–Según un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo sobre las dinámicas de movilidad humana en el territorio nacional, en agosto de 2026 se registraron 11 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 5.976 personas y nueve eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 6.201 personas. Estos hechos estuvieron asociados a los efectos derivados del conflicto armado interno.

Entre enero y agosto de 2026, la entidad documentó un total de 111 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 23.931 personas. En el mismo periodo, reportó 63 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad de 80.369 personas.

El Cauca, con más de 6.700 personas, fue el departamento con mayor número de personas afectadas por desplazamiento forzado. Le siguieron Norte de Santander, con más de 4.350 personas; Antioquia, con más de 3.150; Nariño, con más de 2.550, y Magdalena, con más de 1.900.

Durante los primeros ocho meses del año, el Chocó, con 15.641 personas, fue el departamento más afectado por el confinamiento. Le siguieron el Cauca, con 13.350 personas; Putumayo, con 12.646; Caquetá, con 11.651, y Bolívar, con 6.593.

En relación con los movimientos migratorios, el Boletín de Movilidad Humana evidencia que 69.072 migrantes estuvieron en tránsito irregular por el país entre enero y agosto de 2026. Esto representa una reducción del 39,1 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 113.338 personas migrantes. En su mayoría, estas personas provienen de Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Perú.

Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría recomienda al Gobierno nacional y a las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) revisar y ajustar los procedimientos establecidos para la atención de emergencias por desplazamiento forzado y confinamiento.

El propósito es reducir las barreras y cargas administrativas que retrasan la respuesta institucional, priorizar la urgencia humanitaria y garantizar de manera efectiva los derechos de las comunidades afectadas.