–La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías de Barranquilla (Atlántico) a seis integrantes de una empresa de préstamos en la modalidad de «gota a gota», como presuntos responsables de secuestrar y torturar a uno de sus cobradores, por la supuesta pérdida de entre 15 y 30 millones de pesos.

Los procesados son el director de la empresa, Luis Mariano Díaz González; los comerciantes Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio y José David Martínez Ibáñez; y los cobradores Alexis Rafael Jiménez Uribe y Stiven Rafael Bolaños de la Hoz.

La investigación, adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, estableció que un grupo de al menos 20 personas llegó hasta la vivienda de la víctima y, mediante amenazas con armas de fuego dirigidas contra ella y su familia, la obligó a salir del inmueble.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a una vivienda del barrio Las Granjas, en Soledad (Atlántico), donde permaneció privada de la libertad. Durante el cautiverio habría sido golpeada en diferentes partes del cuerpo, atacada con tubos y tablas, sufrió una herida en una mano ocasionada con una navaja, fue golpeada con la cacha de un arma de fuego y amenazada de muerte, junto con su familia, con el propósito de obligarla a confesar el supuesto hurto e indicar el paradero del dinero.

De manera paralela, los hoy procesados presuntamente exigieron a los familiares de la víctima responder por el dinero que, según ellos, había sido perdido o, en su defecto, transferirles una vivienda que figuraba a nombre del padre de la víctima. Finalmente, esta recuperó su libertad.

Según los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía, Mariano Díaz González sería el determinador de la retención ilegal y uno de los participantes en las agresiones contra la víctima; Bolaños de la Hoz, el coordinador de las agresiones; Jiménez Uribe, quien convocó a los demás participantes y coordinó la retención ilegal; Tirado Bossio, quien participó en el traslado de la víctima, su custodia y las agresiones; Rocha Gamero y Martínez Ibáñez, quienes intervinieron en la custodia, las amenazas y las agresiones físicas durante el cautiverio.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro simple agravado y tortura. Los cargos fueron aceptados y la juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia. Asimismo, los procesados realizaron un acto de reparación por 10 millones de pesos a favor de la víctima.