–El juez estadounidense Alvin K. Hellerstein fijó para el 1 de junio del 2027 la fecha del juicio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
La decisión fue tomada este miércoles durante la tercera audiencia judicial en contra de Maduro y de su esposa, quienes el pasado 3 de enero fueron secuestrados en Caracas por fuerzas militares de EE.UU. durante un operativo militar y bombardeo en el que murieron por lo menos 80 personas.
El togado de la Corte de Distrito Sur de Nueva York estableció que el inicio del juicio será el 1 de junio, a las 11:00 de la mañana (hora local).
Conforme a la información proveniente de un escrito dirigido por el fiscal de EE.UU., para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton al Departamento de Justicia, citado por el periodista Arturo Ángel, la defensa del mandatario venezolano propuso dividir la exposición de los argumentos legales en dos fases o mociones distintas.
La primera ronda de mociones, que arranca en septiembre de este año, se centrará planteamientos jurisdiccionales y en la inmunidad de la que goza Maduro como jefe de Estado, lo que podría poner fin al caso. Estos argumentos serán respondidos por la Fiscalía el 2 de octubre y la defensa podrá ofrecer sus réplicas el 16 de octubre.
Se espera que en noviembre de este año se lleve a cabo una audiencia sobre esas mociones.
A partir de enero de 2027, comenzaría la segunda ronda de mociones previas al juicio. Un mes después, en febrero, se prevé la réplica de la Fiscalía a esos argumentos y en marzo, la respuesta de la defensa.
Tras la invasión militar, Maduro y la diputada Flores fueron trasladados a una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York, en donde se encuentran privados de libertad mientras la Justicia de EE.UU. determina su futuro en un proceso proceso viciado, ilegal, carente de jurisdicción e infundado, en el que se les acusa de supuesto «narcoterrorismo».
La primera audiencia se llevó a cabo dos días después de la agresión militar que dejó más de 100 víctimas fatales, entre ellos civiles, militares venezolanos y 32 soldados cubanos que prestaban servicio en Venezuela como parte de la Guardia Presidencial.
En la segunda audiencia, que se realizó el pasado 26 de marzo, el juez descartó la petición de Barry Pollack, defensor de Maduro y Flores, para desestimar el caso debido a que los fondos para pagarle habían sido bloqueados por EE.UU., lo que implicaba que afectaban el derecho de sus clientes a defenderse.
Maduro gobernó su país de manera autoritaria durante años al frente de un gobierno izquierdista.
A principios de este año, él y su esposa fueron capturados en la capital venezolana, Caracas, en una controvertida operación de las fuerzas especiales estadounidenses.
Washington ha acusado a Maduro de «terrorismo relacionado con el narcotráfico» y de usar su cargo para facilitar el contrabando de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Para ello, se dice que Maduro se confabuló con narcotraficantes y se benefició personalmente del plan.
En una audiencia judicial, Maduro y Flores se declararon «inocentes» y acusaron a Estados Unidos de haberlos secuestrado. Ambos están recluidos en una prisión del distrito neoyorquino de Brooklyn desde su detención.
Una audiencia anterior se centró en la cuestión de quién asumiría los costos de la defensa legal de la pareja. Mientras que los abogados de Maduro querían utilizar fondos del Estado venezolano, la fiscalía se opuso a ello. El tribunal dejó inicialmente en suspenso la decisión sobre este asunto. (Información RT y DW).

