–El Consejo Gremial afirmó que comparte el propósito de que el salario mínimo mejore el ingreso de los hogares, pero debe definirse con criterios técnicos, atendiendo los criterios que fija la ley, esto es, el IPC, la meta de inflación, la productividad y el comportamiento de la economía. «Un incremento que reconozca plenamente el IPC protege el poder adquisitivo de los trabajadores», precisó la organización empresarial en una declaración que emitió y en la cual expresa su apoyo a los esfuerzos del gobierno para ajustar las finanzas públicas.

Según el Consejo Gremial, los aumentos del ingreso mínimo que superan esos criterios abren una cadena de efectos. «El salario mínimo es la base de la pensión mínima y de buena parte de los aportes, de manera que el costo pensional sube en plena estrechez fiscal. La indexación traslada el aumento a la inflación del año siguiente y obliga a sostener altas las tasas de interés, precisa.

Advierte que esa cadena termina en la tasa de cambio. «El peso acumula desde finales de mayo la mayor apreciación de América Latina, 16,4 %, más de tres veces la del segundo país, y los exportadores están perdiendo margen y con él la capacidad de sostener los empleos que generan», puntualiza.

El Consejo Gremial Nacional reitera su disposición para trabajar con el Gobierno Nacional en el ajuste fiscal, aportando elementos técnicos para enriquecer el debate en los escenarios de discusión salarial, en particular, en la Comisión de Concertación de Política Salariales y Laborales; así como en el seguimiento cercano al impacto de éste entorno cambiario sobre el sector exportador quienes están perdiendo margen y con él, la capacidad de sostener los empleos que generan.

Afirma que unas finanzas públicas ordenadas devuelven la confianza, abaratan el crédito y le dan al país capacidad de crecer.

Señala que el desajuste fiscal que recibió este Gobierno genera desbalances internos que afectan la formación de los precios y las decisiones de ahorro e inversión de los agentes, y produce déficit de cuenta corriente y una sobreoferta de dólares que aprecia la moneda.

«Ese desequilibrio condiciona además la política monetaria para que sea menos expansiva o más contractiva, y en últimas desestimula la inversión y el desarrollo. Encontrar soluciones fiscales que mejoren el balance de la Nación contribuye también a disminuir el riesgo que se percibe de la economía colombiana», añade.

Subraya que las cifras explican la urgencia. El Marco Fiscal proyectaba un balance del Gobierno Nacional Central de -4,5 % del producto para 2027. El presupuesto reformulado lo sitúa en -9,4 %, y el ajuste de 2,2 puntos que propone el Ministerio de Hacienda lo devolvería a -7,2 %. Sin esa corrección, la deuda neta llegaría a 82 % del producto en 2030.

Un déficit de esa magnitud, advierte, presiona las tasas de interés y encarece la inversión, que cayó de 22,1 % del producto entre 2005 y 2019 a 17,5 0/0 entre 2020 y 2025.

Y concluye que un ajuste fiscal exitoso debe anclar la deuda pública en el nivel actual en el corto plazo y, a través del crecimiento y de una mayor confianza, llevar la deuda neta a niveles inferiores al 60 % del PIB antes de terminar el cuatrienio.