–La Procuraduría General de la Nación sostuvo una mesa técnica con Empresas Públicas de Medellín, EPM, para revisar los principales riesgos que enfrenta el sistema eléctrico ante la disminución de caudales, las altas temperaturas y la posible intensificación del fenómeno de El Niño. Durante el encuentro se analizaron medidas inmediatas para proteger la continuidad del servicio, la sostenibilidad financiera de las empresas y el impacto que una mayor exposición al mercado de energía podría generar sobre las tarifas de los usuarios.

La Procuraduría advirtió que la situación energética no responde únicamente a las condiciones climáticas actuales, sino también a dificultades estructurales que se han acumulado en el sector, entre ellas la insuficiente entrada de nueva generación, las restricciones para el desarrollo de proyectos, la dependencia de combustibles más costosos y las dificultades financieras de algunas empresas. Por esta razón, planteó diferenciar las acciones urgentes para afrontar El Niño de las reformas regulatorias, normativas y de planeación que deberán adelantarse en el mediano y largo plazo.

EPM presentó alternativas dirigidas a reducir los riesgos de racionamiento y contener los efectos financieros y tarifarios derivados del incremento de los precios de la energía. La Procuraduría solicitó que estas propuestas sean analizadas por las autoridades competentes dentro de la mesa integral del sector energético, con criterios técnicos, financieros, ambientales y sociales, particularmente frente a las condiciones de los usuarios de las regiones con mayores dificultades de pago.

Durante la reunión, también se revisó la operación del embalse de Hidroituango y la posibilidad de elevar gradualmente su nivel para contar con una mayor reserva de agua y capacidad de generación durante los meses de menor disponibilidad hídrica. EPM informó que adelanta gestiones ante la autoridad ambiental para compatibilizar este proceso con la remoción de cobertura vegetal y las obligaciones previstas en la licencia ambiental. La Procuraduría realizará seguimiento a esta actuación y requerirá información sobre las decisiones que se adopten, especialmente frente a la protección ambiental, el manejo del riesgo y la seguridad de la infraestructura.

La entidad mantendrá el seguimiento preventivo a los embalses, los niveles de generación, la situación financiera de los agentes y las medidas previstas para enfrentar El Niño. El propósito es anticipar riesgos que puedan comprometer la confiabilidad del sistema eléctrico y promover una actuación coordinada de las autoridades y empresas competentes, sin sustituir sus competencias técnicas, regulatorias o administrativas.

Procuraduría refuerza vigilancia preventiva sobre seguridad energética y riesgos de abastecimiento

De otro lado, la Procuraduría General de la Nación reportó que también sostuvo una reunión técnica con representantes de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), en el marco del seguimiento preventivo que adelanta frente a los riesgos que pueden afectar la seguridad y el abastecimiento energético del país. Durante el encuentro se revisó la situación actual de la oferta de gas natural, la producción de hidrocarburos, el abastecimiento de combustibles líquidos y los posibles efectos fiscales derivados de una reducción sostenida de la producción nacional.

Los representantes de la ACP expusieron sus estimaciones sobre el déficit proyectado de gas, el aumento de las importaciones y la necesidad de contar con alternativas que permitan recuperar progresivamente la autosuficiencia. Dentro de las opciones planteadas se abordó el eventual desarrollo de yacimientos no convencionales, así como los requerimientos técnicos, ambientales, regulatorios, sociales y de infraestructura que tendría una decisión de esta naturaleza.

La Procuraduría señaló que cualquier alternativa dirigida a fortalecer la seguridad energética deberá desarrollarse con estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, garantizando la protección del ambiente, el recurso hídrico, la participación de las comunidades, la consulta previa cuando corresponda y la aplicación de los instrumentos de evaluación y seguimiento ambiental. La entidad analizará técnicamente la información suministrada y formulará las observaciones preventivas que resulten procedentes dentro del ámbito de sus competencias.

Durante la reunión también se revisaron los procesos judiciales actualmente relacionados con los yacimientos no convencionales y los posibles riesgos jurídicos asociados a la expedición de nuevas decisiones administrativas. Como parte de las propuestas examinadas se planteó retomar un mecanismo independiente de transparencia y seguimiento que permita publicar información sobre calidad y uso del agua, sismicidad, condiciones ambientales y demás variables asociadas a los proyectos.