Las Farc le están haciendo «conejo» a la entrega de bienes para reparación de las víctimas; hasta dólares falsos han devuelto, reporta la Contraloría
–La Contraloría General de la República alertó este martes sobre el incumplimiento de los compromisos que asumieron las extintas Farc en la firma del Acuerdo de Paz para la reparación de las víctimas, esto es, entrega de bienes y dinero en efectivo, llamando la atención, entre otras cosas, de que, insólitamente, de 448.500 mil dólares que se recibieron, 1.500 dólares resultaron falsos.
De acuerdo con el informe del organismo de control, la reparación de las más de 9 millones de víctimas dispuesta en las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, esta desfinanciada en un 83.6% para el año 2026. Faltan $101.858, sin contar las sentencias que puedan seguirse produciendo en esta jurisdicción.
La Contraloría destaca que los incumplimientos, ponen en riesgo el derecho a la reparación de las víctimas y pueden comprometer la responsabilidad del Estado, por lo cual se insta a las partes a cumplir los acuerdos y especialmente, a proveer los recursos necesarios a fin de reparar a la población afectada con el conflicto armado a quienes la JEP les reconozca esa calidad.
En el informe, resultado del seguimiento especial a los compromisos del acuerdo de paz suscrito por el Estado Colombiano con las Farc, y a las recientes decisiones de la JEP, la Contraloría General de la República encontró falta de monetización de los bienes entregados e incumplimientos en la entrega de bienes para reparar.
Añade que los incumplimientos relacionados, ponen en riesgo el derecho a la reparación de las víctimas y pueden comprometer la responsabilidad del Estado, por lo cual se insta a las partes a cumplir los acuerdos y especialmente, a proveer los recursos necesarios a fin de reparar a la población afectada con el conflicto armado a quienes la JEP les reconozca esa calidad.
En el marco del seguimiento, se realizó un análisis a las órdenes impartidas por la JEP en las sentencias TP-SeRVR-RC-ST-No.001 y TP-SeRVR-RC-STNo.002 de 2025 de la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento, donde se determinó que, dentro de los componentes de las sentencias, se encuentra el restaurativo y reparador, el cual, según cálculo estimativo de la Jurisdicción Especial, requiere $121.858 millones de pesos, de los cuales solo hay disponibles $20 mil millones de pesos para el 2026.
Adicionalmente, frente a los demás componentes, se profirieron una serie de órdenes judiciales con la identificación precisa de las entidades públicas del nivel nacional y territorial a las que les corresponde la garantía de las condiciones para su implementación, así como la consecución de recursos para cumplirlas. No obstante, no se tienen recursos presupuestados para dar cumplimiento a esas órdenes, limitando su ejecución en la vigencia 2026.
De otro lado, frente a los bienes recibidos de las FARC-EP, se designó a la SAE S.A.S., como administradora del patrimonio autónomo que tendría a cargo la administración de estos bienes y se determinó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- era la entidad designada por el Gobierno Nacional como beneficiaria.
La Contraloría General de la República precisa que pudo identificar los activos que se comprometió entregar las Farc en el marco del Acuerdo de Paz con el fin de reparar a las víctimas y lo efectivamente entregado y monetizado, así:
De $12.079.000.000, solo han entregado $2.144.350.000
De USD 450.000 recibidos fueron monetizados 448.500, porque USD 1.500 eran falsos
De 440.020 gramos de oro, entregaron 252.500
De 24.456 semovientes, entregaron 258 unidades
De 258 uniddes muebles, solo 1
De 319 medios de transporte, solo entregaron 31
Finalmente, la Contraloría General de la República advierte que los bienes entregados por las Farc al Estado Colombiano «difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación, pues entraña una incertidumbre frente a la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y contingencias frente a la obligación del Estado Colombiano frente a los derechos de las víctimas».
