–Esto fue lo que dijo la senadora de Centro Democrático, Paola Holguín, al presidente Gustavo Petro que provocó un pronunciamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DRAPE: 1. Su ingreso, el de su esposa Verónica, su hijo Nicolás y su Ministro del Interior Benedetti, en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se da por falta de compromiso en el combate al narcotráfico, filtración de información de inteligencia y obstrucción a la justicia. Eso nada tiene que ver con la oposición.

2. Esa sanción es personal, por lo tanto los abogados no pueden pagarse con recursos de la Nación. El contrato que usted acepta (Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026), constituye posible detrimento patrimonial y abuso de autoridad.

3. Sus trinos no engañan a nadie y los permanentes escándalos de corrupción de su Gobierno le restaron cualquier legitimidad.

El contrato en referencia, por un valor de 10 mil millones de pesos, se suscribió con la firma Amadeus Consultancy Limited.

Previamente, al pronunciamiento del DRAPE, el presidente Gustavo Petro le replicó: «Y quién le dijo a usted, Paola, que los abogados para defender el patrimonio y la imagen pública de Colombia, cosa que han hecho todos los pasados gobierno, cobija a las personas que menciona.

De dónde saca tamaña calumnia. Los recursos públicos solo pueden cobijar al representante legal y por constitución de la nación, el representante de la nación, por orden constitucional, así no lo admita usted en su sectarismo violento», puntualizó el jefe del Estado.

A su turno, el DRAPE respondió en un comunicado, que el contrato «no tiene como objeto la defensa personal del Presidente de la República ni de ningún funcionario o particular, sino el fortalecimiento de la capacidad del Estado colombiano para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos pueden impactar de manera grave y transversal al país en su conjunto».

Aclara que la contratación reciente de servicios especializados en materia de sanciones financieras internacionales no constituye un hecho excepcional ni responde a intereses personales, sino que se inscribe en una práctica histórica, legítima y sostenida del Estado colombiano para la defensa de sus intereses estratégicos en el escenario internacional.

Agrega que los registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (FARA Database), así como los archivos institucionales del DAPRE, evidencian que desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular y transparente, a firmas especializadas en los Estados Unidos, a través de distintos gobiernos y entidades, con el propósito de fortalecer su interlocución internacional, prevenir riesgos financieros y salvaguardar su reputación y estabilidad institucional. Esta práctica se mantuvo durante las administraciones de los presidentes Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez.

Afirma que en ese mismo marco institucional se inscribe la contratación actual y puntualiza:

«Las medidas adoptadas por autoridades extranjeras como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no corresponden a procesos penales ni judiciales, sino a decisiones administrativas de carácter financiero que, de no ser abordadas con rigor técnico y oportunidad, pueden afectar el sistema financiero, las relaciones internacionales y la confianza en el Estado colombiano.

Además indica que la modalidad de contratación utilizada está plenamente autorizada por el ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra debidamente justificada en los estudios previos y responde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia equivalente en esta materia altamente especializada.

Y subraya que «el valor del contrato es razonable y proporcional frente a los riesgos institucionales, financieros y reputacionales que se busca prevenir, y está sujeto a controles estrictos, productos verificables y supervisión permanente».

El DAPRE subraya que «rechaza de manera firme las interpretaciones que presentan esta contratación como una anomalía o un privilegio. Los hechos demuestran que se trata de una decisión responsable, institucional y coherente con la historia del Estado colombiano. Proteger al país frente a riesgos internacionales no es una opción política, sino un deber ineludible de la administración pública».

Y concluye: «El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del interés general, y su disposición permanente para atender los requerimientos de los organismos de control y de la ciudadanía».

Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles . Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no se cuántas cosas más , apátridas. https://t.co/ejx8xVOvlh

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2026