en 2024 llegó a $5,22 billones.

Es importante explicar que la Ley 1328 de 2009 facultó al Gobierno para crear un mecanismo que ayudara a mitigar este riesgo para las aseguradoras, pero no estableció que la Nación deba asumirlo en su totalidad. Por lo tanto, el mecanismo vigente, creado mediante el Decreto 036 de 2015, ha girado desde su implementación cerca de $2,2 billones, incluyendo alrededor de $1 billón en 2025, y para 2026 se estima un giro cercano a $1,8 billones.

Adicionalmente, dadas las condiciones fiscales actuales y como una medida responsable, el Gobierno considera necesario revisar la forma en que opera este mecanismo, garantizando su sostenibilidad y la existencia de las reservas que respalden el pago futuro de las rentas vitalicias.

Sobre las pensiones de vejez, se precisa que, aunque el aumento del salario mínimo incide en el valor necesario para financiar una renta vitalicia, si una persona no alcanza ese capital, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima cubre la diferencia. Por ello, el efecto en las finanzas públicas es neutro y la protección para el afiliado se mantiene.

En cuanto a las rentas vitalicias, el proyecto establece que el nuevo parámetro aplicará únicamente para los contratos que se suscriban a partir de 2027, que representan alrededor de 10.000 operaciones anuales. Por consiguiente, no afecta a los cerca de 20 millones de trabajadores afiliados, como se ha indicado.

Finalmente, el Ministerio reitera su compromiso con un sistema pensional sostenible, técnicamente sólido y que proteja a los trabajadores frente a la invalidez, la sobrevivencia y la vejez. El proyecto de decreto continúa en proceso de comentarios y análisis, por 10 que el Gobierno mantiene plena disposición para revisar ajustes que fortalezcan el sistema sin generar cargas adicionales para la población.