El Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia, Iván Cancino, presentó este martes en Colombia los detalles de la nueva ley de sometimiento dirigida a estructuras criminales. La iniciativa, que contempla rebajas de pena de hasta el 50 % y descarta de manera definitiva otorgar cualquier estatus político, busca lograr la desarticulación de las grandes redes delincuenciales a cambio de verdad, reparación a las víctimas y el cese absoluto de sus actividades ilícitas.

Para acceder a estos beneficios jurídicos, los presuntos miembros de estos grupos armados deberán cumplir exigencias estrictas e innegociables ante el Estado. El jefe de la cartera de Justicia subrayó que los postulados tendrán que aportar significativamente en procesos de desarme, desmovilización y sustitución de cultivos ilícitos. Adicionalmente, será un requisito prioritario la entrega de información precisa que permita dar con el paradero de personas desaparecidas y rescatar a víctimas de secuestro.

Uno de los pilares más relevantes del proyecto de sometimiento a la justicia es la exigencia de destapar las redes de corrupción y sus nexos electorales. Los supuestos integrantes de estas organizaciones están obligados a revelar cómo operaban sus alianzas con funcionarios públicos y dirigentes políticos. Según precisó el ministro Cancino, sin este aporte a la verdad institucional, será prácticamente imposible que la justicia apruebe los beneficios penales. «Cero estatus político, no hay espacio para negociaciones. Es un tema jurídico, no político», enfatizó el alto funcionario.

En lo que respecta a los beneficios carcelarios, las reducciones de condena se aplicarán de forma escalonada según el nivel de responsabilidad dentro de la jerarquía. Los presuntos cabecillas y quienes hayan ejercido posiciones de mando superior solo podrán aspirar a una reducción máxima del 30 % de su condena. En contraste, para los demás supuestos integrantes de la base delincuencial, el beneficio podrá alcanzar hasta el 50 % de descuento punitivo. Cabe destacar que las víctimas tendrán un rol central y vinculante para avalar que la reparación recibida sea proporcional a estos beneficios.

Finalmente, el Gobierno trazó líneas rojas frente a los procedimientos operativos, para garantizar que no exista impunidad. La nueva legislación no suspenderá órdenes de captura vigentes ni detendrá los procesos de extradición solicitados por tribunales internacionales. Asimismo, se descartó de plano la adecuación de cárceles especiales; quienes ya se encuentren capturados no podrán ingresar en este mecanismo, y el Inpec continuará trasladando a los presuntos delincuentes de alto perfil a pabellones de máxima seguridad para evitar la coordinación de extorsiones desde los centros de reclusión.