Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto de 2026 en el suroccidente del país, la senadora Norma Hurtado Sánchez, junto con congresistas de distintas bancadas, radicó un proyecto de ley que busca obligar al Estado colombiano a actualizar de forma periódica la norma sismorresistente.

La iniciativa modifica la Ley 400 de 1997 y plantea un cambio estructural en la gestión del riesgo sísmico, al establecer por primera vez plazos obligatorios de actualización técnica del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR).

El proyecto surge en un contexto de preocupación nacional, luego de que el sismo del 10 de agosto evidenciara la vulnerabilidad de edificaciones en varias regiones del país, especialmente en zonas donde la norma vigente NSR-10 lleva más de 16 años sin una actualización integral estructural, pese a los avances científicos y técnicos en ingeniería sísmica.

Un cambio de fondo en la prevención de desastres

La propuesta establece que la norma sismorresistente deberá actualizarse, como mínimo, cada cinco años, y que el país deberá realizar revisiones extraordinarias en un plazo máximo de 12 meses después de eventos sísmicos de gran impacto.

Además, incorpora por primera vez la obligación de aplicar los estudios de microzonificación sísmica en los procesos de licenciamiento urbanístico en los municipios donde estos ya existan, lo que impactaría directamente a las principales ciudades del país expuestas a amenaza sísmica.

También ordena al Gobierno Nacional fortalecer la asistencia técnica y financiera para que los municipios con mayor riesgo sísmico —que en Colombia superan el 80% del territorio nacional en nivel medio o alto de amenaza sísmica— y menor capacidad institucional puedan avanzar en la elaboración de estos estudios.

“Colombia no puede seguir actualizando su norma sismorresistente solo después de una tragedia. Este proyecto pone reglas claras, tiempos definidos y responsabilidad institucional para que la prevención deje de ser reactiva y se convierta en una política permanente del Estado”, afirmó la senadora Norma Hurtado.

El país ya tenía la información técnica, pero no un mecanismo obligatorio de actualización

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica ya había entregado a la Comisión Asesora Permanente el documento técnico AIS 100-24, como insumo para la actualización de la NSR-10, pero se completó a la fecha más de un año y medio atascados en discusiones de forma: procesando 1.689 comentarios sin metodología, omitiendo los tiempos del Análisis de Impacto Normativo (AIN) y manteniendo dos estudios de amenaza sísmica sin conciliar (SGC vs. AIS) y las consecuencia llegaron el 10 de agosto

Sin embargo, pese a la existencia de estos insumos técnicos, el proceso no cuenta con un marco legal que obligue a su adopción en tiempos definidos, lo que ha generado que la norma vigente permanezca sin una actualización estructural completa por más de una década y media.

El proyecto busca cerrar ese vacío institucional y evitar que la actualización de la norma dependa de coyunturas o decisiones discrecionales.

“Los terremotos no se pueden evitar, pero sus consecuencias sí se pueden reducir si el país actúa a tiempo”, concluyó la senadora.