–(Imágenes propaganda en redes sociales). En los últimos años, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ha aumentado drásticamente en Colombia, ante la falta de una respuesta eficaz por parte del gobierno, alerta Human Rights Watch en un informe publicado este lunes en Washington. «Aprovechando la pobreza, la exclusión social y la falta de educación, estos grupos los atraen con promesas de dinero, poder y prestigio, usando cada vez más las redes sociales», afirma la organización no gubernamental.

Advierte que «Colombia ha establecido una serie de políticas públicas y estrategias para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como para protegerlos y rescatarlos, pero suelen ser inadecuadas y, a menudo, insuficientes».

Y asegura que el gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella debería adoptar una política integral de seguridad y justicia para poner fin a estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar que las instituciones encargadas de proteger a los niños, niñas y adolescentes cuenten con los recursos y la capacidad necesarios para hacer frente a este flagelo.

El informe de 124 páginas, titulado “‘Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá’: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”, examina la dinámica del reclutamiento, los factores que los ponen en riesgo y las estrategias y herramientas que utilizan los grupos armados para reclutarlos, incluso a través de plataformas de redes sociales. Los investigadores también analizaron la respuesta del gobierno y sus deficiencias a la hora de prevenir el reclutamiento, protegerlos y rescatarlos, apoyar la reintegración de quienes han sido desvinculados y enjuiciar a los responsables.

“Los grupos armados en Colombia están reclutando a niños, niñas y adolescentes con impunidad, los sistemas de protección están fallando y las plataformas de redes sociales se han convertido en terreno fértil para el reclutamiento”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado”.

Según un análisis de datos de la Defensoría del Pueblo realizado por Human Rights Watch, al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados desde 2021. Aunque no se cuenta con datos exhaustivos, las cifras oficiales disponibles apuntan a un fuerte aumento de los casos desde 2023. Los grupos armados disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados, y más de la mitad de ellos se concentran en el Cauca, un departamento del suroeste del país.

Los niños y niñas indígenas representan casi la mitad de todos los casos documentados, a pesar de que los pueblos indígenas constituyen apenas el 4 % de la población de Colombia. Más del 30 % tenían entre 10 y 14 años, cuyo reclutamiento podría considerarse un crimen de guerra según el derecho internacional.

Human Rights Watch realizó 184 entrevistas con funcionarios del gobierno, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, defensores de familia y miembros de organizaciones de derechos humanos y de derechos de la infancia, y llevó a cabo reuniones grupales presenciales y virtuales con niños y niñas que habían sido víctimas de reclutamiento o que estuvieron en riesgo de ser reclutados.

Los investigadores revisaron más de 70 cuentas y 40 publicaciones en plataformas de redes sociales como Facebook y TikTok que glorificaban la pertenencia a grupos armados e invitaban a usuarios a unirse a ellos. Los investigadores también revisaron y analizaron datos de múltiples fuentes, incluidas instituciones nacionales y gobiernos locales.

Los grupos armados y delictivos organizados se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social, la violencia doméstica y las barreras de acceso a la educación para reclutar a niños, niñas y adolescentes con promesas de poder, dinero y prestigio. Los niños y niñas también son reclutados a través de intermediarios y reclutadores civiles a quienes se les paga hasta US$1.000 por cada niño o niña. En algunas ocasiones, el reclutamiento ha tenido lugar en escuelas rurales, incluyendo residencias escolares.

Los grupos armados también han aprovechado las redes sociales para glorificar la vida en sus filas, publicar ofertas de trabajo que son, en esencia, artimañas destinadas al reclutamiento, y contactar a niños y niñas a través de foros de chat públicos y servicios de mensajería privada. Estas plataformas no han sido efectivas detectando ni eliminando dicho contenido, y tampoco han prevenido adecuadamente su difusión. En algunos casos, sus algoritmos parecían promover estas publicaciones, lo que muy probablemente amplió considerablemente el alcance de los grupos armados.

