–La Sala de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió la acción de tutela presentada por la exconsejera para las regiones Sandra Liliana Ortíz Nova en contra de varias autoridades judiciales que intervinieron en decisiones relacionadas con su situación jurídica.

La Sala analizó dos problemas jurídicos: en primer lugar, el trámite de la acción constitucional de hábeas corpus y la determinación del juzgado 79 Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá, en el marco de la petición de libertad por vencimiento de términos que la accionante presentó.

Tras el estudio de los antecedentes y argumentos expuestos, la Sala decidió negar el amparo solicitado frente a la decisión emitida por la Sala de Casación Laboral en el trámite de hábeas corpus, al considerar que la resolución judicial contó con fundamento normativo y se ajustó a los parámetros constitucionales propios de este mecanismo excepcional.

La providencia concluyó que el hábeas corpus no podía operar como un instrumento para sustituir el debate propio del recurso de apelación y que mientas no se resolviera ese recurso, el hábeas corpus no era el camino idóneo para desplazarlo.

La Sala declaró además, improcedente la acción de tutela interpuesta contra la decisión del Juzgado 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que negó a Ortiz Nova la libertad por vencimiento de términos.

La Corte concluyó que la accionante contaba con un medio ordinario idóneo para controvertir esa decisión —el recurso de apelación— del cual desistió de manera voluntaria, lo cual impide habilitar la intervención del juez de tutela.

La Sala precisó que no se evidenció en las actuaciones judiciales la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal, debido proceso o defensa, ni la configuración de defectos que justificaran la intervención del juez constitucional en las actuaciones cuestionadas. Sandra Liliana Ortiz Nova se encuentra privada de la libertad y es investigada por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), relacionado con el traslado de dinero en efectivo para sobornos.

Finalmente, la Sala ordenó la notificación de la providencia y el envío a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada.