–La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional de 10 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), investigados por las presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso de una agrupación musical y la realización de una «parranda vallenata» en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad La Paz, en Itagüí (Antioquia).

La medida cautelar cobija a los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; al intendente, Eduardo Parra Ceballes; los tenientes: Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez; y al inspector jefe, Salvador Del Cristo Jiménez Palencia, a partir del 17 de julio de 2026.

Los hechos investigados ocurrieron el 8 de abril de 2026, cuando, al parecer, se omitieron los controles de ingreso, registro y reseña de los integrantes del grupo musical que ingresó al establecimiento penitenciario, además de un presunto ocultamiento de información y posibles irregularidades en un informe oficial.

La Procuraduría concluyó que no han desaparecido los motivos que dieron lugar a la medida cautelar y que el reintegro de los investigados podría facilitar la reiteración de las conductas objeto de investigación o interferir en el desarrollo del proceso disciplinario.

En consecuencia, el ente de control ordenó prorrogar la suspensión provisional hasta el mes de octubre de 2026, al considerar que la medida cautelar continúa siendo idónea, necesaria y proporcional para proteger la investigación para esclarecer las presuntas responsabilidades de los servidores públicos involucrados.

De otro lado, ante las denuncias sobre presuntos planes de fuga en la cárcel La Paz de Itagüí, la Procuraduría
realizó una reunión extraordinaria de seguridad, en la cual se exhortó a las autoridades para fortalecer las medidas de protección y vigilancia. Durante la jornada, Inpec, Policía y Fiscalía asumieron compromisos para reforzar la seguridad y custodia de las personas privadas de la libertad.