–El Gobierno de Gustavo Petro se acerca al cierre de su periodo después de cuatro años marcados por intervenciones a varias EPS, cambios en la administración de los recursos, la puesta en marcha de un nuevo modelo para el magisterio y una reforma que no completó su trámite. Mientras avanzaban esas decisiones, la cobertura de afiliación retrocedió, las reclamaciones de los usuarios aumentaron y los principales indicadores financieros del aseguramiento profundizaron su deterioro.

Las precisiones corresponden al panorama presentado por Así Vamos en Salud en el informe Corte de cuentas del sector salud durante el periodo 2022–2026, una evaluación que compara las condiciones existentes en agosto de 2022 con la situación registrada al finalizar el cuatrienio. El documento revisa las decisiones adoptadas, la evolución de los principales indicadores y el estado en que la próxima administración recibirá el sistema.

El estudio aplica una metodología estandarizada que busca establecer qué recibió el Gobierno, cuáles medidas implementó, cómo evolucionaron los indicadores y qué condiciones entrega al finalizar su mandato. La evaluación no se limita a describir cambios institucionales o normativos, sino que examina la capacidad del sistema para responder a las necesidades de pacientes, usuarios y comunidades durante el periodo analizado.

-El acceso a los servicios, la cobertura de afiliación y la experiencia ciudadana.
-La suficiencia financiera, la UPC, los presupuestos máximos y la situación contable de las EPS.
-La salud pública, la vigilancia epidemiológica y las coberturas de vacunación.
-La implementación del modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
-El seguimiento al cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-760 de 2008.

La información fue construida mediante la integración y validación de registros del Ministerio de Salud y Protección Social, la ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el DANE, la Corte Constitucional y el FOMAG. El informe reconoce que algunas fuentes presentan rezagos de notificación o diferencias institucionales y señala que, ante esas situaciones, priorizó los datos considerados más consolidados y estables.

El sistema comenzó el cuatrienio cerca de la cobertura universal, aunque ya mostraba diferencias entre los regímenes contributivo y subsidiado, además de brechas en departamentos como Vichada, Vaupés y Chocó. Durante los años siguientes, el porcentaje nacional de afiliación descendió y el informe calcula que poco más de un millón de personas quedaron por fuera de la cobertura al finalizar el periodo evaluado.

La atención ambulatoria tuvo una recuperación durante la primera mitad del Gobierno, pero el crecimiento no se mantuvo. Después de alcanzar su mayor registro en 2024, el volumen de personas atendidas regresó a niveles cercanos a los observados en 2022. El documento también identifica una contracción en los servicios de urgencias y hospitalización, pese a que entre los trabajadores permanece la percepción de agotamiento y sobreocupación asistencial.

Cobertura de afiliación: 99,61 % en junio de 2022 – 98,23 % en enero de 2026
Atención ambulatoria: 13,78 millones de personas en el primer semestre de 2022 13,77 millones al cierre de 2025
Mayor volumen ambulatorio: 17,91 millones en el primer semestre de 2024; el aumento no se sostuvo
Densidad hospitalaria: 1,93 camas por cada 1.000 habitantes en 2022; 1,9 camas por cada 1.000 habitantes
Camas para atención del parto: Referencia de 2021 3.156 camas, 18 % menos
Camas de UCI neonatal: Sin línea base equivalente en el cierre 1.681 camas
PQRS: 1.149.403 en 2022; 2.048.435 en 2025
Tutelas relacionadas con salud: Nivel registrado en 2022, 312.573 en 2025, con un aumento cercano al 100 %

La red hospitalaria conservó profundas diferencias territoriales

La evolución de la capacidad instalada no fue homogénea. Mientras las camas generales para adultos aumentaron durante el cuatrienio, la infraestructura destinada a la atención materna, perinatal y neonatal se redujo. El resultado fue una red con mayor capacidad en algunos servicios, pero todavía insuficiente para responder de forma equilibrada a las necesidades de diferentes grupos poblacionales y regiones.

La distribución geográfica tampoco presentó un cambio estructural. Bogotá y Antioquia concentraron el 30 % de las camas para adultos disponibles en el país, mientras otros departamentos mantuvieron una oferta limitada para prestar servicios de mayor complejidad. El informe señala que esta concentración territorial refleja la persistencia de problemas en la distribución de la infraestructura hospitalaria.

A este panorama se sumó el cierre definitivo de 4.104 instituciones prestadoras de servicios de salud entre 2021 y 2025, según información entregada por el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud mediante un derecho de petición. Bogotá registró 580 cierres, seguida por Antioquia con 273, Atlántico con 268 y Cali con 227.

La dimensión de estos cierres adquiere mayor relevancia al considerar la composición de la oferta nacional. Las instituciones privadas representaban el 69 % de las IPS registradas, frente al 30 % correspondiente a instituciones públicas y el 1 % de entidades mixtas. Por tanto, las dificultades financieras y operativas de este segmento tienen efectos directos sobre buena parte de la capacidad prestadora del país.

Las intervenciones no redujeron de manera general las reclamaciones

La intervención forzosa administrativa fue una de las principales herramientas empleadas durante el cuatrienio. Las medidas alcanzaron a Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Coosalud, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca, entidades cuya operación quedó bajo decisiones directas de la Superintendencia Nacional de Salud.

