–(Imagen ilustrativa). La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, presentó un informe que pone en evidencia los «Daños Invisibles» del terrorismo de los grupos armados ilegales, una realidad silenciosa de la cual poco o nada se ha hablado ni en Colombia y ni en el mundo. «Los animales no participan en la guerra, pero la padecen. Son desplazados, heridos, abandonados o eliminados sin posibilidad de defensa», advierte.

En Colombia cada 30 minutos un animal pierde la vida o resulta gravemente herido por acciones atribuibles a grupos armados no estatales y, en total, 44 especies animales están en riesgo de extinción inminente como consecuencia del conflicto armado y más de 100.000 animales domésticos individuales han resultado muertos o heridos, precisa.

El informe visibiliza el daño devastador causado a los animales durante el conflicto armado en Colombia entre 2017 y
2026, estableciendo, además, las 9 formas de utilización de animales en la guerra interna que libran las agrupaciones armadas contra el Estado. Y sitúa a los animales como víctimas directas e indirectas de las dinámicas
de conflicto.

Expone, igualmente las graves consecuencias de la expansión de las economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación y el tráfico de vida silvestre.

El desarrollo del derecho internacional humanitario, el derecho penal y los derechos humanos, diseñados para mitigar y poner fin a los peores estragos del conflicto social sobre los seres humanos, ha dejado de lado a los animales durante demasiado tiempo.

La JEP advierte que este informe contribuye a disipar cualquier incertidumbre sobre la existencia de daños generalizados y graves a las poblaciones animales en el contexto del conflicto armado colombiano.

Identifica nueve modalidades distintas a través de las cuales los animales son instrumentalizados en los conflictos armados, subrayando hasta qué punto la explotación de los animales está arraigada en las economías de la guerra, donde se les utiliza no solo como recursos, sino también como mecanismos para ejercer control, infundir miedo y sostener las operaciones militares.

Agrega que el informe replantea el concepto mismo de paz. Plantea que la paz sostenible no puede limitarse únicamente al restablecimiento de las relaciones humanas, sino que debe abarcar la reconstitución de los sistemas ecológicos y la protección de todas las formas de vida afectadas por la violencia. Al hacerlo, invita a replantearse profundamente la
reconciliación como un proyecto tanto humano como ecológico, que reconozca la interdependencia entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente, y que busque reparar todo el espectro de daños generados por los conflictos armados.

Este trabajo realizado por la UIA se inscribe en el horizonte de las garantías de no repetición. Identificar patrones de daño permite anticipar riesgos y diseñar medidas de prevención.

Contribuye a comprender la relación entre conflicto armado, territorio y las múltiples formas de vida que lo habitan.

En ese marco, la protección de los animales adquiere un sentido que se conecta con la construcción de una paz sostenible.

El informe detalla que el uso de animales para el transporte ha sido una práctica persistente en distintos conflictos, especialmente en territorios donde las condiciones geográficas limitan otras formas de movilidad. Caballos, mulas y burros han sido empleados para trasladar combatientes, evacuar heridos y movilizar alimentos, armas o medicinas. Esta incorporación responde, en buena medida, a la necesidad de sostener operaciones en zonas rurales, montañosas o selváticas, donde los caminos son precarios o inexistentes. Sin embargo, su uso también introduce una dimensión material que condiciona la guerra: los animales requieren alimentación, descanso y cuidados constantes, lo que incide en los tiempos y trayectorias de los grupos armados. En conflictos del siglo XX se estima que entre 5 y 6 millones de animales fueron utilizados en labores logísticas y mulas y caballos cargaron suministros e incluso a unidades completas de infantería.

En el caso colombiano, testimonios recogidos muestran que estos animales eran parte de la vida cotidiana de los campamentos, no solo como soporte físico de la movilidad, sino como cuerpos sometidos a las mismas exigencias del entorno bélico.

Otra forma de uso implica incorporar animales en la activación o transporte de explosivos, aprovechando su presencia habitual en determinados entornos para evitar sospechas. En estos casos, los animales son cargados con artefactos o utilizados como portadores involuntarios de dispositivos que detonan al entrar en contacto con personas o infraestructuras. Esta práctica está prohibida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que la considera una forma de perfidia, al implicar engaño y poner en riesgo indiscriminado a la población (CICR, 1980).

El caso ocurrido en el municipio de Chalán, Sucre, en 1996, donde un burro cargado con explosivos causó la muerte de 11 policías, ilustra la gravedad de este tipo de acciones (JEP, 2023). También se han documentado relatos sobre el uso de roedores en contextos de guerra para afectar equipos o interferir con minas antipersona, lo que evidencia que incluso especies pequeñas pueden ser instrumentalizadas bajo la apariencia de indefensión que da ser diminuto (Sanroque, 2021).

