La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relatoría especial (Redesca) emitieron una alerta urgente sobre las graves barreras en la entrega de asistencia a los damnificados del reciente sismo en Colombia. Los organismos internacionales advirtieron que, debido a falencias logísticas institucionales, la falta de servicios públicos esenciales y la presunta injerencia de actores armados en los territorios, las ayudas humanitarias no están llegando equitativamente a las zonas rurales y apartadas, situación que amenaza con agudizar las brechas sociales en el país.

A casi dos meses del devastador movimiento telúrico ocurrido el pasado 10 de agosto, el panorama de estabilización y reconstrucción sigue representando un desafío monumental para el Estado. De acuerdo con los balances oficiales citados por los entes de derechos humanos, la tragedia dejó 331 personas fallecidas, más de 4.500 heridos y al menos 466.709 afectados en 16 departamentos. A esto se suma la pérdida masiva de infraestructura, con más de 36.000 viviendas completamente destruidas, lo que ha obligado a miles de familias a sobrevivir en refugios temporales o asentamientos improvisados sin garantía de agua potable, saneamiento o atención en salud mental.

La situación resulta particularmente crítica en territorios alejados donde la escasa o nula presencia institucional ha obstaculizado la actualización de los censos de damnificados. En departamentos como el Chocó, la carencia histórica de conectividad a internet y suministro de energía eléctrica impide registrar adecuadamente a las víctimas, especialmente a aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes. La CIDH subrayó que la falta de un enfoque diferencial y étnico en la recolección de estos datos podría terminar excluyendo a estas poblaciones de los programas de alivio y subsidios gubernamentales.

A las barreras geográficas y tecnológicas se suma el complejo entorno de orden público y las emergencias climáticas simultáneas. El acceso de las misiones de socorro se ha visto presuntamente bloqueado en zonas como la subregión del San Juan por las acciones de supuestos grupos armados al margen de la ley. De forma paralela, fenómenos como El Niño han desatado graves incendios forestales en regiones como el Tolima, agotando rápidamente los recursos operativos de los organismos de emergencia. Asimismo, la crisis ha golpeado fuertemente al sector educativo, dejando a más de un millón de estudiantes bajo el riesgo de deserción por los daños en la infraestructura escolar y la imposibilidad técnica de recibir clases a distancia.

Frente a esta emergencia múltiple, la administración del presidente Abelardo de la Espriella ha puesto en marcha el «Plan Milagro», una ambiciosa estrategia de choque que busca inyectar recursos extraordinarios para la recuperación del país bajo el amparo de la declaratoria de Emergencia Económica. No obstante, la Comisión Interamericana instó al Gobierno a garantizar que el manejo de estos fondos se ejecute con absoluta transparencia y en coordinación con los liderazgos y autoridades locales. Finalmente, recalcaron que todas las medidas de excepción deben ser estrictamente temporales y respetar en todo momento los principios democráticos y el Estado de derecho.