De acuerdo con el informe, estas decisiones alteraron el funcionamiento del aseguramiento y pudieron anticipar parte de la demanda, debido al temor de algunos usuarios frente a posibles interrupciones de la atención. Sin embargo, los resultados no fueron iguales en todas las entidades y las intervenciones no lograron reducir de manera general la insatisfacción expresada por los afiliados.

Después de las respectivas medidas, las PQRS aumentaron 44 % en Nueva EPS, 41 % en Famisanar, 27 % en Sanitas y 11 % en Servicio Occidental de Salud. Asmet Salud, Capresoca y Emssanar registraron disminuciones en el mediano plazo, lo que muestra comportamientos diferentes entre las instituciones sometidas a intervención.

Al cierre de 2025, seis de cada diez reclamaciones correspondían a EPS intervenidas. En el ámbito judicial, las tutelas relacionadas con el derecho a la salud alcanzaron el nivel más alto del periodo evaluado y superaron los registros anteriores a la pandemia, lo que evidencia una mayor utilización de mecanismos administrativos y judiciales para exigir atención.

El aumento del presupuesto coincidió con un mayor deterioro financiero

El presupuesto del Sistema General de Seguridad Social en Salud creció en términos nominales y también se redujo la diferencia entre las unidades de pago por capitación de los regímenes contributivo y subsidiado. Pese a ese aumento, el informe registra una pérdida progresiva de liquidez, un mayor endeudamiento y una profundización de los resultados operacionales y patrimoniales negativos de las EPS.

Los presupuestos máximos también presentaron dificultades durante el periodo. Según el documento, los recursos destinados a financiar servicios y tecnologías no cubiertos por la UPC fueron asignados de manera incompleta y tardía, lo que trasladó compromisos entre vigencias y agregó presiones de liquidez para EPS, instituciones prestadoras, proveedores y demás actores vinculados con la atención.

Evolución financiera del aseguramiento y del FOMAG

Indicador 2022 – Último cierre disponible
Presupuesto del SGSSS: $73,8 billones – $114,9 billones en 2026
Endeudamiento agregado de las EPS: 1,11 1,93 en 2025 y 1,87 en mayo de 2026
Patrimonio agregado de las EPS: -$2,33 billones -$16,86 billones en 2025 y -$18,7 billones en mayo de 2026
Pérdidas operacionales de las EPS: -$4,24 billones; -$8,65 billones en 2025
Siniestralidad global: 103 % 109 % en 2025
Patrimonio de las EPS intervenidas: -$2,87 billones; -$11,79 billones en 2025 y -$13,06 billones en mayo de 2026
Endeudamiento de las EPS intervenidas: 1,30; 2,96 en 2025
Pérdidas netas de las EPS intervenidas: -$1,3 billones; -$3,9 billones en 2025
Patrimonio del FOMAG: $1 billón; -$3,01 billones en 2025
Endeudamiento del FOMAG; 0,79; 1,77 en 2025

Los resultados financieros muestran que el incremento de los recursos no estuvo acompañado por una recuperación de la posición patrimonial del aseguramiento. De acuerdo con el documento, los activos disponibles resultaron insuficientes para cubrir las obligaciones acumuladas, mientras los costos relacionados con la prestación continuaron superando los ingresos destinados a financiar la operación de las entidades.

El informe advierte que los datos oficiales disponibles no incluyen los estados financieros de Nueva EPS correspondientes a 2024 y 2025. Esta ausencia impide establecer con precisión la magnitud completa de la situación financiera del aseguramiento y podría modificar los resultados agregados cuando la información de una de las entidades con mayor número de afiliados sea incorporada.

Así Vamos en Salud presentó por separado las cifras publicadas por la propia entidad, aclarando que no correspondían a información oficial reportada ante la Superintendencia Nacional de Salud. Según esos datos, Nueva EPS habría registrado un patrimonio negativo de $11,9 billones en 2024, junto con pérdidas operacionales de $6,5 billones en 2023 y $4,8 billones en 2024.

Esta salvedad es determinante para interpretar el balance financiero del periodo, debido a que los consolidados sectoriales de los últimos años no contienen la totalidad de la información necesaria. El mismo informe reconoce que la incorporación de los datos faltantes podría evidenciar un deterioro mayor al reflejado actualmente por las cifras agregadas.

La implementación del nuevo modelo de salud del magisterio comenzó en mayo de 2024 y modificó la administración de los recursos, la contratación y la organización de la prestación. El esquema eliminó los intermediarios regionales y entregó a Fiduprevisora la administración directa de los recursos destinados a atender a docentes, beneficiarios y pensionados.

Al finalizar el periodo, el balance presentado por Así Vamos en Salud señala que el gasto creció por encima del recaudo y que el patrimonio del FOMAG pasó de positivo a negativo. En 2025, el recaudo efectivo alcanzó $3,66 billones, mientras la ejecución llegó a $4,11 billones y dejó un déficit anual cercano a $450.000 millones.

El índice de endeudamiento aumentó de 0,79 en 2022 a 1,77 en 2025. Con estos resultados, el documento concluye que el modelo enfrenta un desequilibrio estructural, debido a que el gasto aumenta por encima de los ingresos, el patrimonio se volvió negativo y las obligaciones acumuladas con la red prestadora continúan creciendo.