En algunos contextos, los animales han sido utilizados para infligir dolor físico o psicológico, en prácticas que
buscan extraer de las víctimas información o confesión, o las buscan someter a castigos ejemplarizantes que
provoquen temor en el resto de la comunidad.

Investigaciones documentan el uso de serpientes como herramienta de tortura y el empleo de caimanes en situaciones donde las víctimas eran dejadas en entornos acuáticos bajo condiciones de extrema vulnerabilidad.

Testimonios recogidos por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá relatan que, en una zona de Puerto Triunfo (Antioquia), existía un lugar conocido como “La Isla”, donde integrantes de grupos paramilitares al mando de Ramón Isaza cavaban huecos en los que enterraban a las víctimas, dejando únicamente la cabeza expuesta.

Sobre ella vertían miel, lo que provocaba ataques de avispas. Este método era utilizado como forma de castigo contra jóvenes señalados de consumir drogas o cometer robos.

Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) documenta que, en zonas del Meta y Vichada, grupos paramilitares amarraban a algunas personas y las obligaban a permanecer en ciénagas o lagunas, expuestas tanto al agotamiento físico como al riesgo de ser atacadas por animales. Estas prácticas no solo afectan de manera directa a las
víctimas, sino que también dejan huellas profundas en las comunidades, al reforzar formas de control basadas en el miedo.

En distintos escenarios, los animales han sido utilizados como mecanismos de alerta rápida. Su capacidad para percibir sonidos, olores o movimientos permite detectar la presencia de otras personas antes de que sea evidente para los humanos. Perros, aves y otros animales pueden reaccionar mediante ladridos, movimientos o cambios de comportamiento que advierten sobre la proximidad de tropas o combatientes. Esta función, sin embargo, también ha llevado a su eliminación cuando representan un obstáculo, como ocurre con el envenenamiento de perros para evitar que alerten sobre desplazamientos militares (Comisión de la Verdad, 2022).

Relatos en contextos selváticos muestran cómo sonidos de monos, recorridos intempestivos de animales grandes o incluso la presencia de luciérnagas eran interpretados como señales de movimiento humano, integrando a estos animales en dinámicas de vigilancia que combinan observación del entorno y conocimiento empírico del territorio.

Más allá de la alerta inmediata, algunos animales han sido incorporados en esquemas de vigilancia más continuos. En estos casos, se aprovechan capacidades sensoriales específicas —como el olfato o la audición— para monitorear el entorno, proteger campamentos o detectar posibles amenazas.

Perros entrenados, por ejemplo, han sido utilizados para custodiar instalaciones, transportar mensajes y ubicar personas. En contextos como los campamentos de las FARC-EP, también se documenta la integración de diversas especies —desde aves hasta mamíferos— en redes de observación adaptadas a entornos hostiles.

En otros escenarios, más de 20.000 perros fueron incorporados a las fuerzas militares para tareas de vigilancia y protección. Este tipo de uso muestra cómo los animales son incorporados en dispositivos de control territorial que combinan entrenamiento, conocimiento del entorno y aprovechamiento de sus capacidades sensoriales, sin que ello elimine las tensiones que implica su utilización en contextos de guerra.

El uso de animales también aparece en estrategias de guerra biológica, particularmente a través de enfermedades transmitidas de animales a humanos.

Las zoonosis permiten expandir el daño de manera amplia, ya que su transmisión puede ocurrir de forma natural entre especies y resultar difícil de contener. El bioterrorismo, entendido como la liberación deliberada de agentes
biológicos, se apoya en estas características para generar afectaciones que superan el campo de batalla. Se estima que el 80% de los patógenos con potencial uso en guerra biológica son zoonóticos (Ryan, 2008), lo que evidencia la centralidad de los animales en este tipo de prácticas. Este uso no se limita a un impacto inmediato, sino que puede
desencadenar efectos prolongados en la salud pública y en los ecosistemas.

En algunos contextos, los animales han sido utilizados para reproducir mensajes orientados a promover o imponer la presencia de un grupo armado. Su uso no se limita a la transmisión de consignas, sino que también incluye su incorporación como soporte visual de propaganda.

Esta práctica se apoya en la cercanía cotidiana entre humanos y animales, lo que permite que los mensajes circulen de manera constante y, en muchos casos, sin mediación directa.

