Este viernes, las autoridades venezolanas confirmaron que la cifra de víctimas fatales por la fuerte secuencia sísmica que sacudió a Venezuela el pasado miércoles ascendió a 920 muertos y al menos 3.360 heridos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, brindó este nuevo balance oficial sobre la tragedia ocasionada por dos potentes temblores de magnitud 7,2 y 7,5 que colapsaron gran parte del país, desencadenando una de las mayores crisis humanitarias y de infraestructura en la historia reciente de la región.

A la par de los reportes gubernamentales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló datos alarmantes a través de su Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Según la institución, el número de personas desaparecidas tras el desastre natural podría alcanzar las 50.000. Asimismo, las evaluaciones preliminares de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculan que hasta 6,76 millones de personas han resultado afectadas de manera directa o indirecta por los sismos, incluyendo aproximadamente dos millones de damnificados tan solo en Caracas.

La llamada «zona cero» de la catástrofe se concentra en el estado costero de La Guaira, ubicado al norte de la capital, el cual ya ha sido declarado como zona de desastre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En esta región y en las áreas aledañas se contabilizan más de 380 edificaciones con daños estructurales severos o totales. Además, el colapso ha perjudicado de forma crítica al sistema de salud y comercio local, reportando la afectación directa de 13 hospitales y 25 centros comerciales que ahora se encuentran en ruinas.

En una operación calificada como «extremadamente compleja», los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan contra reloj. Cerca de 30 equipos de rescate urbano provenientes de al menos 17 países —que suman más de 1.600 rescatistas y decenas de caninos especializados— se han desplegado en el territorio. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene custodiando las zonas más inestables, ya que las autoridades calculan que aún hay alrededor de 172 personas atrapadas bajo toneladas de concreto y escombros, y hasta el momento se han registrado más de 300 réplicas que complican el panorama.

Sin embargo, el impacto del terremoto ha comenzado a generar una aguda tensión social derivada de la interrupción de servicios básicos y la escasez de productos de primera necesidad. En sectores como Catia la Mar, se han reportado presuntos saqueos en diversos establecimientos y supermercados. En medio de la desesperación por las largas filas para recibir ayuda humanitaria, grupos de personas han sido captados extrayendo de forma irregular alimentos y bebidas de comercios locales, una situación que evidencia el elevado grado de angustia ciudadana.

Ante el caos logístico y la necesidad de priorizar el traslado de heridos, el Gobierno venezolano ha emitido un exhorto oficial para que los ciudadanos eviten viajar a La Guaira y así prevenir el colapso de las vías de acceso. Las autoridades han enfatizado que cualquier tipo de colaboración voluntaria o entrega de donativos debe ser canalizada exclusivamente a través de los centros de acopio oficiales habilitados en Caracas, permitiendo que la maquinaria pesada y la asistencia médica internacional fluyan hacia las áreas más devastadas.