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Acciones administrativas y penales anunció Petro contra fondos privados si no devuelven los ahorros pensionales

–En el consejo de ministros, este miércoles, el presidente Gustavo Petro afirmó que el artículo 76 de la ley pensional está vigente y debe cumplirse, tal como lo determinó la Corte Constitucional, y pidió a la Secretaría Jurídica actuar frente a cualquier funcionario que lo haya desconocido. Al respecto, notificó: «Si los fondos privados no devuelven los ahorros conforme a las sentencias de la Corte Suprema, se iniciarán acciones administrativas y penales».

Además señaló que la Superintendencia Financiera deberá tomar las medidas correspondientes.

Igualmente el jefe del Estado afirmó que ejercerá su competencia constitucional con relación a la “inspección, vigilancia y control sobre las personas naturales o jurídicas que realicen actividades financieras (…) y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público”.

En ese sentido, anunció que impartirá “nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público tanto en EPS como en Fondos Privados de Pensiones que se han negado a girar las pensiones que adeudan de los actuales pensionados que se trasladaron a Colpensiones”.

De otro lado, recordó que hasta el 16 de julio, las y los trabajadores que estén a 10 años o menos de cumplir la edad de pensión pueden trasladarse libremente de fondo.

A la fecha, 150.000 personas han ejercido este derecho y 25.000 ya alcanzaron su pensión en las últimas semanas. El llamado es a garantizar el cumplimiento de la ley y el derecho de las y los trabajadores, puntualizó.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la suspensión del Decreto 415 pone en riesgo el mínimo vital de 25.000 pensionados.

Según explicó, la decisión genera una doble pertenencia a regímenes prohibida por la Ley 100 al mantener los ahorros en fondos privados mientras los trabajadores ya se trasladaron a Colpensiones.

Agregó que esto impacta las finanzas públicas y afecta a 132.000 personas que ejercieron su derecho al traslado.

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