El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, declaró este jueves la calamidad pública departamental en el Tolima con el objetivo de adoptar medidas urgentes y extraordinarias ante la grave emergencia generada por los incendios forestales que azotan la región. La decisión fue anunciada durante un Puesto de Mando Unificado liderado por el mandatario, quien busca coordinar desde el orden nacional una respuesta integral frente a la magnitud del desastre ambiental y económico que enfrenta el departamento.

Las llamas han dejado un panorama desolador, consumiendo más de 50.000 hectáreas de terreno. De esta cifra, alrededor de 28.000 hectáreas corresponden a áreas agropecuarias, lo que ha impactado directamente a más de 2.800 productores y ha generado millonarias pérdidas. Además, la emergencia pone en grave riesgo a más de 163.000 animales debido a la escasez de agua y alimento, sumando severas afectaciones en decenas de municipios y veredas que ya venían golpeadas por los daños estructurales de un reciente movimiento telúrico.

Para mitigar la crisis, el Gobierno Nacional anunció un robusto plan de recuperación enfocado en la productividad y la seguridad alimentaria. Entre las medidas destacan la entrega de 343 subsidios para vivienda rural, la distribución de miles de toneladas de heno y tamo de arroz, y la destinación de 7.000 millones de pesos para reactivar proyectos productivos. Asimismo, se congelará por tres meses la amortización de créditos agropecuarios para aliviar la carga económica de los campesinos y se implementará la estrategia «Tolima Verde Renace» enfocada en la restauración ecológica a largo plazo.

En cuanto al origen de las conflagraciones, los informes técnicos señalan la hipótesis de que gran parte de los focos habrían sido provocados de manera intencional. Ante esto, el jefe de Estado ordenó la conformación de un grupo élite de inteligencia para identificar y judicializar a los supuestos responsables. Para incentivar la colaboración ciudadana, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los presuntos implicados en la quema de estos ecosistemas.

La atención de la emergencia requiere un esfuerzo sostenido, por lo que las labores de mitigación continuarán articuladas entre la Nación, la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos de socorro. Paralelamente, se implementará un esquema de protección especial para los alcaldes locales que han recibido amenazas en medio de la crisis, garantizando así la institucionalidad y el acopio de ayudas humanitarias para la población civil hasta que se apague la última llama.