–Por presuntas inconsistencias de un contrato de Colombia Compra Eficiente para implementar herramientas de ciberseguridad en las entidades públicas a nivel nacional, la Procuraduría General de la Nación pidió explicaciones a la entidad sobre varios aspectos críticos del proceso.

En ese sentido, el Ministerio Público demandó información sobre la pluralidad real de oferentes, la dependencia de autorizaciones expedidas por fabricantes, la posible existencia de canales únicos, la selección de marcas en la operación secundaria, la metodología de evaluación económica y el manejo del riesgo cambiario.

Asimismo, el ente de control solicitó explicaciones sobre requisitos de experiencia, condiciones de personal, factores técnicos de puntuación y posibles inconsistencias entre el pliego, los anexos, los formatos y la minuta del proceso.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que la competencia no puede ser únicamente formal y que las reglas del instrumento deben evitar que la selección de una marca reduzca la participación a uno o pocos proveedores.

La actuación es estrictamente preventiva y no suspende el proceso ni sustituye las competencias de Colombia Compra Eficiente. Su propósito es anticipar riesgos, fortalecer la transparencia y garantizar condiciones objetivas de participación.

Finalmente, el ente de control exhortó a la Agencia a evaluar la realización de mesas técnicas con fabricantes, proveedores, integradores, expertos, agremiaciones y entidades compradoras antes de avanzar en las etapas definitivas del proceso.

Colombia Compra Eficiente, creada por medio del Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011, es la Agencia Nacional de Contratación Pública en Colombia, encargada, entre otras cosas, de proponer al Gobierno Nacional las políticas públicas, planes, programas y normas en materia de compras y contratación pública buscando la efectividad entre la oferta y la demanda en el mercado y criterios de racionalización normativa, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.