–En desarrollo de una indagación que se sigue por posibles hechos de corrupción en varias entidades del orden nacional, la Fiscalía General de la Nación había citado para este miércoles a las 9:30 de la mañana, a Eva Ferrer Galcerán. Sin embargo, la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación en el Gobierno de Gustavo Petro, no se presentó. Su abogado, Jhony Batalla Mena, quien se presentó en el bunker a la hora programada, indicó que la exfuncionaria se encuentra en Barcelona, España, y condicionó su comparecencia a que se le garantice un esquema de protección para retornar al territorio colombiano porque teme por su vida.

Esta es la tercera convocatoria de la Fiscalía que la exfuncionaria incumple. Las dos citaciones anteriores, que se programaron para el 27 de agosto y el 29 de septiembre pasados, no se materializaron por su inasistencia. En ese sentido, la Dirección Especializada contra la Corrupción indicó que impulsó múltiples actividades de policía judicial, a las cuales se suma ahora el análisis de los recientes señalamientos públicos de Ferrer Galcerán.

El hecho es que Eva Ferrer hizo graves denuncias contra la ex primera dama Verónica Alcocer, al involucrarla en una presunta red de tráfico de drogas y de dinero entre Colombia y Venezuela. En declaraciones a medios nacionales, afirmó que habrían fotografías en las que se ve a Verónica Alcocer descendiendo de una aeronave oficial con maletas que contendrían droga. Además citó específicamente un viaje a Venezuela en enero de 2023, cuando se habrían transportado 2,5 millones de dólares de regreso a Colombia en el avión oficial de la primera dama.

De otro lado, respecto a las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y exgerente del Fondo Adaptación, Angie Liset Rodríguez Fajardo, la Fiscalía indicó que la Dirección Especializada contra la Corrupción avanza en una indagación.

La Fiscalía señaló que como parte de los actos investigativos, ha escuchado en dos oportunidades a la exfuncionaria y adelanta labores de verificación para identificar conductas que puedan constituirse en delito y, de ser el caso, proceder a la judicialización de los presuntos responsables.

Angie Rodríguez afirmó en medios que “todo lo que narró Eva es cierto», en referencia a sus denuncias. Además afirmó que en dos ocasiones la entonces primera dama intentó agredirla. «En una de esas ocasiones estuvo presente la entonces ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y se puso a llorar”, afirmó.

La Procuraduría General de la Nación también llamó a Eva Ferrer y a otras 5 personas a declarar a propósito de las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en que habrían incurrido varios servidores públicos.

Además de Ferrer, también tendrán que declarar bajo la gravedad de juramento, esta misma causa, Angie Rodríguez, y los siguientes exfuncionarios de la administración de Petro: Carmen Caballero, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.

El auto mediante el cual se llama a declarar a las anteriores personas ordena a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practicar las pruebas para establecer los hechos denunciados en la publicación.

Esta diligencia se da en el marco de una investigación que la Procuraduría ya había abierto con base en otras publicaciones de la misma revista en que Ferrer hizo señalamientos sobre presuntos actos de corrupción de servidores públicos.?

Igualmente, la Procuraduría General de la Nación anunció que profirió un segundo auto a propósito de las denuncias públicas formuladas por Eva Ferrer Galcerán en relación con posibles hechos irregulares y/ o de corrupción que podrían haberse cometido con aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana -FAC-.

Por esos hechos, el órgano de control abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la FAC y del Departamento Administrativo de la Presidencia -Dapre-.

Con la apertura de la indagación, la Procuraduría busca identificar plenamente a los presuntos infractores de la conducta y practicar las pruebas que permitan establecer “si los hechos existieron y tienen relevancia en el ámbito del derecho disciplinario”.