–El Gobierno del presidente Gustavo Petro entregó a la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República el proyecto de Reforma Integral a la Ley 30 de 1992, con el que propone actualizar el marco que ha orientado la educación superior durante más de tres décadas y avanzar hacia un sistema más equitativo, democrático, pertinente y articulado con las necesidades del país.

El ministerio de Educación indicó que la reforma no se limita a modificar artículos. Propone un nuevo modelo de educación superior que reconoce este nivel educativo como un derecho y un bien común; fortalece la educación superior pública con una financiación sostenible; amplía las oportunidades de acceso, permanencia y graduación; promueve una gobernanza más democrática y participativa; fortalece la calidad desde la pertinencia y el impacto territorial; y orienta la formación, la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo de las regiones y del país.

La iniciativa desarrolla el mandato del Plan Nacional de Desarrollo y da continuidad al proceso iniciado con la Ley 2568 de 2026, mediante la cual el Gobierno modificó los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para garantizar una financiación más sólida y progresiva para las instituciones públicas de educación superior. Su construcción incorporó los aportes de estudiantes, docentes, rectores, trabajadores, organizaciones académicas y actores territoriales, recogidos en un amplio proceso de diálogo promovido por el Gobierno nacional.

Entre las principales medidas, el proyecto establece que los aportes a las universidades públicas crecerán cada año en un porcentaje no inferior al 70 % del incremento real del PIB; incrementa progresivamente del 2 % al 5 % el presupuesto obligatorio para bienestar universitario; dispone que las instituciones públicas destinen como mínimo el 10 % de su presupuesto a investigación, innovación y producción de conocimiento; impulsa la formalización progresiva de las plantas docentes y administrativas; y fortalece la democracia universitaria al duplicar la representación de estudiantes y docentes en los Consejos Superiores, incorporando además nuevos actores territoriales y sociales.

La reforma también crea los Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES) para articular a las instituciones de educación superior con los gobiernos territoriales; el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE), que reemplazará al Sistema Universitario Estatal (SUE) e incorporará representación de estudiantes y docentes; los Multicampus, para ampliar la oferta y compartir infraestructura, programas académicos y servicios en territorios históricamente excluidos; y el Plan Decenal de Educación Superior, que orientará el desarrollo del sistema con una visión de largo plazo.

«Entregamos a la bancada del Pacto Histórico la continuidad de un trabajo que no nos pertenece a unos pocos, que es el fruto de un gobierno que decidió ver a la juventud como aliada y no como su enemiga y que junto a ella, logró avances históricos en materia de educación. La lucha sigue y se traslada al Congreso y como es natural, a una juventud organizada que siga defendiendo este camino. Cuentan conmigo para seguir respaldando la educación pública y a este proyecto de ley que traza la ruta para que la educación sea, de una vez por todas, un derecho fundamental», afirmó el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín.

El proyecto también fortalece el bienestar universitario, redefine el papel del ICFES como entidad técnica para el seguimiento y evaluación del sistema de educación superior y reorienta el ICETEX para priorizar el acceso a estudios de posgrado y formación en el exterior mediante esquemas de financiación con enfoque redistributivo y de retribución social del conocimiento.

Con la entrega de esta iniciativa a la bancada del Pacto Histórico, el Congreso de la República debatirá sobre la mayor transformación de la educación superior en más de tres décadas. La propuesta busca consolidar un sistema público de educación superior más sólido, ampliar las oportunidades para las y los jóvenes, fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país y convertir el conocimiento en un motor del desarrollo de las regiones y de Colombia.