El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó este jueves la suspensión provisional de los convenios interadministrativos creados para la expedición de pasaportes en Colombia, tras negar contundentemente las solicitudes de aclaración presentadas por las entidades gubernamentales. Esta decisión judicial mantiene frenado el nuevo modelo de emisión del documento de viaje internacional, impulsado durante los últimos años, debido a supuestas irregularidades en la planeación técnica y a un presunto riesgo de detrimento del patrimonio público en la ejecución de los contratos.

La negativa de la corporación judicial afecta de forma directa la viabilidad de los convenios celebrados entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Imprenta Nacional de Colombia, esquema que también contemplaba la participación directa de la Casa da Moeda de Portugal. Las solicitudes de aclaración habían sido interpuestas por estas instituciones con la esperanza de destrabar los acuerdos operativos. No obstante, los magistrados consideraron que las serias dudas existentes sobre la seguridad de la información y la estructuración de costos justifican mantener los procesos congelados hasta que se rinda un informe transparente.

Entre los argumentos principales de las autoridades judiciales, destaca la presunta falta de aval financiero por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). Las investigaciones preliminares señalan que los contratos habrían comprometido recursos estatales hasta el año 2036 sin contar con las autorizaciones de la máxima autoridad coordinadora del sistema presupuestal nacional. A esto se le suman supuestas cláusulas que permitían la vinculación discrecional de terceros, lo que encendió las alertas de los entes de control respecto a quién custodiaría verdaderamente los datos biométricos y personales de los ciudadanos.

A pesar de la gravedad institucional de esta medida y de la incertidumbre burocrática sobre quién asumirá finalmente la impresión total de las libretas, los ciudadanos pueden tener un parte de tranquilidad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue enfático en ordenar, a través de una medida cautelar, que ninguna de las entidades involucradas puede permitir que los inconvenientes legales afecten al usuario final. La providencia exige garantizar una prestación del servicio público continua, regular e ininterrumpida, obligando a las autoridades a mantener operativas las sedes y el agendamiento diario.

Mientras la Cancillería y la Imprenta Nacional trabajan contrarreloj para cumplir con la orden judicial de entregar informes técnicos y financieros detallados, la logística actual sigue sosteniéndose en su mayor parte por el modelo anterior. Debido a la fallida transición, la empresa privada encargada históricamente de la elaboración del documento continúa procesando más del 60 % de los pasaportes nacionales, a la espera de que el Consejo de Estado y otras altas cortes emitan fallos definitivos sobre la legalidad de los multimillonarios convenios suspendidos.