–El aumento del salario mínimo del 23 % generará un alza adicional promedio de $200 por pasaje en el transporte público urbano de las ciudades capitales, profundizando la presión financiera sobre los sistemas, advirtió la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, advierte que.

Los sistemas de transporte son intensivos en mano de obra: entre el 40 % y el 55 % de sus costos operativos corresponden a salarios y aportes sociales. Por eso, cada ajuste salarial impacta directamente el costo del servicio, incluso sin ampliar flota o rutas.

Este impacto se produce porque los sistemas de transporte público masivo y estratégico son altamente intensivos en mano de obra. En promedio, entre el 40 % y el 55 % de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, todos ellos indexados al salario mínimo. Por esta razón, cada aumento salarial se traslada de forma automática a los costos de operación, incluso sin ampliaciones de flota, rutas o frecuencias, afectando de manera directa el costo por kilómetro recorrido y el equilibrio financiero de los sistemas.

«Un incremento del 23 % en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se quiere proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas en la tarifa», señaló Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.

En Bogotá, donde opera el sistema de transporte masivo más grande del país, el aumento salarial ejerce una presión significativa sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria, incrementando el costo por kilómetro y obligando al Distrito a ampliar el esfuerzo fiscal anual para garantizar la continuidad del servicio sin afectar a millones de usuarios diarios, subrayó.

Explicó que este impacto no se limita a los grandes sistemas de transporte masivo de las principales áreas metropolitanas, sino que afecta de manera especialmente sensible a las ciudades capitales intermedias, donde operan sistemas estratégicos de menor escala, con menor respaldo financiero y mayores restricciones fiscales, 10 que incrementa su vulnerabilidad frente a choques de costos laborales.

En Cali, el aumento del salario mínimo se refleja en un mayor costo operativo del sistema MIO, en un contexto de baja demanda relativa y altos costos fijos, profundizando su déficit estructural y obligando al municipio a destinar mayores recursos para sostener la operación, evitar presiones tarifarias o prevenir reducciones en la calidad del servicio.

En Medellín, aunque el Sistema Integrado del Valle de Aburrá presenta un mejor equilibrio financiero, el incremento salarial impacta los costos de operación de buses alimentadores, tranvía y personal de estaciones, traduciéndose en mayores transferencias públicas o en la necesidad de reprogramar inversiones futuras.

En Cartagena, eI impacto resulta proporcionalmente mayor, dado que se trata de un sistema de menor escala y con menor capacidad fiscal, donde eI aumento del salario mínimo eleva rápidamente los costos operativos y genera riesgos de desbalance financiero.

El incremento de los costos laborales se suma a otras presiones que enfrentan los sistemas de transporte público, como eI aumento en los precios de los combustibles, los costos de mantenimiento de la flota, las tasas de interés y las variaciones en la demanda, configurando un escenario de presión acumulada sobre las finanzas locales.

En este contexto, las ciudades se ven obligadas a priorizar recursos públicos para sostener un servicio esencial, proteger a los usuarios y preservar la calidad del sistema.

«Las ciudades están haciendo un esfuerzo fiscal significativo para garantizar eI transporte público como un derecho y evitar trasladar estos mayores costos a los usuarios. Sin embargo, este desafío requiere una respuesta nacional, con reglas claras de corresponsabilidad y esquemas de cofinanciación sostenibles», agregó Santamaría.

Finalmente, Asocapitales reiteró que eI aumento del salario mínimo es una decisión socialmente necesaria, pero insistió en que sus efectos fiscales y operativos deben ser abordados de manera integral, especialmente en servicios públicos esenciales como eI transporte urbano. En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer una visión nacional del transporte público, que articule la política laboral con la realidad fiscal de los territorios y garantice sistemas de transporte eficientes, accesibles y financieramente viables para millones de colombianos.

El aumento del #salariomínimo plantea retos clave para la sostenibilidad del transporte público urbano. Aunque es una decisión socialmente necesaria, el ajuste del 23 % impacta directamente los costos de operación y podría generar un aumento cercano a $200 por pasaje en las… pic.twitter.com/r5c8aMlRls

— Asocapitales (@Asocapitales) December 30, 2025