–El derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue demandado en un tribunal de Estados Unidos por las familias de seis jóvenes asesinados en Venezuela, acusándolo de ordenar ejecuciones extrajudiciales y torturas a manos de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES), como parte de un patrón más amplio de violencia estatal.

Los demandantes, protegidos por seudónimos, afirmaron que entre 2017 y 2021, las FAES, bajo el mando de Maduro, ejecutaron a los hijos de cuatro de ellos y a los hermanos de otra. Además, todos los demandantes alegan haber sido víctimas de torturas, y tres de ellas ejercen una acción específica por este delito, según detalla la demanda presentada el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, ubicado en Brooklyn.

La demanda, de 44 páginas, indica que las víctimas son parte de las miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FAES, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de abusos, incluso por parte de Naciones Unidas. El depuesto mandatario venezolano está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico.

Los demandantes exigen una compensación económica de Maduro.

La demanda civil describe cómo los agentes llegaron a los barrios de las víctimas de madrugada, vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto, y separaron a los hombres de sus familias antes de dispararles. Luego, los funcionarios fabricaron relatos según los cuales las víctimas se habían «resistido a la autoridad». Una de las demandantes relató que su hijo murió ahogado por su propia sangre tras ser golpeado brutalmente y tiroteado por agentes de las FAES.

«Maduro utilizó a las FAES como instrumento político y mecanismo de control social para reprimir violentamente la disidencia, aterrorizar a los barrios de bajos ingresos y eliminar a la oposición política», afirma la demanda, que sostiene que el Poder Judicial venezolano, sesgado, ha impedido que se rindan cuentas por los asesinatos. Todos los testimonios acusan a las FAES de alterar la escena del crimen y en algún caso revelan que la fiscalía confesó tener orden de no investigar a este cuerpo.

La semana pasada, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido su presunto testaferro, Alex Saab, desde la semana pasada, según reportó el diario Miami Herald.

Los fiscales federales han puesto el foco en Saab, deportado el 16 de mayo de Venezuela a Estados Unidos para afrontar cargos por lavado de dinero, porque piensan que posee información detallada sobre la estructura financiera de Maduro, según «personas familiarizadas con las investigaciones» citadas por el diario de Miami.

«Ese interés surge mientras el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, desarrollada en el sur de Florida y centrada, al menos en parte, en posibles delitos financieros», informó el diario.

Este reporte se suma a una nota de CBS News del 19 de mayo que expuso, con base en «múltiples fuentes» anónimas, que fiscales federales en Miami recibieron órdenes para abrir una nueva indagatoria criminal contra Maduro «en medio de preocupaciones sobre que el proceso pendiente en su contra es débil».

La nueva investigación, según CBS News, se abrió en marzo después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por «narcoterrorismo», narcotráfico y posesión de armas, pues el DOJ y la Casa Blanca han «expresado en privado» su «preocupación» por la falta de cargos de lavado de dinero.

Este segundo proceso, añade el mismo reporte, lo lidera el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, junto a agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y la sección de Investigación Criminal del ISR, el fisco estadounidense.

La nueva indagatoria toma fuerza tras el proceso contra Saab, empresario colombiano y exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), acusado en el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Según el DOJ, el caso de Saab involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables.

Con dicho proceso, los investigadores de EE.UU. están examinando si Saab podría ser «el arma más valiosa contra» Maduro, según el Herald.

Nacido en Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional. (Información DW).