–La ofensiva contra los grupos armados y el narcotráfico, el posible regreso de las fumigaciones aéreas y las nuevas unidades de seguridad urbana pueden profundizar el perfilamiento racial, el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de los afrodescendientes en Colombia, advierten expertos de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU.

Aunque reconocen los graves desafíos de seguridad, sostienen que la respuesta del nuevo Gobierno debe evitar enfoques predominantemente punitivos y militarizados.

Según los expertos independientes de la ONU, las nuevas medidas de seguridad y lucha contra las drogas anunciadas por el Gobierno colombiano podrían profundizar patrones de discriminación racial y criminalización de las personas afrodescendientes.

Agregan que el racismo sistémico continúa arraigado en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y en el sistema de justicia penal. El informe señala que estereotipos que vinculan a las personas afrodescendientes, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad o la peligrosidad siguen influyendo en sus interacciones con la policía y en su acceso a la justicia.

La advertencia se produce después de que el nuevo Gobierno que asumió el 7 de agosto anunciara una respuesta más contundente frente a los grupos armados y el narcotráfico, así como una intensificación de la erradicación de cultivos ilícitos, que podría incluir el uso de herbicidas por vía aérea.

Los expertos señalan que un regreso a enfoques predominantemente punitivos y militarizados podría repetir impactos desproporcionados que, según documentan, han afectado históricamente a estas comunidades. Al mismo tiempo, reconocen que Colombia enfrenta serios problemas de violencia y crimen organizado.

“Las políticas de seguridad y drogas deben basarse en los derechos humanos y la salud pública, incorporar un enfoque étnico-racial y garantizar la participación significativa de las comunidades afectadas”, afirmó Víctor Rodríguez, miembro del Mecanismo Internacional que realizó el informe.

Durante su visita a Bogotá, Quibdó, Cartagena y Cali, el Mecanismo recibió testimonios sobre paradas y registros policiales que consideró injustificados, así como denuncias de uso excesivo y, en algunos casos, letal de la fuerza.

El informe cita además un estudio realizado en el sistema TransMilenio de Bogotá en 2019, según el cual una persona de piel más oscura tenía 2,67 veces más probabilidades de interactuar con la policía y 2,57 veces más probabilidades de ser detenida, registrada, multada o conducida a una zona restringida.

Los expertos también expresaron preocupación por la propuesta de crear “unidades de defensa de seguridad urbana”. Según el Mecanismo, sin salvaguardias jurídicas claras, supervisión independiente y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, esas unidades podrían aumentar los perfiles raciales, la estigmatización y la violencia policial contra jóvenes afrodescendientes y otras comunidades históricamente racializadas.

“Una actuación policial eficaz requiere decisiones basadas en evidencia, supervisión independiente y confianza. No puede construirse sobre estereotipos raciales”, afirmó Tracie Keesee, presidenta interina del Mecanismo.

Otra de las preocupaciones se refiere a los comparendos y las multas impuestas por la policía. El Mecanismo afirmó haber recibido denuncias sobre su aplicación arbitraria y discriminatoria, así como sobre la existencia de posibles cuotas informales para policías.

Según el informe, las deudas acumuladas por esas multas pueden dificultar el acceso al empleo y afectar especialmente a jóvenes afrocolombianos y personas en situación de desventaja socioeconómica. Por ello, los expertos recomendaron establecer una moratoria sobre los comparendos y las multas relacionadas mientras se revisa su impacto sobre los derechos humanos, además de condonar las multas pendientes.

El Mecanismo también documentó condiciones que calificó de extremadamente deficientes en centros de detención transitoria. Aunque esas instalaciones están destinadas a retener a personas durante un máximo de 36 horas, el informe señala que algunas permanecen allí durante meses o incluso años.

Durante una visita a un centro de Cartagena, los expertos observaron hacinamiento, falta de luz natural y ventilación, altas temperaturas y deficiencias en el acceso a atención médica, alimentos y productos de higiene. Datos citados en el informe indican que, a 21 de mayo, 17.932 personas se encontraban recluidas en calabozos policiales con capacidad para 8.742.

En materia de drogas, los expertos expresaron especial preocupación ante una posible reanudación de las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos. El Mecanismo dijo haber recibido información según la cual estas operaciones tuvieron en el pasado efectos desproporcionados sobre comunidades afrocolombianas, incluidos daños a cultivos de subsistencia, fuentes de agua, medios de vida y salud.

Al mismo tiempo, el informe valoró positivamente la Política Nacional de Drogas 2023–2033, adoptada bajo el Gobierno anterior, por su énfasis en los derechos humanos frente a enfoques predominantemente punitivos. Los expertos señalaron, no obstante, que su impacto dependerá de que incorpore una perspectiva étnica y racial, participación comunitaria y garantías de seguridad.

El Mecanismo también reconoció medidas adoptadas por Colombia en los últimos años para reconocer el racismo estructural, mejorar la gestión de las manifestaciones y avanzar en iniciativas de memoria histórica y justicia reparadora.

Entre sus recomendaciones, pidió eliminar los perfiles raciales, fortalecer la supervisión independiente de la policía, recopilar datos desglosados por raza y origen étnico y abordar urgentemente las condiciones en los centros de detención transitoria.

Los expertos instaron al nuevo Gobierno a utilizar las recomendaciones del informe como una hoja de ruta para evitar que las nuevas políticas de seguridad profundicen las desigualdades raciales existentes.

El informe será debatido públicamente en el Consejo de Derechos Humanos el 29 de septiembre.

Respuesta del Estado colombiano

En sus comentarios al informe, el Estado colombiano reafirmó su compromiso con la lucha contra la discriminación racial y sostuvo que la actuación de la Policía está regida por normas que prohíben el trato diferenciado por motivos raciales o étnicos. También destacó reformas institucionales, mecanismos de supervisión y programas de formación en derechos humanos orientados a prevenir la discriminación y fortalecer la rendición de cuentas.

Sobre algunas de las prácticas señaladas por los expertos, la Policía afirmó que las cuotas y los llamados “comparendos fantasmas” no constituyen una política institucional, que son contrarios a su doctrina y que, cuando se presentan, deben ser investigados disciplinariamente.

El Estado también señaló que comparte la preocupación por las condiciones en los centros de detención transitoria, aunque precisó que la Policía no es la autoridad penitenciaria y que la administración de los establecimientos de reclusión corresponde a otras instituciones.