El Gobierno nacional, en encabeza del presidente Abelardo de la Espriella, tomó la decisión de derogar la normativa que mantenía suspendida la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos en Colombia. La medida, que marca un giro drástico en la política antidrogas del país, se adoptó con el propósito de endurecer la lucha contra el narcotráfico y dar cumplimiento a una de las principales promesas de su campaña electoral, bajo la premisa de atacar frontalmente las finanzas de las redes ilegales.

La resolución derogada estaba vigente desde el año 2015, momento en el cual la administración de turno decidió frenar el uso generalizado de este herbicida. Posteriormente, en 2017, la Corte Constitucional emitió directrices estrictas y ratificó las suspensiones argumentando los severos riesgos que el químico representaba tanto para la salud humana como para el medio ambiente. En su momento, los fallos judiciales se basaron en advertencias de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que catalogaron al glifosato como un químico con altas probabilidades de ser cancerígeno.

A pesar de la contundencia de esta nueva directriz, el documento oficial emitido por el actual Gobierno deja claro que la reanudación de los vuelos de fumigación no será inmediata. El texto del decreto establece puntualmente que la simple derogatoria «no implica la reanudación automática» del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión. Esto significa que las autoridades competentes deberán diseñar primero los nuevos protocolos de intervención operativa y ambiental antes de que las aeronaves vuelvan a rociar las áreas afectadas.

Durante su discurso de posesión, el presidente De la Espriella había sido enfático en su estrategia de seguridad, asegurando que su administración erradicaría los cultivos ilícitos «por todas las vías» posibles. Para intentar mitigar las críticas ambientales y de salud pública, el mandatario prometió la utilización de herbicidas de última generación que, según su equipo de gobierno, no causan daños al medioambiente ni a la salud humana de las comunidades que habitan cerca de las zonas de siembra.

Sin embargo, el anuncio ya ha comenzado a generar un intenso debate en los sectores políticos, ambientales y sociales del territorio nacional. Diversos expertos e investigaciones académicas han advertido históricamente que la fumigación aérea genera graves consecuencias, como la aceleración de la deforestación, la destrucción de larvas de abejas y afecciones físicas en animales domésticos. Mientras tanto, las organizaciones campesinas y los presuntos afectados por aspersiones irregulares en el pasado se mantienen a la expectativa frente al inminente reinicio de una de las prácticas más polémicas en la historia reciente del país.