El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, acudió este viernes a las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para rendir una indagatoria oficial. El exmandatario fue citado por la justicia para responder por su presunta vinculación con las masacres de El Aro y La Granja, así como por el supuesto homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Esta diligencia judicial se lleva a cabo para que el político antioqueño rinda su versión libre sobre estos graves hechos de violencia y la presunta creación del Bloque Metro, permitiendo avanzar en la recolección de testimonios y pruebas dentro del proceso.

Previo a su ingreso a la sede judicial, el investigado emitió un extenso comunicado público en el que cuestionó la naturaleza del proceso penal en su contra. A través del documento, el exjefe de Estado expresó sentir tristeza por tener que asistir a esta diligencia, pero aclaró que acudía por un profundo respeto a la Constitución, a su familia y a las instituciones del país. “Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”, afirmó de manera tajante, defendiendo su trayectoria pública de lo que él considera múltiples estigmatizaciones.

En el centro del debate judicial se investiga la presunta responsabilidad del exmandatario en la conformación de grupos paramilitares en la hacienda Guacharacas y su posible nivel de omisión o injerencia mientras ejercía el cargo de gobernador de Antioquia en los años 90. No obstante, en acato riguroso a la ley, es fundamental subrayar el principio de la presunción de inocencia; el expresidente debe ser considerado inocente frente a la sociedad y los medios de comunicación, pues su nivel de culpabilidad únicamente podrá ser determinado por la sentencia judicial en firme de un juez de la República tras agotar todas las instancias legales.

Durante su declaración pública, el presunto implicado también lanzó críticas de corte político, sugiriendo que detrás de estas acusaciones penales persisten fuertes motivaciones de sus adversarios. Uribe hizo alusión directa al actual gobierno, asegurando que gran parte de esta actuación judicial está impulsada por los señalamientos previos del presidente Gustavo Petro, con el fin de sembrar desconfianza en su movimiento político. Pese a cuestionar el origen de las denuncias, Uribe enfatizó que exige para su proceso las mismas garantías constitucionales y de defensa que reclamaría para cualquier otro ciudadano del país.

El llamado a esta indagatoria judicial marca un punto crucial en el expediente que se tramita bajo la Ley 600, y se produce tan solo un día después de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso rindiera una extensa declaración juramentada ante el mismo despacho. Por ahora, el avance de las pesquisas y la contrastación de las pruebas determinarán el rumbo legal del proceso, mientras la defensa intentará desvirtuar las hipótesis de los fiscales asignados y el país permanece a la expectativa del desarrollo judicial de uno de sus líderes políticos más influyentes.