El Consejo de Estado en Colombia decidió suspender de manera provisional el decreto expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual eliminaba la prima especial mensual de aproximadamente 18 millones de pesos para los congresistas. La determinación del tribunal administrativo se fundamenta en que la eliminación de este rubro podría generar un «efecto cascada», alterando de forma irregular la estructura salarial de otros altos funcionarios del Estado que no pertenecen al poder legislativo.

El conjuez ponente a cargo de la decisión, Héctor Santaella Quintero, argumentó en el auto que existen elementos suficientes para decretar esta medida cautelar mientras se resuelve de fondo una demanda de nulidad. Según el análisis preliminar de la sala, aunque el decreto estaba dirigido exclusivamente a los parlamentarios, el régimen salarial colombiano —reglamentado en la Ley 4 de 1992— vincula los ingresos de los congresistas con los de otros servidores, lo que provocaría que las repercusiones de la derogatoria se esparcieran capilarmente por diversas entidades públicas.

De esta manera, el alto tribunal advirtió que aplicar el decreto presidencial impactaría negativamente las remuneraciones de miles de trabajadores estatales. Entre las instituciones que sufrirían este presunto daño colateral en sus escalas salariales se encuentran la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional, cuyos topes y bases de ingresos están atados por ley al salario de los legisladores.

Cabe recordar que la expedición de este decreto fue presentada por el Gobierno Nacional como una medida de austeridad para reducir los privilegios económicos del Congreso, en respuesta a un reclamo histórico de la ciudadanía. Sin embargo, la justicia contencioso-administrativa encontró que, en esta etapa temprana del proceso, se evidencia una posible infracción a las reglas constitucionales y legales que estructuran el Estado social de derecho, haciendo obligatoria la suspensión del documento (Decreto 2170 de 2013) para proteger la estabilidad del sistema público.

Finalmente, el Consejo de Estado hizo hincapié en que esta suspensión provisional no representa un prejuzgamiento ni una decisión definitiva sobre la legalidad de la norma. El tribunal continuará con el estudio exhaustivo de la demanda para determinar si el Ejecutivo se extralimitó en su potestad reglamentaria, y será únicamente mediante una sentencia de fondo que se definirá si los congresistas pierden o conservan definitivamente esta millonaria prima de servicios.