–De viva voz, exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc, reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ser máximos responsables del reclutamiento y utilización de niñas y niños, así como de los tratos crueles, homicidios, violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio que ellas y ellos sufrieron al interior de las filas de la guerrilla.

El reconocimiento lo hicieron en un video que presentaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad los excabecillas Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo, imputados como máximos responsables en el Caso 07 que adelanta la JEP por el reclutamiento y la utilización de niñas y niños. Ellos, además de aceptar su responsabilidad hicieron manifestaciones de perdón a las víctimas y a la sociedad en general.

En noviembre de 2024 la Sala llamó a seis antiguos integrantes del secretariado a reconocer su máxima responsabilidad por cinco patrones macrocriminales. En primer lugar, por el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, incluso menores de 15 años. En segundo lugar, por los malos tratos, las torturas y los homicidios cometidos en contra de niños y niñas reclutados. En tercer lugar, por las violencias reproductivas que afectaron especialmente a niñas reclutadas. En cuarto lugar, por las violencias sexuales documentadas en contras de niños y niñas reclutadas y, en quinto lugar, por las violencias basadas en el prejuicio, las cuales fueron documentadas en contra de niños y niñas reclutadas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.

La Sala documentó que esta violencia sucedió a gran magnitud y escala, llegando a determinar un universo de 18.677 víctimas, desde 1971 hasta 2016. Resaltando una violencia que era invisible, incluso frente al mismo Estado que, según registros depurados, sólo había adelantado 387 investigaciones por estos hechos y contaba con 45 sentencias en contra de miembros de esta antigua guerrilla, cinco de ellas absolutorias. Siguiendo la ruta del proceso dialógico, la Sala se encuentra estudiando las observaciones a las imputaciones que fueron realizadas tanto por las víctimas, el Ministerio Público y los comparecientes. Este paso sigue su curso y la Sala se pronunciará sobre ellas próximamente.

En este pronunciamiento los comparecientes de las Farc reiteran su voluntad de avanzar en la ruta dialógica hacia el reconocimiento de responsabilidad y la apertura de caminos restaurativos construidos con las víctimas. Igualmente, se refieren a los daños, profundos y duraderos, dejados por estas violencias. En este marco, expresan a las víctimas su apertura a iniciar diálogos y acercamientos orientados a profundizar en el entendimiento de las afectaciones que ellos causaron y reconocen la necesidad de contribuir a la no repetición de estos graves crímenes de guerra, haciendo un llamado a la sociedad en su conjunto, incluyendo a nuevas estructuras de violencia.

Dentro del proceso dialógico que adelanta la Sala de Reconocimiento, se acogen estas manifestaciones como una muestra de voluntad en la construcción de caminos restaurativos, que tengan como punto de partida el reconocimiento de la responsabilidad individual y colectiva y la reflexión sobre los daños causados a las víctimas y a la sociedad en general. La Sala reitera que este no es un punto de llegada, sino el inicio del encuentro entre los comparecientes y las víctimas acreditadas que deseen transitar este camino restaurativo.

En el modelo de esta Jurisdicción, corresponde a las víctimas y a sus representantes judiciales leer, escuchar y sopesar el alcance de las manifestaciones de los comparecientes, así como decidir qué significado tienen para sus propios procesos y reflexiones y para el inicio de una ruta de reconciliación. Lo mismo le corresponde a la sociedad colombiana. La JEP, en cumplimiento de su mandato, trasmite este mensaje e informará al país sobre el avance que tenga el Caso 07 en este sentido en los próximos meses.

Preliminarmente, los representantes de víctimas han señalado que estas manifestaciones de los comparecientes constituyen una muestra de disposición de permanecer en la ruta dialógica y un posible primer paso hacia el diálogo directo que algunas víctimas han solicitado desde el inicio del proceso en 2019. Con estas reflexiones incorporadas al expediente, la Sala definirá la ruta metodológica y procesal para dar inicio a estos encuentros.

