–En ejercicio de la función preventiva, la vigilancia superior de la conducta oficial y la protección de los derechos fundamentales y colectivos, la Procuraduría General de la Nación formuló una serie de recomendaciones preventivas al Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón, y se dispuso la conformación de una Agencia Especial a través de un Procurador Judicial asignado en la mesa citada por las autoridades distritales, frente a las protestas, bloqueos y restricciones a la movilidad registradas en la ciudad con ocasión de las manifestaciones adelantadas por recicladores y carreteros.

La intervención de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social se da en el marco de la implementación del Decreto Distrital 014 de 2023, mediante el cual se regula el ejercicio del oficio del reciclaje en el distrito capital, con el propósito de mitigar impactos ambientales, mejorar el manejo de residuos sólidos, prevenir riesgos sanitarios y regular el uso del espacio público. La aplicación de dicha normativa ha derivado en afectaciones a la movilidad urbana, congestión vehicular, restricciones en el transporte público, retrasos en la operación de TransMilenio, desvíos viales y dificultades para la circulación de peatones.

Ante este escenario, y con fundamento en el artículo 277 de la Constitución Política y el Decreto Ley 262 de 2000, el Ministerio Público dispuso la conformación de una Agencia Especial, con el fin de intervenir como garante constitucional, verificar la actuación de las autoridades distritales, prevenir la escalada del conflicto social y propiciar escenarios de diálogo institucional y concertación entre las partes involucradas.

En desarrollo de esta actuación preventiva, el ente de control recomendó al Alcalde Mayor adoptar medidas inmediatas y proporcionales que permitan armonizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta social.

Entre las que se destacan: la instalación de mesas de diálogo permanentes con los representantes de los recicladores y carreteros orientadas a la construcción de acuerdos sostenibles; la implementación de corredores de movilidad y ventanas de paso que eviten bloqueos totales de las principales vías de la ciudad; la adopción de un plan de aplicación gradual y pedagógica del Decreto con enfoque diferencial y social; y el fortalecimiento de los protocolos distritales de atención a la protesta social, garantizando el principio de proporcionalidad y el respeto por los derechos humanos.