Un ejemplo documentado es el de aves como los loros, capaces de repetir palabras o frases, lo que las convierte en portadoras involuntarias de discursos asociados al conflicto. Se ha registrado el caso de una lora que repetía expresiones como “Paraco asesino” o “Viva la guerrilla”, incorporando en su comportamiento cotidiano los lenguajes de la confrontación.

Este tipo de situaciones muestra cómo los repertorios simbólicos de la guerra pueden instalarse en espacios domésticos y comunitarios, difuminando las fronteras entre lo cotidiano y lo bélico.

De manera más explícita, también se ha documentado el uso de animales como superficie para inscribir mensajes. Durante el paro armado declarado por el clan del golfo en mayo de 2022, que afectó a 13 departamentos del país, en varios
municipios de la región Caribe se observaron mulas y burros con las siglas del grupo pintadas sobre su piel.

En muchos casos, estos animales eran los únicos visibles en carreteras o espacios públicos, funcionando como una señal de advertencia para la población frente a la orden de restringir la movilidad.

En ciertos grupos armados, los animales han sido incorporados en rituales que buscan ofrecer protección frente a la muerte, reducir el riesgo de quedar heridos en combate o fortalecer simbólicamente a quienes participan en la confrontación.

Estas prácticas no responden a una lógica militar convencional, sino a sistemas de creencias que combinan elementos de religiosidad popular, brujería y saberes locales. En este marco, los animales son investidos de propiedades que se consideran mágicas: su fuerza, agresividad o capacidad de supervivencia se traducen en atributos deseables para
quienes enfrentan escenarios de lucha armada.

Esto fue común en la guerra que hubo entre el grupo paramilitar dirigido por Miguel Arroyave (el Bloque Centauros) y las autodefensas comandadas por alias Martín Llanos en el Casanare.

En Colombia, distintos testimonios dan cuenta de lo anterior. Por ejemplo, se ha documentado que algunos combatientes consumían sangre de animales como parte de rituales orientados a “blindarse” frente al peligro o aumentar su resistencia física y emocional.

Este tipo de prácticas aparece en relatos de exintegrantes de grupos armados, donde la ingesta de sangre —de animales o incluso de personas— se inscribe en lógicas de protección y cohesión interna. En esa misma línea, decisiones judiciales y testimoniales han señalado que algunos mandos paramilitares promovían este tipo de rituales como forma de preparación
antes de combates o incursiones, reforzando la idea de invulnerabilidad.

También se han registrado referencias a cabecillas de grupos sucesores del paramilitarismo —como alias “Gavilán”, antiguo jefe del clan del golfo— en contextos donde circulaban creencias sobre prácticas esotéricas o rituales de protección asociados a su figura, aunque estas no siempre están plenamente documentadas en fuentes judiciales sino en relatos de excombatientes y reportes periodísticos que dan cuenta de la importancia de estos imaginarios en la construcción de autoridad dentro de los grupos (Policía Nacional, 2017).

Este tipo de instrumentalización no es exclusivo del caso colombiano. En otros contextos de conflicto y criminalidad organizada, se ha documentado el uso de partes de animales —como colmillos, garras o plumas— en rituales asociados a
protección, poder o estatus. Por ejemplo, el uso de colmillos de grandes felinos o plumas de aves exóticas ha sido ampliamente registrado en distintas culturas como símbolos de fuerza, liderazgo o conexión espiritual con la naturaleza.

Animales como medio para atemorizar a la población y exigir el pago de extorsión a comerciantes y finqueros

Finalmente, los animales han sido utilizados como instrumentos para generar miedo en la población. En estos casos, el objetivo no es su uso directo en el combate, sino el efecto simbólico que produce su sacrificio o exhibición.

La violencia ejercida sobre animales en espacios visibles puede operar como un mensaje dirigido a comunidades específicas, reforzando dinámicas de control territorial y castigo. Por ejemplo, El 11 de marzo de 2023, miembros de un grupo armado ilegal empleando motosierras sacrificaron 6 reses en una finca ubicada sobre la vía que de Chinú conduce a Sampués, Sucre. Luego de sacrificar y descuartizar a los animales gran parte de la carne fue abandonada, por lo que se intuye que podría tratarse represalias por el no pago de una extorsión (Defensoría del Pueblo, 2024).

En resumen, el informe detalla que entre 2017 y 2026, al menos 100.252 animales han sido afectados en el contexto del conflicto armado en Colombia. Esta cifra, aunque parcial, permite aproximarse a la dimensión acumulada del daño.

En el 32% de los registros, los animales fueron afectados directamente por acciones militares. Esto incluye muertes o
heridas causadas en medio de emboscadas, hostigamientos, enfrentamientos armados o ataques con drones.

