Se dio a conocer  la existencia de un documento reservado que advierte sobre una supuesta estrategia coordinada por sectores de la administración saliente y diversos actores políticos para erosionar la gobernabilidad del presidente electo, Abelardo De la Espriella. La presunta maniobra, que activó las alertas de seguridad en el país, tendría como propósito principal proyectar una imagen de crisis temprana e inestabilidad institucional, buscando limitar el margen de maniobra del nuevo mandatario desde el inicio de su gestión.

El análisis, elaborado por una entidad denominada «Colombia Observation Station» bajo la clasificación de confidencial, establece un periodo de alto riesgo estratégico para los próximos 90 a 180 días. Según los expertos, el objetivo central de esta aparente campaña no sería impugnar legalmente los resultados de las urnas, sino trasladar la fricción política al escenario de la gobernabilidad diaria. Para lograrlo, se buscaría instalar en la opinión pública nacional e internacional la percepción de que la nueva administración carece de respaldo popular y es incapaz de ejercer un control efectivo del territorio.

Los métodos de esta supuesta operación seguirían una secuencia escalonada, comenzando por la amplificación de rumores sobre presuntas irregularidades electorales sin sustento probatorio, para luego derivar en fuertes presiones sociales. El texto alerta que estructuras presuntamente ligadas al crimen organizado podrían aprovechar legítimas movilizaciones ciudadanas como fachada para bloquear vías nacionales, atacar infraestructura crítica y generar un clima de caos que debilite la figura del nuevo jefe de Estado frente a sus electores.

Uno de los capítulos más sensibles del informe señala la aparente intención de fracturar la relación entre el Gobierno entrante y las Fuerzas Armadas. Las instituciones de seguridad se convertirían en blanco de intensas campañas de desprestigio si se ven obligadas a intervenir ante alteraciones del orden público. De este modo, decisiones operacionales rutinarias correrían el riesgo de ser manipuladas digitalmente para fabricar supuestos escenarios de represión estatal, buscando la judicialización de los uniformados y la condena de organismos internacionales.

El impacto de esta supuesta desestabilización encontraría su mayor foco en regiones históricamente afectadas por la debilidad estatal y las economías ilícitas, tales como el Cauca, Nariño, Arauca, el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño. Esta advertencia surge en un clima de alta tensión política tras las recientes elecciones, marcado por fuertes discursos de figuras de la oposición, como el senador Iván Cepeda, quien recientemente hizo llamados públicos a la «desobediencia civil» pacífica, lo que añade una capa de complejidad al periodo de empalme gubernamental.

Frente a estos presuntos riesgos, el documento recomienda a las autoridades electas y salientes mantener una articulación interinstitucional impecable durante los primeros 100 días de mandato. Asimismo, sugiere documentar de manera rigurosa cualquier incidente violento, diferenciar estrictamente la protesta pacífica de la supuesta infiltración armada y establecer canales de comunicación sólidos para neutralizar rápidamente la desinformación y proteger el orden constitucional de la República.