Human Rights Watch se puso en contacto con Meta (Facebook) y ByteDance (TikTok) para informarles sobre estos hallazgos.

Ambas plataformas informaron que sus políticas prohíben la difusión de contenido que promueva, apoye o proclame a organizaciones violentas, incluidos los grupos armados colombianos, y que cuentan con mecanismos para prevenir su presencia en las plataformas y proteger a los niños. Ambas informaron haber removido los perfiles que Human Rights Watch les había señalado por tener contenido explícito de los grupos armados, incluyendo ofertas de reclutamiento.

Los grupos armados suelen trasladar a los niños y niñas a otras regiones para aislarlos, romper sus lazos familiares y comunitarios, y dificultar su escape. En algunos casos, estos reciben entrenamiento militar. En otros, son utilizados para recopilar información, servir como mensajeros, brindar atención médica, vigilar a rehenes, participar en actividades de tráfico de drogas o como guardaespaldas de los comandantes. Las niñas están particularmente expuestas a violencia sexual.

Human Rights Watch constató que las políticas y estrategias gubernamentales para prevenir el reclutamiento de niños y niñas, protegerlos, rescatarlos de los grupos armados, y garantizar la recuperación y reintegración de los desvinculados, presentan graves deficiencias.

La Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), aprobada en 2018, está desactualizada y carece de un plan de acción claro y de un presupuesto específico. El organismo encargado de coordinar la respuesta del gobierno—la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA)—carece de capacidad de ejecución y de los recursos necesarios para implementar la política a nivel local. Otras iniciativas del gobierno tienen un alcance demasiado limitado y no logran hacer frente a la magnitud creciente del problema.

Las autoridades departamentales y municipales enfrentan limitaciones presupuestales y de capacidad que dejan a muchos niños y niñas sin protección.

Los esfuerzos del gobierno por la recuperación y reintegración de los niños y niñas desvinculados no se han adaptado a las nuevas realidades de la violencia en Colombia y dan un trato desigual a los niños y niñas según la naturaleza del grupo armado que los victimiza. Los que son reclutados por grupos considerados partes del conflicto armado ingresan a un programa especializado y tienen derecho a recibir reparaciones, mientras que los que han sido utilizados por grupos delictivos organizados—que no son partes del conflicto armado—pueden ser procesados penalmente o enviados a un programa común para todos los niños y niñas víctimas de cualquier forma de abuso.

Ante la falta de mecanismos estatales eficaces, organizaciones comunitarias locales, como las guardias indígenas, han asumido un papel fundamental en la protección y el apoyo a los niños, niñas y adolescentes, incluido su rescate de los grupos armados. Esta labor los expone a graves riesgos y algunos de sus integrantes han sido asesinados en represalia.

El sistema de justicia le ha fallado casi por completo a las víctimas. En la última década, aproximadamente el 1 % de las denuncias por reclutamiento ha dado lugar a una investigación penal, y solo el 0,2 % ha resultado en una condena, en su mayoría de autores materiales y no máximos responsables.

El gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella debería adoptar una política integral de seguridad y justicia para poner fin a estas graves violaciones a los derechos humanos, señala Human Rights Watch.

El gobierno debe asegurarse de que las instituciones a cargo de prevenir y responder al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente a nivel municipal, cuenten con suficientes recursos y personal. Es fundamental que el gobierno también apoye y colabore con los organizaciones indígenas y otros líderes comunitarios para proteger a los niños y niñas en todo el país.

Las plataformas de redes sociales deben llevar a cabo procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, evaluar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los riesgos que sus sistemas puedan generar para el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.

“Para detener el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se necesitará bastante más que soldados en terreno”, dijo Goebertus. “Los niños y niñas en riesgo de ser reclutados necesitan oportunidades para estudiar y construir un proyecto de vida”. (Información directa de Human Rights Watch).