La Sala recuerda que las 2.000 víctimas individuales acreditadas en este caso son personas que hoy son adultas y que fueron reclutadas siendo niños y niñas. Algunas de ellas sufrieron también otros tipos de violencias intrafilas, incluidas violencias de género y por prejuicio. Este universo también incluye familiares de niños y niñas que fueron reclutados y hoy se encuentran desaparecidos. La Sala, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, busca a 485 niños y niñas reclutados por las antiguas Farc-EP que no volvieron a sus hogares. Dada las condiciones de intimidad, seguridad y protección que se deben salvaguardar, la Sala iniciará este camino diseñando las rutas metodológicas y de participación adecuadas y pertinentes para este tipo de violencias.

La Sala recuerda que estas rutas deben profundizar no sólo en el conocimiento de las historias de vida y de resiliencia de las víctimas, sino en los daños e impactos que ellas han experimentado. La Sala, desde el Auto 05 de 2024, hizo eco de las voces de las víctimas que siguen haciendo duelo a sus infancias, que reconstruyen día a día no sólo sus proyectos de vida sino sus identidades y que afrontan su presente y futuro viviendo con profundos daños emocionales, psicológicos y físicos. La Sala documentó con profundidad, también, los impactos causados por las violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio que sufrieron algunas de ellas. Muchas víctimas viven en ambientes de estigmatización y exclusión, en donde su victimización aún no es reconocida, incluso por el mismo Estado.

La Sala también recuerda que en el Caso 07 participan más de 9.000 personas agrupadas en seis colectivos étnicos raciales, que incluyen a los Koreguaje en Caquetá, a los Hitnü en Arauca, a los Barí en Norte de Santander, a los Sikuani en Guaviare, a los Cubeo en el Vaupés y al Consejo Comunitario El Nuevo Futuro de Los Grandes Luchadores de Santa Rosa Cauca (Consafro) en Valle del Cauca, para quienes estas violencias significó la agravación del riesgo de su extinción física y cultural, y quienes tienen cosmovisiones y formas de organización propia que deben ser respetadas por la JEP, por lo que también se deben diseñar rutas especiales de diálogo.

Así, el Caso 07 cuenta con la participación de más de 11.000 víctimas individuales y colectivas, quienes han contribuido activamente en la construcción de este proceso judicial. No sólo solicitando su acreditación voluntaria y dejando sus observaciones a las versiones rendidas por los comparecientes, sino participando en audiencias de ampliación de información sobre los hechos sufridos, incluyendo audiencias especiales sobre afectaciones por violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio que sufrieron, muchas de ellas, aún siendo niños y niñas. Producto de este proceso de escucha directa a las víctimas, la Sala también cuenta con más de 4.700 demandas de verdad que serán incluidas en esta ruta restaurativa.

Próximamente, la Sala también determinará la máxima responsabilidad individual que les cabe a otros comparecientes que ejercieron mandos regionales en las estructuras territoriales de las extintas Farc, quienes, después de ser llamados a reconocer su responsabilidad, podrán unirse a este proceso restaurativo y profundizar en el entendimiento regional de estas afectaciones.

La Sala continuará avanzando, garantizando la centralidad de las víctimas y el cumplimiento efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, honrando el principio de justicia restaurativa que orienta el trabajo de esta Jurisdicción. Buscando, especialmente, que estos graves crímenes cometidos en contra de niños y niñas no queden, ni en la impunidad, ni en el pasado.

El conocimiento de estas violencias, el reconocimiento de los daños sufridos por las víctimas, incluso por quienes los causaron, habilitan una reflexión mayor en la que hoy también vinculamos a la sociedad en general para encontrar formas en que la niñez sea realmente protegida en nuestro país y no sea arrojada a la guerra nunca más.

Datos clave:

-18.677 niños y niñas fueron reclutados y utilizados por las Farc-EP entre 1971 y 2016.

-1999, 2002, 2007 y 2013 son los picos de reclutamiento.

-1996-2016 es el periodo de mayor recurrencia de hechos.

-62% de las víctimas individuales, acreditadas en el Caso 07, tenían 14 años o menos cuando fueron reclutadas.

-18% de las víctimas reclutadas, acreditadas en el Caso 07, reportaron haber padecido violencias sexuales intrafilas.

-19% sobrevivientes, acreditadas en el caso, sufrieron abortos forzados.

-24% de las víctimas acreditadas en el caso reportaron violencia de género.

-24% de las mujeres sobrevivientes del reclutamiento acreditadas en el caso, sufrieron anticoncepción forzada.

-31% de las víctimas reclutadas que están registradas aún permanecen desaparecidas.