En el 27% de los casos, se identificó abandono forzado de animales domésticos, generalmente como consecuencia del desplazamiento forzoso de sus cuidadores. En estos escenarios, muchos animales mueren por inanición o quedan en condiciones de extrema vulnerabilidad. Este dato muestra cómo el desplazamiento forzado no solo afecta a las personas, sino que también rompe las relaciones de cuidado que sostienen la vida animal.

Las afectaciones a los animales no se distribuyen de manera homogénea en el territorio. Existen zonas donde la convergencia entre conflicto armado, economías ilegales y riqueza ambiental produce impactos más intensos.

Antioquia se destaca como el departamento que concentra la mayor cantidad de especies amenazadas por el conflicto
armado. En este territorio habitan especies como el arrierito antioqueño, el paujil piquiazul, distintas ranas arlequín y el mono araña, todas ellas afectadas por dinámicas de violencia y degradación ambiental.

Un caso particularmente crítico es el del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, identificado como una de las zonas protegidas más amenazadas. Allí, especies como las ranas arlequín, las ranas de cristal y la serpiente del caño del Dagua enfrentan riesgos asociados a la minería ilegal, la producción de clorhidrato de cocaína y la deforestación.

Estos patrones territoriales muestran que las afectaciones a los animales están estrechamente ligadas al control del territorio y a las actividades económicas que se desarrollan en él.

El estudio señala a los presuntos responsables y dinámicas asociadas, así:

El análisis de los datos sugiere que las disidencias de las FARC-EP son el grupo armado no estatal que más estaría
amenazando a las especies de animales silvestres en Colombia.

Dentro de estas estructuras, el Frente Jaime Martínez, coordinado por alias Iván Mordisco, aparece como la subestructura con mayor incidencia en territorios donde se concentran especies en riesgo.

Estas afectaciones están directamente relacionadas con las economías ilegales que sostienen a los grupos armados.

Actividades como la minería ilegal, la deforestación, el narcotráfico y el tráfico de fauna generan daños negativos
profundos en los ecosistemas.

Como señala la UNODC (2024), los grupos armados han diversificado sus fuentes de financiación, incorporando el tráfico de madera y de especies silvestres. En este contexto, los animales son tratados como recursos explotables dentro de
economías ilícitas.

El impacto más alarmante de estas dinámicas es la degradación de la diversidad biológica, que no solo amenaza la supervivencia de las especies, sino también los equilibrios ecológicos que sostienen la vida.

Consideraciones finales y recomendaciones

El reconocimiento de los animales como víctimas del conflicto armado puede sustentarse, en primer lugar, en
una idea básica: si un ser puede sufrir, entonces ese sufrimiento importa.

Andrea Padilla (2022) plantea que la sintiencia —la capacidad de sentir dolor y placer— funciona como una “condición umbral” para entrar en el campo de los derechos. Esto no significa que los animales tengan los mismos derechos que los humanos, sino que tienen derechos propios, acordes con su condición.

Desde esta perspectiva, el derecho no es estático. Es una construcción social que evoluciona con los cambios culturales, y por tanto puede —y debe— ampliarse para reconocer a nuevos sujetos. Como señala la autora, “la dogmática del derecho es dinámica y evolutiva, por lo cual debe acompasarse con el cambio social” (Padilla, 2022, p. 194). Si hoy
entendemos que los animales sienten y pueden ser afectados por la violencia, entonces el derecho tiene razones suficientes para reconocerlos como sujetos que merecen protección.

En segundo lugar, reconocer a los animales como víctimas no depende de que tengan capacidad para reclamar sus derechos por sí mismos.

Padilla (2022) explica que los animales son pacientes morales, es decir, beneficiarios de la justicia debido a su
vulnerabilidad y dependencia. El hecho de que no puedan acudir a un juez no elimina sus derechos, sino que exige mecanismos de representación por parte de quienes sí tienen capacidad jurídica. Además, sus derechos no necesitan estar
expresamente escritos en la ley para existir: pueden ser entendidos como derechos innominados, derivados de los derechos ambientales y desarrollados a través de la interpretación judicial.

Este punto es clave en contextos de conflicto armado. Los animales no participan en la guerra, pero la padecen. Son desplazados, heridos, abandonados o eliminados sin posibilidad de defensa. Desde esta perspectiva, su reconocimiento como víctimas no es un gesto simbólico, sino una consecuencia lógica de su condición de seres sintientes expuestos a daños reales.

Finalmente, el lenguaje de los derechos aparece como la herramienta más adecuada para dar este paso. No solo por su fuerza normativa, sino porque históricamente ha sido el vehículo para reconocer a sujetos que antes eran excluidos.

