–La Asociación Nacional de Industriales Colombianos, ANDI, calificó populista, insostenible e inconveniente la decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo en un 23 por ciento, alertando que impactará la inflación, la capacidad de generar empleo, aumentará la informalidad, bajará la competitividad e incrementara fuertemente la presión sobre la tasa de interés.

El presidente de la agremiación empresarial, Bruce Mac Master afirmó que el ajuste impactará la inflación, no como dice el presidente como un ejercicio de lucha de clases, sino afectando profundamente la capacidad de compra de los hogares más pobres, que siempre que hay inflación son los más afectados.

Subrayó que aunque el gobierno lo quiera negar, afectará la capacidad de generar empleo, de las pequeñas y micro empresas que con seguridad van a asumir un golpe inmenso, aumentará la informalidad, bajará la competitividad, aumentará fuertemente la presión sobre la tasa de interés.

«Con el fin de mostrarse generoso, con recursos que no pagará ninguno de los miembros del gobierno, y que sí pagarán las mipymes, las empresas medianas y las empresas formales, este sin duda uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia», puntualizó.

En un comunicado, la ANDI enfatizó que «se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas».

Además hizo las siguientes precisiones:

La ley en Colombia y la Constitución ordenan que las discusiones alrededor de los temas salariales y laborales se lleven a cabo en un espacio tripartito en el cual exista participación de los trabajadores, de los representantes de los empleadores y del Gobierno nacional.

Como resultado de una decisión unilateral del Gobierno, se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente los relacionados con el efecto sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y
servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas. La inflación es, sin duda, una de las variables que más afecta a los ciudadanos más vulnerables.

En un momento en el cual el Gobierno nos ha dicho que se encuentra en «emergencia económica» se estima que cada 1% de incremento salarial genera $400.000 millones de gasto de público adicional.

Durante todo este Gobierno nos hemos quejado frente al mismo, así como frente a autoridades de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la falta de convocatoria y participación que se ha ofrecido tanto a trabajadores como empleadores en las discusiones de índole laboral.

En un momento en el cual el Gobierno nos ha dicho que se encuentra en «emergencia económica» se estima que cada 1% de incremento salarial genera $400.000 millones de gasto de público adicional.

Se han tramitado dos intentos de reforma pensional y dos de reforma laboral, totalmente de espaldas a los protagonistas del mercado, es decir, a quienes trabajan y a quienes generan el empleo y tienen a su cargo el cumplimiento de las normas.

En esta ocasión, nos hemos encontrado que, adicionalmente, la falta de participación se ha extendido a la definición de salario mínimo. EI Gobierno nacional ha decidido en forma unilateral cambiar el concepto de remuneración mínima introduciendo la idea de un ingreso mínimo vital que, evidentemente, no es producto de una conversación de toda nuestra sociedad en forma abierta, profunda y democrática, como deben ser las conversaciones en democracia, especialmente, las que están enmarcadas dentro de los principios de diálogo social y diálogo tripartito.

Uno de las mayores responsabilidades que tiene la Comisión de Concertación es la de tratar de definir un salario mínimo que permite encontrar eI equilibrio, entre todos, de los diferentes objetivos que protegen al ciudadano, y a la sociedad en términos generales como son eI ingreso de las familias y su poder adquisitivo; evitar la inflación y los inmensos costos que implican para los hogares colombianos; mantener las finanzas públicas dentro del cauce de 10 que es posible para eI Estado evitando afectar a la ciudadanía; generar la mayor cantidad de empleo posible en condiciones de formalidad; e incentivar la competitividad de productividad del país.

Estas conversaciones no fueron dadas en eI seno de la Comisión de Concertación de políticas laborales. Con sorpresa, eI Gobierno, una vez termina la primera etapa de posturas de los participantes, decidió en forma unilateral y totalmente inconsulta, modificar la metodología de remuneración.