El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un enérgico llamado este lunes a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que intercedan en la pronta liberación del creador de contenido y activista, Beto Coral. La situación, que el mandatario califica de supuesta persecución, mantiene al connacional detenido en Estados Unidos. Petro justificó su petición bajo el argumento de que el ciudadano colombiano estaría sufriendo presuntas presiones indebidas y tortura psicológica en su centro de reclusión.

La retención del influenciador se produjo a mediados de este mes en el estado de Arizona, cuando agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo interceptaron en la calle. Desde entonces, su situación legal y migratoria ha estado en vilo, generando una ola de reacciones por las características inusuales de su captura, la cual ocurrió poco después de que participara activamente haciendo campaña en contra de la ultraderecha en el marco de las elecciones colombianas.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado catalogó a Beto Coral como un supuesto preso político y de conciencia. Asimismo, Petro denunció públicamente que existiría un presunto interés por parte de las autoridades estadounidenses para obligar al detenido a declarar que es un agente infiltrado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia. En sus mensajes recientes, el mandatario también exhortó al Gobierno de Donald Trump y a figuras como Marco Rubio a rendir cuentas claras sobre el trato y las verdaderas motivaciones de la detención.

El trasfondo de esta situación radica en la férrea oposición pública del activista hacia el sector conservador colombiano, particularmente hacia el político y abogado Abelardo de la Espriella. Según las declaraciones del Gobierno de Colombia, el arresto obedecería a una presunta retaliación orquestada por sectores afines a De la Espriella, quien previamente habría insinuado en sus plataformas digitales que vendrían acciones contra Coral. No obstante, las acusaciones sobre los supuestos motivos políticos detrás del proceder de los agentes migratorios norteamericanos continúan siendo materia de debate diplomático, sin que exista una sentencia o explicación judicial concluyente por parte de Estados Unidos.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, el presidente Petro ordenó a la Cancillería de Colombia que asuma un rol activo para exigir respuestas al Gobierno estadounidense y gestionar la libertad del influenciador. La administración nacional aseguró que el Estado pagaría el transporte para el retorno de Coral al país si se da una deportación, reafirmando que no claudicarán en la defensa de los connacionales que denuncien presuntas arbitrariedades por parte de autoridades extranjeras.