–En el marco del consejo de ministros celebrado en Cartagena, el presidente Gustavo Petro notificó que la atención de la emergencia causada por las intensas lluvias en el país tiene dos frentes claros: recursos inmediatos y reconstrucción estructural, por lo cual anunció el traslado del presupuesto vigente, revisión y uso prioritario de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y nuevos ingresos mediante tributación a los sectores de mayor capacidad económica. Además, afirmó que la reconstrucción del territorio pasa por una reforma agraria, en medio de un contexto agravado por la crisis climática.

Desde Cartagena, el Presidente @petrogustavo señaló que la atención de la emergencia tiene dos frentes claros: recursos inmediatos y reconstrucción estructural.

Anunció traslado del presupuesto vigente, revisión y uso prioritario de fondos de la @UNGRD y nuevos ingresos… pic.twitter.com/xD95xYsCQ7

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De otro lado, el jefe del Estado advirtió: “El agua en el cuello es un problema, pero una vez se deseque, viene el segundo gran problema, que son los mosquitos en las aguas estancadas, no corrientes. Eso se llama malaria y otros virus, dengue, etcétera. Entonces el sistema de salud tiene que ya estar listo y actuando».

El presidente Petro alertó que “si dejamos a las EPS solas, sin el gobierno nacional y sin institucionalidad preventiva, «se quedan recogiendo muertos y enfermos, para llevarlos a las clínicas de los dueños de las EPS».

Sostuvo que es preciso recurrir al modelo preventivo en salud, que ya ha puesto en marcha el Gobierno y está dando resultados históricos, por ejemplo, en materia de reducción de la mortalidad infantil por desnutrición.

“Entonces –afirmó–, aquí hay que solucionar esto de otra manera, que es, como ya conocemos, como ya lo estamos practicando y que está dando unos resultados enormes en relación con las tasas de mortalidad infantil y materna».

Desde Cartagena, en Consejo de Ministros, el Presidente @PetroGustavo señaló que las lluvias traerán un aumento de malaria, dengue y otros virus por aguas estancadas en las zonas de emergencia.

“El sistema de salud tiene que estar listo y actuando, me refiero al sistema… pic.twitter.com/vfDNHOTgCu

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De acuerdo con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, para la atención de damnificados y la recuperación de las zonas devastadas por las lluvias se necesitan 8 billones de pesos, lo que plantea un desafío significativo para las finanzas públicas y exige la movilización urgente de nuevas fuentes de recursos.

Ávila Plazas presentó un balance preliminar sobre el impacto del frente frío y la ola invernal que afecta amplias regiones del país, así como las medidas fiscales y financieras propuestas para atender la emergencia y acelerar la recuperación.

El reporte evidencia la magnitud del choque climático: 65 emergencias registradas, 53 de ellas por inundaciones en 61 municipios de ocho departamentos, con más de 69.000 familias afectadas y 10 fallecidos. A esto se suman daños severos en infraestructura crítica como viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud, así como la afectación de cerca de 20.000 hectáreas productivas y la destrucción de más de 4.100 viviendas.

Tras la suspensión de medidas tributarias previas por parte de la Corte Constitucional de Colombia, el Gobierno de Colombia propuso un nuevo esquema de financiación mediante decreto de emergencia, con el objetivo de garantizar liquidez inmediata para atender la crisis.

La medida contempla la creación de un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas, con una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (equivalentes a aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. De acuerdo con las proyecciones, el 56% del recaudo provendría de estas dos actividades, dada su alta capacidad contributiva.

Este instrumento busca asegurar recursos en el corto plazo, permitiendo financiar la atención humanitaria, la rehabilitación de infraestructura y la reactivación productiva en las zonas afectadas, sin comprometer la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

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Alivios financieros y retos para la recuperación productiva

En paralelo, el sector financiero presentó un paquete de alivios dirigido a las comunidades afectadas, que incluye un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, la conservación de la calificación crediticia, la suspensión de cobros incluso en cartera en mora, así como atención prioritaria y programas de educación financiera.

Si bien estas medidas fueron valoradas positivamente, el Gobierno destacó la necesidad de avanzar en acciones complementarias. Entre ellas, la reducción de las tasas de interés para créditos dirigidos a la economía popular, especialmente para pequeños productores que enfrentan limitaciones de acceso, aun cuando el Fondo Nacional de Garantías cubre hasta el 90% del riesgo crediticio.

Asimismo, se planteó fortalecer el crédito asociativo y articular la financiación rural con la estrategia de reforma agraria, con el fin de asegurar que la entrega de tierras esté acompañada de acceso efectivo a capital productivo.

Estas acciones reflejan la importancia de una respuesta coordinada entre la política fiscal y el sistema financiero, no solo para atender la emergencia inmediata, sino también para impulsar una recuperación inclusiva y resiliente, especialmente en las regiones rurales más vulnerables del país.