–El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, German Ávila Plazas, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027, por un monto de $575,6 billones,
equivalente a 27,0% del PIB.

Del monto total a financiar, 1,4% del PIB ($30,2 billones) corresponden a ingresos contingentes sujetos a la aprobación del proyecto de ley de recursos adicionales por parte del H. Congreso de la República, en virtud de 10 dispuesto por el artículo 347 de la Constitución Política C.P. y el artículo 54deI Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP).

Del monto total, $545,1 billones corresponden a recursos de la Nación y $30,5 billones de ingresos propios a los Establecimientos Públicos Nacionales. En materia de rentas, $308,9 billones provendrán de ingresos tributarios y $905 mil millones de ingresos no tributarios.

Los ingresos totales pasan de 27,3% del PIB en 2026 a 25,5% del PIB en 2027, con una reducción de 1,7% del PIB. Este retroceso obedece esencialmente a que la proyección para 2027 excluye los recaudos derivados de las medidas tributarias adoptadas en 2026 al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto Ley 150 de 2026), así como a un menor recaudo por impuestos externos, en línea con la desaceleración prevista de las importaciones contemplada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026.

Este proyecto de ley está formulado con base en el MFMP 2026 y es consistente con la senda de consolidación fiscal allí prevista, que contempla eI retorno pleno al cumplimiento de la regla fiscal a partir de 2028.

Asimismo, se fundamenta en las normas de responsabilidad fiscal vigentes y busca avanzar hacia un desarrollo incluyente y sostenible, preservando la estabilidad macroeconómica.

Entre los supuestos macroeconómicos empleados en la formulación del PGN 2027 se destacan: un crecimiento económico de 2,2%, una inflación de 4,4%, una devaluación promedio de 2,7%, una tasa de cambio promedio de $3.859 por dólar y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 2,0% del PIB

En términos de composición del gasto, el PGN 2027 reduce su tamaño relativo frente a la economía al pasar de 27,5% del PIB 2026 a 27% del PIB en 2027. Excluyendo el servicio de la deuda, que asciende a $118,0 billones (5,5% del PIB), el gasto total alcanza $454,3 billones (21,3% del 2).

El retroceso del gasto primario respecto al crecimiento proyectado del PIB nacional está explicado por la disminución en términos reales de los gastos de funcionamiento e inversión; los cuales aumentan 0,5% en términos nominales, cifra inferior a la inflación proyectada para 2027 (4,4%).

El gasto de funcionamiento programado ($367,7 billones) es altamente inflexible. Seis rubros explican el 86,7% de su
crecimiento: SGP; pensiones incluidas las asignaciones de retiro; aseguramiento en salud; Fondo de prestaciones Sociales del Magisterio, Instituciones de Educación Superior Pública (IESP) y gastos de personal.

La inversión pública programada asciende a $90 billones en 2027 (4,2% del PIB), con una reducción de 0,2 % del PIB respecto a 2026, cuando llegó a 4,4% del PIB. Esto debido a la inflexibilidad del gasto de funcionamiento, aunada a la insuficiencia estructural de los ingresos corrientes y a la necesidad de avanzar en la reducción del déficit primario del GNC en línea con el retorno pleno a los parámetros de la regla fiscal en 2028.

En todo caso, en cumplimiento de la Constitución Política, la mayor parte del gasto sin deuda se dirige fundamentalmente a los programas sociales(artículo 350 de la C.P); así como a financiar las obligaciones asociadas a la operación de la fuerza pública, la rama judicial, la nivelación salarial y la preservación del poder adquisitivo de los servidores públicos.

El ministro Ávila señaló que la corrección del desbalance entre los ingresos fiscales y eI gasto público nacional es un desafío estatal que requiere la adopción de reformas constitucionales y legales de gran calado: una reforma tributaria estructural, minimizar las rentas con destinación específica, disminuir la inflexibilidad presupuestal y elevar la eficiencia y calidad del gasto público.

Finalmente, el Ministro de Hacienda destacó que la reducción estructural del déficit fiscal depende críticamente de la posibilidad de lograr un amplio consenso político y social, por lo cual debe ser diseñado e implementado de forma gradual, lo que implica fortalecer la coordinación de la políticas monetaria y fiscal en el marco de la autonomía constitucional del Banco Emisor, para evitar una súbita contracción económica que aumente el déficit fiscal por la vía de un menor recaudo tributario y mayores presiones de gasto público social.