–Cinco excabcillas del bloque Caribe de las extintas Farc fueron llamados por la JEP a reconocer públicamente su responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto de los cautiverios en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar, y en la ciudad de Barranquilla. En especial en dos subregiones donde se concentraron: La Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, así como en Montes de María y La Mojana. La Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad se realizará los días 21 y 24 de abril.

Los máximos responsables regionales imputados por los secuestros cometidos en esta región del país y que fueron convocados a esta audiencia son Abelardo Caicedo, alias ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, alias ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, alias ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Cuadras, alias ‘Leonardo Guerra’ o ‘Leonardo Muñoz’; y Uriel Oviedo, alias ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’. De ellos, solo Uriel Oviedo había sido procesado por la justicia ordinaria por estos crímenes.

La JEP les imputó el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes cometidos contra las personas cautivas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, así como violencia sexual. También se les atribuye el crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos en medio de los secuestros como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.

Para imputarlos por estos crímenes, la Sala de Reconocimiento de Verdad, encargada de la investigación, realizó una minuciosa contrastación judicial. Este proceso incluyó el análisis de informes de la Fiscalía, de las víctimas y de organizaciones civiles. Además, se examinaron las versiones escritas y orales de 72 comparecientes de esta estructura de las extintas Farc, así como las observaciones que realizaron 56 víctimas sobre las versiones de los excombatientes ante la JEP y sobre el Auto No. 19 de 2021, en el que se imputó a siete antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP por los secuestros cometidos en todo el país.

Fue así como la sala determinó que el extinto Bloque Caribe actuó conforme a las políticas ordenadas por el Secretariado y ejecutó los secuestros siguiendo tres patrones criminales. Secuestraron para financiar su organización armada, para promover el intercambio por guerrilleros presos y para buscar el control social y territorial en la región. Los cinco comparecientes ya aceptaron su responsabilidad por escrito por estos hechos. Todos ellos tenían mando para ejecutar los planes del Secretariado, conocer lo que ocurría en la región, e imponer disciplina a sus subalternos.

En la investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que el bloque Caribe fue una de las estructuras de las antiguas Farc que más secuestros perpetró. Es responsable del 15% de los casos cometidos por la antigua guerrilla en todo el país, detrás del bloque oriental, responsable del 34% de los casos y del bloque noroccidental, que fue responsable del 27%.

La mayoría de los secuestros del bloque Caribe tuvieron fines económicos. Privaron de la libertad en casas, fincas, en ataques a municipios, pero sobre todo en retenes ilegales o «pescas milagrosas» en las vías del Caribe colombiano. La mayoría de las víctimas no tenía cómo pagar lo que pedía la antigua guerrilla, así que terminaron negociando su libertad por montos de entre uno y cinco millones de pesos, que para esas familias significaba una suma de dinero difícil de pagar. Los retenes ilegales, además, tuvieron un impacto en la vida de las personas que dejaron de usarlas por temor.

Asimismo, la sala documentó que el sector más afectado por los secuestros extorsivos fue el ganadero, por ser uno de los más representativos de la región. Este gremio fue estigmatizado, pues en muchas ocasiones la antigua guerrilla los señaló como “aliados del paramilitarismo», sobre todo cuando se negaban a pagar las extorsiones. Como resultado, muchos de ellos fueron víctimas no solo de secuestros, sino también de asesinatos, desapariciones forzadas y otros crímenes.

El bloque Caribe de las extintas Farc-EP tenía como objetivo establecer condiciones políticas y militares que les permitieran controlar el territorio, incluidas las vías estratégicas en los departamentos Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla. Para alcanzar ese propósito, privó de la libertad a quienes consideraba “enemigos» o colaboradores del adversario. Además, los integrantes de este bloque cometieron asesinatos y provocaron el desplazamiento forzado de cientos de personas para consolidar su dominio en la región.

Entre los secuestros con fines de intercambio por guerrilleros presos, el bloque Caribe es responsable de la privación de la libertad de la exministra de Cultura Consuelo ‘La Cacica’ Araújo, en 2001, asesinada por sujetos de la agrupación cuando el Ejército Nacional intentó rescatarla. Esta estructura también es responsable del secuestro de Fernando Araujo Perdomo, en 2000, quien permaneció durante seis años en cautiverio.

La Sala de Reconocimiento de Verdad también recogió los malos tratos a los que fueron sometidas las víctimas de secuestro de este bloque. Por ejemplo, un sobreviviente de la fuerza pública relató ante la JEP que en el marco del secuestro lo golpearon con la trompetilla de los fusiles, lo que le ocasionó múltiples fracturas y pérdida de la visión.

La investigación de la JEP también detalló cómo el secuestro fue un crimen que dejó secuelas en las víctimas y sus familias, incluso cuando pudieron recuperar la libertad. Asimismo, documentó cómo el daño se extendió a las comunidades y los territorios.

En el Caso 01 de la JEP, en el que se abordan los secuestros de las extintas Farc, hay 4.439 víctimas acreditadas. De ellas, 827 señalan al bloque Caribe como presunto responsable de su secuestro y otros crímenes cometidos en medio del cautiverio. De este grupo, 432 son víctimas directas, 364 son familiares y allegados, y 19 son familiares de personas asesinadas o desaparecidas tras haber sido secuestradas.

¿Por qué se convoca esta audiencia?

En junio de 2022 se realizó la primera Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Caso 01, en el que se investigan los secuestros de las extintas Farc. En esta, siete excabecillas del último secretariado aceptaron ser los máximos responsables de las políticas de secuestro en todo el país y de no haber controlado a sus subalternos para evitar que las víctimas sufrieran otros crímenes durante el cautiverio.

Desde ese año, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP comenzó a investigar a las siete estructuras que operaban por debajo del secretariado de las extintas Farc, entre esas el antiguo bloque Caribe. Solo de este modo sería posible responder a las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas, entender cómo operaba la antigua guerrilla en las regiones, el daño diferenciado que causó, y contribuir a la construcción de la verdad judicial y a la memoria histórica.

Para esta audiencia, las víctimas y los comparecientes imputados del bloque Caribe participarán en encuentros dialógicos previos. En estos espacios, realizados con acompañamiento psicológico, los comparecientes escucharán en persona a las víctimas para comprender sus demandas de verdad y reconocimiento, para así responder a ellas.

Estos encuentros también brindan herramientas para que comparecientes y víctimas puedan expresar y profundizar, en un tiempo distinto al del conflicto, lo que vivieron. Además, permite que las víctimas definan si desean participar de manera pública o reservada en la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad.

¿Qué sigue en el proceso?

Si los comparecientes del bloque Caribe reconocen responsabilidad y aportan verdad completa, detallada y exhaustiva durante la audiencia y siguen cumpliendo con sus compromisos con el Acuerdo Final de Paz, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones. Con esta decisión, el proceso pasará a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, que es la encargada de imponer las Sanciones Propias. Si los comparecientes no reconocen su responsabilidad, sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Esa instancia deberá decidir si inicia un juicio adversarial, más parecido al de la justicia ordinaria, y en caso de ser hallados responsables por esa vía, podrían recibir sanciones de hasta 20 años de cárcel.