El informe hace énfasis en reconocer a los animales como víctimas del conflicto armado, lo cual implica traducir estas ideas en el campo jurídico: pasar de verlos como cosas o daños colaterales, a entenderlos como seres que han sido afectados por la violencia y que, por tanto, deben ser incluidos en las respuestas de justicia, reparación y memoria.

Los animales silvestres también han sido gravemente impactados. Al menos 44 especies se encuentran en riesgo crítico de desaparición por dinámicas asociadas al conflicto armado, como la deforestación, la minería ilegal, el
tráfico de fauna o la expansión de economías ilícitas en territorios biodiversos. En ambos casos — domésticos y silvestres— no se trata de daños abstractos, sino de afectaciones concretas, verificables y sistemáticas.

A esta base conceptual se suma una situación fáctica que no se puede ignorar. Los animales domésticos han sido afectados de manera directa por la violencia: muchos son abandonados cuando sus cuidadores se ven obligados a desplazarse, otros resultan heridos o mueren en medio de enfrentamientos armados, y otros son instrumentalizados en prácticas que les causan sufrimiento o la pérdida de la vida.

Finalmente, el lenguaje de los derechos aparece como la herramienta más adecuada para dar este paso. En términos sencillos, reconocer a los animales como víctimas del conflicto armado es pertinente porque existe un daño real, y es viable porque el derecho ya cuenta con herramientas para hacerlo. No se trata de crear una figura completamente nueva, sino de ampliar el alcance de categorías existentes a partir de evidencia y principios jurídicos generales. Dar este
paso implica dejar de ver a los animales como cosas o daños secundarios, y reconocerlos como seres que han sido afectados por la guerra. Esto, a su vez, abre la puerta a su inclusión en medidas de reparación, en políticas de protección y en los procesos de memoria y verdad, ajustando el derecho a una realidad que durante mucho tiempo permaneció invisible.

A partir de todo lo planteado en este informe, es posible plantear medidas concretas que respondan tanto a las afectaciones inmediatas como a los riesgos de largo plazo. En primer lugar, se requieren estrategias de atención veterinaria en contextos de desplazamiento forzado, que incluyan protocolos para el traslado de animales domésticos, su recepción en albergues y la provisión de atención básica en salud. Esto implica fortalecer redes públicas de atención
veterinaria en municipios receptores de población desplazada, con servicios accesibles y articulados a la respuesta humanitaria. En segundo lugar, es necesario incorporar a los animales en los procesos de memoria y verdad, reconociendo su afectación en los relatos del conflicto y en los mecanismos institucionales de esclarecimiento.

De manera complementaria, se requieren medidas urgentes de protección para las especies en riesgo crítico, especialmente en territorios donde convergen conflicto armado y degradación ambiental. Esto implica intervenir zonas identificadas, fortalecer áreas protegidas y actuar de forma decidida frente a economías ilegales como la minería ilícita, la deforestación y el tráfico de fauna. En este punto, los esfuerzos nacionales pueden y deben articularse con
iniciativas globales. La propuesta liderada por la Universidad de Essex, bajo la coordinación de Matthew Gillett, que busca el reconocimiento del ecocidio como quinto crimen internacional en el Estatuto de Roma, representa un avance clave. Este tipo de iniciativas permite conectar las dinámicas locales con marcos internacionales, fortaleciendo la
protección de la naturaleza y de los animales en contextos de conflicto.

Estas recomendaciones también abren una discusión más amplia sobre el alcance de la justicia transicional.

Reconocer a los animales como víctimas implica ampliar la forma en que entendemos la guerra y sus impactos. No se trata únicamente de reparar daños humanos, sino de reconocer que la violencia ha afectado múltiples formas de vida. Este cambio permite cuestionar las lógicas de dominación que han sostenido el conflicto, muchas de las cuales se basan en la apropiación de territorios, recursos naturales y fauna como botines de guerra.

Desde una perspectiva filosófica y política, este reconocimiento puede contribuir a una paz más duradera.

Cuando los seres humanos dejan de verse como superiores y comienzan a reconocer otras formas de vida como dignas de consideración, se debilitan las bases simbólicas de la violencia. La guerra no solo se sostiene por intereses económicos o estratégicos, sino también por formas de pensar que legitiman la explotación. Avanzar hacia una relación más equilibrada con la naturaleza y con los animales no es un asunto marginal: es parte de construir una sociedad menos
violenta, donde la vida deje de ser tratada como un recurso disponible y se entienda como un valor compartido, concluye el informe.